El gobierno de Mauricio Macri decidió, mediante una resolución del Ministerio de Energía, eliminar la tarifa social que protegía a los consumidores del servicio eléctrico con mayor grado de vulnerabilidad. La medida -Resolución 122/2018- lleva la firma de Javier Iguacel y establece la eliminación del beneficio mediante su traspaso a las Provincias, dio a conocer el portal Infocielo.
Se trata de una medida complementaria del traspaso de las concesiones y, en los hechos, deja al 28% de los usuarios del Conurbano Bonaerense sin el beneficio, al menos hasta que el gobierno de María Eugenia Vidal, si así lo decide, instrumente una medida que significaría un desembolso extra de subsidios, más allá de los 25 mil millones que implica el traspaso del sistema de transporte interurbano, otro de los "regalos" que el acuerdo con el FMI le entregó a Buenos Aires.
La tarifa social protegía con descuentos de hasta el 40% a los usuarios que se encontraran dentro de un rango de consumo de entre 150 y 200 kw/h por mes. El problema es que, hoy, la normativa provincial cobija al 2% de los usuarios bajo ese régimen, aunque se calcula que uno de cada cuatro usuarios lo obtuvo.
En la resolución se expresa que “para la continuidad del beneficio de la Tarifa Social, resulta indispensable la contribución de las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el financiamiento de su aplicación en relación con los usuarios domiciliados en dichas jurisdicciones”.
La quita del beneficio será un impacto demoledor, que se sumará al aumento de tarifas previsto a partir de los consumos de septiembre, que promediará un 30% para los usuarios residenciales. Vale recordar que las distribuidoras del interior acumulan desde la llegada de Cambiemos al poder un 500% de aumento, en tanto que para el caso de la platense EDELAP, el porcentaje se acerca a 1.000. Sólo resta la firma del ministro de Infraestructura, Roberto Gigante, para que se sume un 30% más.
18 de agosto. Fue luego de una reunión del gabinete municipal, encabezado por el intendente Juan de Jesús, con el gerente general de la empresa, que informó que avanza con la revisión de los casos particulares sobre los que ya fueron realizados reclamos.
12 de agosto. El jefe comunal en uso de licencia y la intendenta interina fueron procesados por haber retenido documentos de votantes en los comicios de 2019, que ganaron por 50 votos. La Justicia comprobó que 19 personas no pudieron votar por la retención de documentos, pero sospechan que el número sería mayor.
11 de agosto. Desde diciembre de 2023, las tarifas eléctricas de EDEA acumulan aumentos que van del 480% al 620%, según la categoría de usuario. Un incremento que tiene su raíz en la profunda transformación de la política energética definida por el gobierno nacional: reducción de subsidios, recomposición del precio mayorista y mayor traslado del costo de la energía a los usuarios. Por qué no todos tuvieron el mismo aumento y cuánto se encareció la electricidad frente al resto de los precios.
07 de agosto. Luego de casi 12 horas de sesión, el proyecto de ley fue aprobada en general con 37 votos a favor y 33 en contra. Durante su tratamiento se eliminaron los capítulos referidos a la compra de tierras por parte de extranjeros y a los cambios vinculados a la Ley de Manejo del Fuego.
06 de agosto. El gobierno municipal del peronista de Juan Pablo García decidió denominarlo “Estadio Ciudad de Dolores”. “La iniciativa afecta principios básicos de convivencia democrática y respeto por las decisiones institucionales de la ciudad”, argumentaron los radicales dolorenses en un documento.
26 de julio. Cada 26 de julio se reconoce a los abuelos y abuelas por su rol fundamental en la familia.
15 de julio. Dolores registró el mayor incremento de los fondos provinciales entre los municipios de la Quinta Sección durante el período 2023-2026, con una suba del 6,54%. En la comparación entre 2025 y 2026, Lobería y Monte encabezaron los aumentos, mientras que Pinamar y Villa Gesell sufrieron las mayores reducciones.