A fin de dar señales de moderación, el Gobierno definió que tanto el presidente Mauricio Macri como sus funcionarios más próximos no cobrarán el bono de $5.000 que se confirmó esta semana, el que estaba destinado a los empleados estatales.
Esta medida, según Infobae, llega a ministros, secretarios y subsecretarios de Estado, y al propio jefe de Estado.
El Gobierno había oficializado el lunes pasado el otorgamiento de una suma fija remunerativa no bonificable, por única vez, de $5.000, a abonarse el primer día hábil de septiembre próximo, para el personal comprendido en la administración pública nacional, fuerzas armadas y fuerzas de seguridad.
La decisión se publicó por medio del decreto 589, firmado por el presidente Macri, quien había hecho el anuncio el miércoles 14 de agosto al dar a conocer un paquete de medidas para paliar el efecto de la devaluación.
"En el marco de las políticas propiciadas por la Administración Nacional, tendientes a minimizar el impacto negativo de los acontecimientos económico-financieros por los que atraviesa el país, es preciso considerar la situación particular en la que se encuentra el personal perteneciente a la administración pública nacional, las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad federales", argumentaba el decreto publicado en la edición de este lunes del Boletín Oficial.
Por eso, apuntaba que "a tales efectos resulta necesaria la implementación de medidas concretas que impacten positiva y directamente en la capacidad adquisitiva de dicho personal".
"En ese contexto, se estima apropiado disponer el otorgamiento de una suma fija remunerativa, no bonificable y de pago único, como herramienta para afrontar las actuales dificultades ante las nuevas circunstancias económicas imperantes", finalizaba el decreto, que también llevaba la firma del jefe de Gabinete, Marcos Peña.
El mismo día que anunció el pago del bono, Macri dispuso otros beneficios para el resto de los trabajadores, entre ellos el aumento del piso del impuesto a las Ganancias y la eliminación del IVA a alimentos.
12 de agosto. El jefe comunal en uso de licencia y la intendenta interina fueron procesados por haber retenido documentos de votantes en los comicios de 2019, que ganaron por 50 votos. La Justicia comprobó que 19 personas no pudieron votar por la retención de documentos, pero sospechan que el número sería mayor.
11 de agosto. Desde diciembre de 2023, las tarifas eléctricas de EDEA acumulan aumentos que van del 480% al 620%, según la categoría de usuario. Un incremento que tiene su raíz en la profunda transformación de la política energética definida por el gobierno nacional: reducción de subsidios, recomposición del precio mayorista y mayor traslado del costo de la energía a los usuarios. Por qué no todos tuvieron el mismo aumento y cuánto se encareció la electricidad frente al resto de los precios.
07 de agosto. Luego de casi 12 horas de sesión, el proyecto de ley fue aprobada en general con 37 votos a favor y 33 en contra. Durante su tratamiento se eliminaron los capítulos referidos a la compra de tierras por parte de extranjeros y a los cambios vinculados a la Ley de Manejo del Fuego.
06 de agosto. El gobierno municipal del peronista de Juan Pablo García decidió denominarlo “Estadio Ciudad de Dolores”. “La iniciativa afecta principios básicos de convivencia democrática y respeto por las decisiones institucionales de la ciudad”, argumentaron los radicales dolorenses en un documento.
26 de julio. Cada 26 de julio se reconoce a los abuelos y abuelas por su rol fundamental en la familia.
15 de julio. Dolores registró el mayor incremento de los fondos provinciales entre los municipios de la Quinta Sección durante el período 2023-2026, con una suba del 6,54%. En la comparación entre 2025 y 2026, Lobería y Monte encabezaron los aumentos, mientras que Pinamar y Villa Gesell sufrieron las mayores reducciones.
15 de julio. Resultó el valor más bajo en los últimos diez meses, tras el 1,9% de agosto de 2025, pero acumula un alza de 33,5% en 12 meses. Una familia de cuatro personas necesitó $1.531.473 para no ser pobre en mayo de 2026.
13 de julio. La iniciativa obtuvo el respaldo de más de dos tercios del Concejo Deliberante y activó un proceso para ampliar facultades comunales mientras el ajuste del gobierno nacional reduce el margen de gestión territorial.