A fin de dar señales de moderación, el Gobierno definió que tanto el presidente Mauricio Macri como sus funcionarios más próximos no cobrarán el bono de $5.000 que se confirmó esta semana, el que estaba destinado a los empleados estatales.
Esta medida, según Infobae, llega a ministros, secretarios y subsecretarios de Estado, y al propio jefe de Estado.
El Gobierno había oficializado el lunes pasado el otorgamiento de una suma fija remunerativa no bonificable, por única vez, de $5.000, a abonarse el primer día hábil de septiembre próximo, para el personal comprendido en la administración pública nacional, fuerzas armadas y fuerzas de seguridad.
La decisión se publicó por medio del decreto 589, firmado por el presidente Macri, quien había hecho el anuncio el miércoles 14 de agosto al dar a conocer un paquete de medidas para paliar el efecto de la devaluación.
"En el marco de las políticas propiciadas por la Administración Nacional, tendientes a minimizar el impacto negativo de los acontecimientos económico-financieros por los que atraviesa el país, es preciso considerar la situación particular en la que se encuentra el personal perteneciente a la administración pública nacional, las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad federales", argumentaba el decreto publicado en la edición de este lunes del Boletín Oficial.
Por eso, apuntaba que "a tales efectos resulta necesaria la implementación de medidas concretas que impacten positiva y directamente en la capacidad adquisitiva de dicho personal".
"En ese contexto, se estima apropiado disponer el otorgamiento de una suma fija remunerativa, no bonificable y de pago único, como herramienta para afrontar las actuales dificultades ante las nuevas circunstancias económicas imperantes", finalizaba el decreto, que también llevaba la firma del jefe de Gabinete, Marcos Peña.
El mismo día que anunció el pago del bono, Macri dispuso otros beneficios para el resto de los trabajadores, entre ellos el aumento del piso del impuesto a las Ganancias y la eliminación del IVA a alimentos.
18 de junio. El gobernador bonaerense entregó más de 450 escrituras gratuitas, inauguró una nueva planta productiva de Atalaya, otorgó viviendas para efectivos policiales y puso en marcha un nuevo centro universitario. También entregó netbooks y anunció inversiones para fortalecer el desarrollo local.
10 de junio. “La Zona Fría ya no es un privilegio", señaló Gustavo Barrera, jefe comunal de Villa Gesell, que advirtió que en su distrito “la situación ya es alarmante: la morosidad en el pago de la boleta de gas ronda el 60%”.
05 de junio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió la continuidad de la Verificación Técnica Vehicular en la Provincia, cuestionó la falta de inversión nacional en infraestructura vial y destacó que ya fueron dadas de baja más de 1.000 páginas ilegales que ofrecían obleas apócrifas.
04 de junio. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados declaró Patrimonio Gastronómico Cultural de la Nación al tradicional postre dolorense. El próximo paso es sumar apoyos de diputados para que la Torta Argentina sea reconocida como la torta oficial del país a través de una ley.
27 de mayo. El Municipio dio a conocer las cifras de la 12ª edición del ya tradicional evento en la Plaza Castelli, cuyo suceso llevó a que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacara por primera vez a Dolores y a la Fiesta en su informe nacional tras cada fin de semana largo.
27 de mayo. La protesta fue consensuada en una reunión que se llevó a cabo ayer en Villa Gesell. Emitieron un documento con duras críticas en el que advirtieron que es “una decisión profundamente injusta, insensible y centralista”.
26 de mayo. El gobierno de Javier Milei oficializó los pases a disponibilidad de los trabajadores y la Provincia volvió a reclamar el traspaso a la administración bonaerense: “No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio inmobiliarios de unos pocos”.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.