Aquella intervención al Colegio Nacional

Por Gabriela Urrutibehety
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“Fui consciente de la gravedad de la situación cuando una persona de Dolores, aparentemente relacionada con los servicios de inteligencia, me dijo que tuviera cuidado, ya que estábamos incluidos en una lista negra”. Susana Iturralde era vicerrectora del Colegio Nacional de Dolores y la situación que describe, sin que treinta años le hayan quitado el sentimiento angustioso, es la intervención de ese establecimiento educativo, producida en octubre de 1980.

La lista negra, por otra parte, está ahora sobre la mesa junto a la que ambas conversamos. Está escrita a máquina y la carátula lleva el membrete: “Policía de la Provincia de Buenos Aires. Central de Inteligencia”. Dice también: “Archivo y fichero. Mesa ‘A’”. Además, con burocrática prolijidad, se lee: “Colegio Nacional de Dolores. Estudiantil Registro Nº 3”. Hay en ellas 37 nombres y el informe –sin firma– de un espía que tiene un párrafo amenazador: “El establecimiento cuenta en la actualidad con 81 profesores, habiendo sido afectados la cantidad antes anunciada, estos últimos con la asesoría legal de profesionales privados iniciarán su descargo, tratando de esta manera de evitar la suspensión que de seguro les correspondería de acuerdo a versiones circulantes”. La connotación que la palabra “suspensión” podía tener hace 30 años era muy distinta a la actual.

EL COMIENZO
@bloqueD@Testigos silenciosos de la charla entre Iturralde y ENTRELÍNEAS.INFO son los cuatro cuerpos del expediente 26.352/80 del ministerio de Cultura y Educación. Susana Iturralde recuerda el inicio de la situación: un alumno comete “una barrabasada” y se le aplica una cantidad de amonestaciones que implican su expulsión. Ante esto, “el padre del alumno, un abogado muy prestigioso, protestó ante el Ministerio. Entonces recibimos una llamada telefónica que nos exigía su reincorporación”.

El informe de la inteligencia policial lo corrobora. Recuerda el memorando Nº 24 del 26 de febrero de 1980 en el que se menciona la intervención ocasionada por la expulsión del alumno de tercer año, Daniel Uriarte, “cuyo padre abogado del foro dolorense interpuso recurso jerárquico al Sr. ministro de Educación, Dr. Rafael Llerena Amadeo, consiguiendo su reincorporación y por ende la disconformidad del plantel de profesores, que vieron menoscabada su autoridad”.

Los profesores enviaron a las máximas autoridades educativas una nota en respaldo a quien había tomado la medida disciplinaria. Todos figuran en la lista negra. Treinta años después parece inconcebible la situación, pero el relato de Susana Iturralde ayuda a acercarse y entender ese tiempo en el que realmente vivimos en peligro.

EL MIEDO
El recuerdo comienza con la visita de un inspector de apellido Greco, quien le contó a Iturralde, entonces vicerrectora a cargo del Colegio (el rector estaba de vacaciones), que en su escuela había “profesores amorales”. Le mostró un expediente penal fotocopiado en Tribunales y amenazó con la intervención.

La segunda noticia sobre esa posibilidad la trajo César Vilgré Lamadrid, quien según testimonios que esta cronista recogió ya había desactivado una lista negra, confeccionada pocos días antes del 24 de marzo de 1976. Susana recuerda el momento. “Con esa generosidad y esa nobleza de alma que tenía, me llamó a El Castaño, donde vivía. Me dijo: ‘Tengo noticias de que va a ser intervenido el Colegio Nacional’. Le habían ofrecido la intervención, pero no había aceptado”.

Frente a los rumores –que ya no lo eran tanto– Iturralde y el rector Guillermo Chiavaro viajaron a reunirse con el director de Enseñanza Media. “Nos destrozaron, nos aniquilaron a palabras y a presión emocional”, recuerda de aquel encuentro. ¿Qué se les criticaba? “El cuestionamiento al poder. Habíamos levantado las voces contra el poder, contra la autoridad del ministerio de Educación y esa desobediencia nuestra había sido terrible”. El poder en los gestos. Iturralde cuenta que “en la rectoría, el interventor, Zarazaga Berenguer, la subinterventora, Kity Demarco, y el secretario, Luis Varela, nos obligaron a escuchar de pie el decreto de la intervención”.

De alguna manera, la alteración de los “mandos naturales” de una escuela de un pueblo de provincia puede actuar como metáfora de toda una época. Y los gestos –otra vez los gestos– lo corroboran: “Al principio parecía que la figura del interventor estaba en todas partes: bajaba al patio del Colegio con el sobretodo en los hombros y era como si su tamaño se duplicara. Estábamos todos muy asustados”.

El dato pequeño, menudo, permite tomar dimensión del autoritarismo omnipresente. “Para un 9 de julio, Belda Brand (la profesora de Plástica) había hecho un bellísimo dibujo con las cadenas rotas. Sin embargo, el interventor obligó a sacarlo”. O el discurso para un 12 de octubre por el que fue seriamente reprendida otra profesora: Martha Errendasoro, la madre de quien escribe esta crónica.

Mientras la vida transcurría –con todo lo que ya eso significaba– la ex vicerrectora recuerda. “Por mi cuñado Simón Lázara (dirigente socialista y uno de los fundadores de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos) tal vez tenía los ojos más abiertos y me daba cuenta de la gravedad de lo que ocurría. El resto quizás no lo veía con la misma dimensión. Con el tiempo todos tomamos la dimensión del caso”.

DESMESURAS
@bloqueD@Lo que en realidad podría no haber sido más que un asunto interno de un establecimiento educativo se transformó en un hecho político: participó el entonces intendente de Dolores, Pedro Macchi. El interventor, José María de Zarazaga Berenguer, fue bien recibido por buena parte de la sociedad: “Era un hombre tan rimbombante, que se dedicaba a la heráldica, que aparentemente era un intelectual, un pensador... Eso hizo que muchos se rindieran ante él. Es parte de la idiosincrasia de Dolores. Con el tiempo, su protagonismo fue menguando. De hecho, cuando se fue no lo despidió nadie”.

Al igual que lo que sucedió en Argentina, se le fue perdiendo el miedo al interventor. “Más allá de la imagen que él pretendía darnos acerca de su persona, fuimos viendo la del hombre pequeñito que era en realidad. Una vez que lo conocimos como persona le fuimos perdiendo el respeto”.

Sin embargo, Susana Iturralde cree que, además de la cuestión del alumno expulsado, la intervención también estuvo relacionada “con el expediente que Greco había fotocopiado en Tribunales y que después desapareció. Al desaparecer eso –que tenía que ver con gente de poder– los perejiles sufrimos todo el peso de la intervención. Había que justificarla, por eso aumentaron los cargos contra nosotros.”

Hablando de este tema Iturralde sintetiza con certeza lo que se vivió en épocas dictatoriales: “La autoridad iba indefectiblemente unida al miedo. Y el miedo te paraliza, te aprisiona. Eran las prisiones en las que todos estábamos metidos: el miedo a no sabíamos muy bien qué, porque no sabíamos cuáles podrían ser las consecuencias de tus actos”.

La llegada de la democracia también significó el epílogo de la cuestión. Cuenta Iturralde que una vez instalado Raúl Alfonsín en la Casa Rosada “hablé con Alfredo Bravo, que ocupaba un alto cargo en el ministerio de Educación, y Raúl Aragón, abogado vinculado a los derechos humanos. Y tal vez por eso, el expediente quedó ahí”.

Quedó ahí, con sus cuatro cuerpos y el informe de los servicios de inteligencia, testimonios ajados y polvorientos de los miedos, los peligros, las angustias que reclaman la memoria, precisamente, para quedarse ahí para siempre.