Tras el no del Senado, el Gobierno incluirá la despenalización del aborto en la reforma del Código Penal

Los pañuelos celestes y verdes identificaron a las dos posiciones sobre el aborto. A favor y en contra de la despenalización.

Tras el rechazo al aborto legal en el Senado, el Gobierno evalúa impulsar la despenalización de la mujer en la interrupción voluntaria del embarazo en el proyecto de reforma del Código Penal que enviará este mes al Congreso. 

De ese modo no habrá que esperar al próximo tratamiento con fecha incierta para avanzar en ese paso que en la Casa Rosada consideran menos controvertido, aunque la asistencia médica garantizada por parte del Estado quedaría limitada a los casos de violación y riesgo de vida de la mujer.

La despenalización, de todo modos, podría generar una nueva polémica y ya abrió un debate dentro del propio Gobierno. Según el proyecto de reforma de Código Penal que adelantó el diario Clarín, por ahora la despenalización queda a criterio de cada juez. 

Lo que se evalúa ahora, a la luz del debate, es si no hay que ir un paso más allá y directamente sacar el castigo para las mujeres. Esto impulsa, por caso, el ministro de Justicia, Germán Garavano.

Cómo sería la reforma del Código en este punto:
 
Para la reforma del Código, la comisión de expertos deja en manos del juez la posibilidad de despenalizar a la mujer -para la que se prevén de 1 a 3 años de prisión por abortar-, pero el Ministerio de Justicia buscaría que directamente quede sin sanción en la redacción. De ese modo el aborto seguiría configurado como un delito, aunque no habría pena para la mujer (se mantendrá para médicos, cirujanos, farmacéuticos, como en el actual Código). 

Eliminar el aborto del texto, la “opción de máxima” como calificó un integrante del Gabinete, quedó descartada: “Sería volver a generar una discusión muy fuerte. El consenso que vislumbramos en la sociedad e incluso en la Iglesia, aunque no lo expresen abiertamente, es que la mujer no sea penalizada. Es algo que todas las partes tolerarían”.

En esa reforma a su vez el Ejecutivo propondrá convertir en ley los pronunciamientos de la Corte Suprema en el fallo “F.A.L”, de 2012 y garantizar un protocolo de asistencia médica para los abortos producto de una violación o por riesgo de vida de la mujer. Un sector de los impulsores de la legalización exploraron llevar al recinto del Senado una iniciativa en esa línea, ante la perspectiva desfavorable en la previa.