26 AUG 2019 - 11:05 |
Sociedad
En Argentina se cometieron 155 femicidios durante los primeros 7 meses de 2019
Son datos relevados por el Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación. El 40% de los casos se dieron en la Provincia de Buenos Aires.
El 67% de los 155 femicidios ocurrieron en el domicilio de la víctima o en la vivienda que compartía con el asesino.
El trabajo, que puede verse completo haciendo click aquí, contiene la totalidad de casos relevados de asesinatos perpetradas por hombres por razones asociadas con su género, caratuladas como femicidio o por muerte dudosa bajo sospecha de femicidio : 131 fueron mujeres (niñas, adolescentes y/o adultas), 6 resultaron personas Trans, y 18 se los considera femicidios vinculados.
La franja etaria más afectada es la de 31 a 50 años, con 54 casos. Dentro del total de 23 víctimas menores de 18 años, se destacan 13 de menores de 11 años. Aunque resta determinar la edad del 16% de los victimarios, la mayor cantidad de casos fueron cometidos por hombres adultos, especialmente en la franja que va de los 31 a 50 años (al menos 57 casos).
Sobre la modalidad, 39 asesinatos fueron cometidos mediante el uso de armas de fuego, 38 por apuñalamiento, y un alto porcentaje de las víctimas fueron golpeadas o estranguladas. Y 49 de los 155 femicidios fueron obra de ex parejas, novios o ex novios de la persona asesinada.
La provincia en la que más casos se produjeron fue Buenos Aires, con un total de 62 en lo que va del año. Le siguen las provincias de Córdoba con 14; Santa Fe con 10; Tucumán con 9 y en Chaco 8.
En cuanto a las víctimas colaterales, se puede afirmar que 103 niños quedaron sin madre y 5 niños por nacer murieron durante el embarazo de su madre asesinada, a los que se suman 13 hijos sin datos de edad.
El Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación destaca como ejes de su trabajo para reducir esta problemática en todo el país: cumplimiento de la ley de Educación Sexual Integral (ESI); implementación de la Ley Micaela (capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas los funcionarios públicos); garantía del acceso a la Justicia por parte de las mujeres víctimas de violencia, a través de asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito; adopción rápida y eficiente de medidas cautelares (como el botón anti-pánico); disponibilidad de refugios y hogares para víctimas de violencia y agilización y cumplimiento de la Ley Brisa (reparación económica hacia los hijos de víctimas de femicidio).
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