El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla habló en el Congreso de la Nación y dio pruebas de la existencia a su entender de una red de espionaje ilegal de la que el falso abogado -ahora detenido- Marcelo D’Alessio formaba parte y en la que también está imputado el fiscal Carlos Stornelli. “Es una investigación que más que encarcelar personas tiene que traer claridad”, dijo el juez en el Congreso, ante la ausencia de los legisladores oficialistas.
El magistrado leyó el informe que la Comisión Provincial por la Memoria, presidida por Adolfo Pérez Esquivel, envió al juzgado luego de analizar parte de las pruebas recolectadas durante los allanamientos a la casa de D’Alessio. En buena parte, se refiere a cuestiones que habían trascendido en la prensa en los últimos días, pero también permiten vislumbrar una red de espionaje ilegal muy extensa y las perspectivas de una investigación que deberá llevarse delante de una manera intensa. En este sentido, “levantar el secreto del sumario fue una afectación grave a la investigación que estábamos llevando adelanto, perdimos la posibilidad de establecer mecanismos de protección a las víctimas”, indicó.
En su informe a la Comisión de Libertad de Prensa de la Cámara de Diputados, Ramos Padilla habló de la conexión de agencias de inteligencia con jueces y fiscales así como periodistas de diversos medios.
En la organización que se investiga habría relaciones con agencias del exterior y, como señaló en un párrafo, afectaría relaciones con Estado Unidos, Venezuela, Uruguay e Israel. Hay documentos, cuya autenticidad se está investigando, con membretes oficiales de Estados Unidos, así como evidencias de maniobras de espionaje que también involucraban a funcionarios del Frente Amplio uruguayo y de la petrolera venezolana PDVSA.
Ramos Padilla leyó transcripciones de diálogos entre Stornelli y D’Alessio, que revelan un “elevado grado de confianza” entre ambos. Ramos Padilla reveló diálogos entre el empresario Mario Montoto y D´Alessio. El magistrado leyó un WhatsApp en el que Montoto y D´Alessio hablaban sobre el quiebre de la ex filial local de la petrolera venezolana. “Mañana lo siento con Santoro y el lunes con Stornelli. Es un espaldarazo para Macri”, le dijo D'Alessio a Montoto, según sostuvo el juez en su exposición ante integrantes de la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados. “Es mi hermano”, le dijo Stornelli a D'Alessio en relación a Montoto, según reveló el magistrado. El empresario se dedica a la venta de armas y artículos de seguridad y durante la gestión de Stornelli como ministro de Seguridad de Daniel Scioli, se lo mencionaba como un gran proveedor de esa cartera bonaerense.
El magistrado mostró la existencia de “maniobras de espionaje ilegal con mecanismos clandestinos como cámara ocultas para extorsionar”. En el cúmulo de pruebas que fue mostrando, habría constancias de que “Stornelli le solicita a D’Alessio maniobras de espionaje ilegal”. También mencionó vínculos de D’Alessio con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y las diputadas nacionales Elisa Carrió y Paula Olivetto (presidenta a su vez de la Coalición Cívica).
En las carpetas encontradas en una de las seis computadoras de D’Alessio había unas llamadas Operación Fantino y Operación Jaitt. En el primero de los casos, el espionaje se hacía a partir de una reunión entre el conductor de Animales Sueltos y Cristina Fernández de Kirchner. “Fantino y (su colega periodista Romina) Manguel son claramente víctimas de la operación de espionaje”, sostuvo. “Por el momento no hemos encontrado constancia de investigación sobre otros periodistas”, manifestó.
El magistrado reclamó la intervención del Congreso y los Colegios de Abogados para proteger a periodistas y abogados, para defender a los ciudadanos. Ramos Padilla sostuvo también que D’Alessio suministraba información a magistrados y periodistas, pero no está probado si los que la recibían sabían la ilegalidad de su procedencia. Sostuvo que la operatoria de esta organización, en la que D’Alessio reportaba a alguien de mayor jerarquía, tenía como objetivo “que el hecho se probara de esa manera. En eso los periodistas y los jueces estamos muy expuestos”, sostuvo.
25 de enero. El avance del cuentapropismo, la informalidad y los trabajos fragmentados ya no es una excepción sino una regla. Casi la mitad de los ocupados trabaja fuera del empleo formal tradicional, en un mercado laboral que se reconfigura al ritmo de la crisis económica.
05 de enero. El intendente Juan Pablo García dispuso una reducción salarial que incluye a su propio cargo como parte de una política de austeridad y ordenamiento financiero. Desde este lunes se encuentra de licencia y será reemplazado por Guillermo Ibarra hasta el 15 de enero.
02 de enero. Cristian Popovich, que gobernó el distrito entre 2009 y 2015, recibió una condena excarcelable de 2 años y 6 meses, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
02 de enero. Nahuel Guardia solicitó una reunión con las autoridades de la empresa prestadora del servicio para evaluar una posible cooperación en la realización de obras que sean necesarias para evitar la falta de presión y la interrupción total del suministro.
29 de diciembre. A instancias de Juan Pablo García, el Concejo Deliberante tratará esta tarde una normativa que “incorpora nuevas herramientas para combatir la contaminación sonora y mejorar la seguridad vial”.
29 de diciembre. Un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP) evaluó la transparencia fiscal de los 135 municipios bonaerenses y determinó que 13 comunas de la Quinta Sección cumplen con la publicación completa de datos presupuestarios y de ejecución, mientras que otras presentan niveles medio, bajo o nulo de cumplimiento.
24 de diciembre. Un paro de empleados municipales por tres días expone un fuerte conflicto salarial con la gestión local, afecta servicios esenciales y vuelve a encender alertas en el mapa político bonaerense, en un escenario que no es aislado y se repite en distintos distritos.
18 de diciembre. La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general el proyecto de ley, pero en la votación en particular el capítulo XI fue impugnado. El proyecto ahora pasa al Senado.