Miércoles 20 de octubre de 2021
22 SEP 2021 - 10:01 | Política
Reclamos a Edenor y Edesur

Acuerdo lesivo para el Estado

El Ministerio de Economía declaró lesivo al interés general un convenio suscripto por el gobierno de Mauricio Macri con Edenor y Edesur, por el cual las distribuidoras  eléctricas recibieron ventajas económicas por parte del Estado, y ahora reclamará judicialmente la nulidad del acuerdo y la devolución de las sumas involucradas.

El Ministerio de Economía declaró lesivo al interés general un convenio suscripto por el gobierno de Mauricio Macri con Edenor y Edesur, por el cual las distribuidoras  eléctricas recibieron ventajas económicas por parte del Estado, y ahora reclamará judicialmente la nulidad del acuerdo y la devolución de las sumas involucradas.

Se trata del convenio denominado Acuerdo de Regularización de Obligaciones para la Transferencia de las Concesionarias a las Jurisdicciones Locales, suscripto el 10 de mayo de 2019 por las ex secretarías de Energía y de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico con Edenor y Edesur.

La decisión de Economía se plasmó en la Resolución 590/2021 publicada este martes en el Boletín Oficial, que asimismo instruyó a la Dirección de Asuntos Contenciosos de Energía a que "inicie acción judicial de lesividad contra Edenor y Edesur a fin de obtener la declaración judicial de nulidad del convenio y de los actos dictados en su consecuencia".

En 2018 se resolvió que Edenor y Edesur pasaran a depender de la provincia ý la ciudad de Buenos Aires. Dentro de ese proceso se suscribió un acuerdo con las distribuidoras para poner fin a una serie de disputas y obligaciones recíprocas generadas entre la suscripción de las actas acuerdo de renegociación contractual en 2006 y la revisión tarifaria Integral en 2017.

Sin embargo, ya con el recambio de gobierno, el Enre realizó una auditoría y determinó que el acuerdo de regularización "contiene vicios que acarrean su nulidad absoluta", por lo que ahora Economía lo declaró lesivo al interés general y volverá a reclamar multas y pagos pendientes a las distribuidoras, que, a su vez, volverán con sus propios reclamos al Estado.

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