09 JAN 2017 - 13:45 |
Política
“Cotoco” se diferencia y apoya a quienes quieren bajar a la playa sin permiso
Los concejales Marcos García (Cambiemos) y “Pipo” Oliva (FR) apoyaron el reclamo en Nueva Atlantis de quienes reclaman por no poder ingresar a la bajada náutica al no tener el permiso de Prefectura. Jorge Fernández, asesor de “Cotoco”, había apoyado la ordenanza: “Si está prohibido, está prohibido”.
Los concejales Marcos García (Cambiemos) y Rubén “Pipo” Oliva (FR) se acercaron hasta Nueva Atlantis para apoyar el reclamo de los turistas que no pueden ingresar a la bajada náutica la cual sólo pueden atravesarla con el permiso correspondiente de Prefectura.
En un video que “Cotoco” García subió a su cuenta de Facebook, “Pipo” Oliva filma a García hablando con algunos turistas enojados por no poder bajar a la playa, al no tener el permiso correspondiente.
Lo llamativo es que el contador Jorge Fernández, influyente asesor de Marcos García, había salido a apoyar la negativa a bajar a la playa sin el permiso correspondiente. “Aquella ordenanza la volvería a apoyar. Si la legislación dice determinada cosa, hay que respetarla. Si está prohibido, está prohibido. De última, que presenten un proyecto para derogar la ordenanza”, dijo el “Conejo”.
“No es posible tener gente pernoctando y acampando si ningún servicio. Para eso están los camping, por ejemplo. No termino de entender el conflicto”, sostuvo Fernández. La idea de no dejar acceder a la playa a quienes no tengan permiso es avalada también por vecinos y comerciantes.
En 2004 el Concejo Deliberante de La Costa otorgó a una Iglesia local la explotación de la bajada náutica en cuestión, en Nueva Atlantis. La Prefectura Naval Argentina, con el apoyo de la Policía Bonaerense, sólo permite que bajen a la playa los vehículos rodantes.
El tema del ingreso de los vehículos a las playas es motivo de conflicto no sólo en el Partido de La Costa. Por ejemplo, hace unos días se conoció que en Uruguay el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente anunció que comenzará a fiscalizar la entrada con vehículos a las playas del país, que será penalizada con una multa de 23.000 pesos uruguayos (unos 800 dólares).
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