Piden reclusión perpetua para Basualdo

La fiscalía pidió para Fermín Eleodoro Basualdo la pena de reclusión perpetua e inhabilitación por considerarlo responsable del delito de imposición de torturas seguida de muerte y homicidio agravado por alevosía y ensañamiento a Emilio Blanco, a lo que adhirió el abogado de la familia Blanco. La extensa jornada, que comenzó con una declaración del imputado y finalizó con unas palabras de Mónica y Elías Blanco, pasó a cuarto intermedio para el próximo martes, cuando será el turno de alegar de la defensa.

El fiscal Diego Escoda estableció que Emilio fue interceptado a pocas cuadras de su casa, presumiblemente frente a la escuela número 1, y de allí llevado a la comisaría por Basualdo, en ese momento jefe de calle de la Comisaría primera, junto con otros funcionarios policiales. En la dependencia, se lo torturó hasta morir. A partir de allí, se organizó un plan para abandonar el cadáver junto a las vías y ocultar el crimen.

Escoda citó como similares a esta situación los casos de Miguel Bru, Walter Bulacio, Maximiliano Kosteski, Darío Santillán y, en Dolores, el caso Romero, todos víctimas del accionar policial.

Descartó enfáticamente la hipótesis del accidente ferroviario, a partir de los testimonios de los diferentes peritos que comparecieron en las numerosas jornadas que se fueron sucediendo. Habló de las graves heridas que presentaba el cuerpo, de la ausencia de sangre en el lugar donde fue encontrado y en la limpieza y orden de su vestimenta.

 En el momento y el lugar equivocado

Emilio Blanco fue interceptado por Basualdo y otros policías, luego de que, en una recorrida hallaran una moto robada  y empezaron a buscar culpables de ese delito. Justo en esos momentos, Emilio transitaba por las cercanías, sin documentos, con poca plata y una linterna: el sospechoso justo, en el marco  de una metodología propia de la policía del momento que  terminó por “convertir a la guardia policial en una guarida policial, a los detenidos en rehenes y a la cadena de mandos en una cadena de complicidades”.

El abogado de la familia, Gustavo López, por su parte, sostuvo que  “sólo las personas que tenían el poder real en 1997 fueron capaces de generar acciones para desviar la investigación”.  Habló de la “doctrina de la interceptación e identificación violenta” con la que se aprovechaba la policía de menores y de personas vulnerables y que Emilio fue víctima de esa violencia policial.

Consideró que con certeza no hay en el juicio “ninguna probanza plena de que fue un accidente ferroviario” y que “varias personas han declarado en forma mendaz para entorpecer la investigación y todas están relacionadas con Basualdo”. 

López dijo, respondiendo al defensor Mauricio Armagno, quien había dicho que “la iglesia católica, el intendente y la UCR de Chascomús han decidido que Basualdo es culpable”, sostuvo que “represento a las personas que respetan los derechos”. Agregó que “a esta parte se la ha afrentado y agraviado como pocas veces se ha visto”.