La resolución denominada “doctrina Chocobar”, impulsada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich y que cuenta con el apoyo del presidente Mauricio Macri, fue rechazada por la Provincia por la gobernadora María Eugenia Vidal y el encargado de la seguridad, Cristian Ritondo, quienes abrieron una grieta en cambiemos.
Luego de generar debates y rechazos en distintos sectores, el municipio de General Pueyrredón, días antes de comenzar la temporada de verano, dio el visto bueno a la decisión polémica de Bullrich, quien otorgó mayores atribuciones a las fuerzas de seguridad como una búsqueda de solución rápida a la reinante inseguridad en la Provincia y en las ciudades más pobladas del país.
La medida que facilita a las fuerzas de seguridad a disparar su arma de fuego sin dar la voz de alto hasta el momento solo es vigente para los uniformados federales y desde Nación, con Bullrich a la cabeza, invitan a las provincias a adherirse.
En ese aspecto, el gobierno bonaerense adelantó que no se sumaría y desde el Ministerio de Seguridad que conduce Cristian Ritondo, dejaron en claro que la policía “tiene que tener todas las herramientas para hacer cumplir la ley”, pero consideraron que “no todas las policías son iguales”. “En este marco creemos que ahora no es el momento, pretendemos seguir profundizando el camino que nos trazamos para tener una mejor policía”, indicaron fuentes cercanas al ministerio.
Sin embargo, el secretario de Seguridad del municipio de Mar del Plata, Marcelo Lencina, sostuvo que “me parece algo favorable para la función policial. Estoy seguro que cuando un policía maneja un arma de fuego lo hace con responsabilidad. Convengamos que el uso de armas de fuego usado en legítima defensa y dentro del marco legal es una herramienta que tiene la policía como último recurso”.
En declaraciones a 0223, el funcionario del intendente Arroyo consideró que “siempre hay que pensar que primero está la prevención y después la conjuración dentro de la legítima defensa y el marco legal”.
La Doctrina Chocobar aduce al policía local que salió en defensa de un turista que estaban apuñalando y disparó contra el agresor cuando este escapaba y luego de impactar de espaldas el delincuente murió.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.
18 de mayo. El jefe comunal de Chascomús destacó la importancia de esta agrupación, que está integrado por distritos de hasta 60.000 habitantes, en el desarrollo regional.
15 de mayo. La medida se tomó “ante la falta de respuestas concretas el del Ejecutivo municipal”. El Sindicato señaló que, luego de la audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo, continúa a la espera de la conciliación obligatoria solicitada.
14 de mayo. Tras un tratamiento exprés en las comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, lograron el dictamen de mayoría del proyecto que modifica el régimen de subsidios al gas. Ahora buscan que se debata en el recinto el próximo miércoles.
12 de mayo. El gobierno bonaerense confirmó el inicio de un proceso que culminará con el pase del complejo a la órbita municipal tras la finalización de las obras. Desde el Municipio reclamaron que la devolución sea “completa, de inmediato y sin vueltas”.
06 de mayo. El gobernador de la provincia de Buenos Aires participó este miércoles en varios actos junto a miembros de su gabinete. “Aquí no hay lugar para la motosierra”, aseveró.
05 de mayo. Algunos ediles se retiraron custodiados por las fuerzas de seguridad en un clima caldeado por los reclamos de trabajadores municipales y camioneros, que hoy están de paro. En tanto, el intendente Gustavo Barrera firmó el decreto para prorrogar por un año la emergencia pública.
03 de mayo. Un informe periodístico que publica este domingo el diario Clarín expone detalles de un viaje del actual jefe de Gabinete en 2024, con costos superiores a los $9 millones y cancelaciones realizadas meses después. El caso vuelve a tensionar al Gobierno nacional.