Al igual que una barrera de futbolistas evitando que la pelota entre en el arco, los representantes de las cámaras inmobiliarias, de propietarios y de desarrolladores de viviendas, se mostraron -este martes, en una conferencia de prensa- dispuestos a resistir la polémica nueva ley de alquileres que impulsa el Gobierno. Aseguran que la ley, así como está escrita, traerá conflictividad entre inquilinos y propietarios y provocará un retiro masivo de propiedades en alquiler con el consiguiente aumento de los precios.
En la sede porteña de CUCICBA, el Colegio Profesional Inmobiliario, los empresarios se reunieron para advertir sobre "los efectos perjudiciales del proyecto" oficial, aprobado por la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados de la Nación.
Según Armando Pepe, presidente de esa institución, "la ley tiende a intentar solucionar el déficit habitacional con medidas muy populistas, pero que dañan profundamente la inversión y la confianza de los demás agentes económicos que participan en el mercado inmobiliario", explicó. Y advirtió que el tema puede llegar a judicializarse porque, si la ley es aprobada por el Congreso antes del 30 de noviembre, las cámaras están dispuestas a presentar un amparo y "llegar hasta la Corte Suprema si es necesario", dijo.
Otra voz que se sumó al reclamo fue la del presidente de la Cámara de Propietarios, Enrique Abatti, quien recordó que actualmente se está dando la rentabilidad histórica más baja en los alquileres, en el orden del 3% anual y que esta norma solo agudizará el déficit habitacional, dado que "se van a retirar los inmuebles de la oferta", dijo.
Según datos de la inmobiliaria Properati, desde agosto del año pasado hasta ahora, cayó un 25% la oferta de inmuebles en alquiler. A pesar de que, los precios de las locaciones, en Capital Federal, aumentaron un 38% en el mismo lapso.
Entre los desarrolladores presentes, Damian Tabakman (CEDU), destacó que estas reglas desincentivan a las inversiones que apuntan a comprar viviendas para ponerlas en alquiler. Y en el mismo sentido, Miguel Camps, de la Asociacion Empresarios de la Vivienda (AEV) coincidió: "resulta evidente que con este clima de inseguridad jurídica y económica, se va a retraer mucho el inversor", dijo.
El lunes a la tarde, Armando Pepe y Alejandro Bennazar, titular de la Cámara Inmobiliaria, fueron convocados a la Cámara de Diputados, a una reunión con el diputado nacional Daniel Lipovetsky y el secretario de la Vivienda de la Ciudad, Iván Kerr. Según Pepe, los funcionarios tomaron nota de los reclamos pero no ofrecieron respuestas.
En esa oportunidad, las inmobiliarias pidieron la revisión de algunos temas. Entre otros, mantener en dos años el plazo de los contratos, la autonomía de las provincias en leyes arancelarias y de honorarios; el derecho al cobro de honorarios para las inmobiliarias; que no se incluyan, en el proyecto, las locaciones comerciales y que sólo quede involucrada la vivienda única, si se trata de paliar un problema social. También, que la garantía sea a elección del propietario y que los alquileres se ajusten por el valor UVA, y no por el coeficiente de variación salarial e inflación (CVS/IPC), como proponen los inquilinos.
29 de abril. Fue en la mañana de este martes, durante una visita del jefe comunal a la Dirección de Juventud.
24 de abril. El intendente elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que permitiría abonar todas las deudas existentes al 30 de abril de 2025 –ya sean de tasas, derechos y/o contribuciones– en 18 cuotas, con quita de intereses de hasta un 80%.
22 de abril. Gustavo Barrera fundamentó la decisión por “la asfixia económica del Gobierno nacional a la Provincia y a los municipios” y “la caída de la recaudación por la menor actividad económica”.
16 de abril. Los vehículos fueron adquiridos con fondos municipales. Estarán destinados a patrullar los barrios y localidades.
09 de abril. También dijo que el Parque Termal se encuentra en estado de abandono porque la mayor parte de los turistas vienen de ese sector.
08 de abril. Denunció el posicionamiento “violento, expulsivo y discriminatorio” del gobierno de Guillermo Montenegro hacia personas en situaciones vulnerables y reclamó que la Justicia ponga “un límite a estas graves violaciones de derechos humanos”.