El aumento que registrarán los precios de los combustibles a partir del jueves "será de entre el 5% y el 6%" y el 1 de diciembre se aplicará otro incremento en los surtidores.
Así lo afirmó hoy el presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos, Gabriel Bornoroni, quien señaló que el incremento de diciembre será por reajuste de precios y por escalada de impuestos.
El estacionero explicó que este miércoles 13 vencerá el congelamiento de los precios que el Gobierno había dispuesto el 14 de agosto pasado tras perder en las elecciones primarias del 11 de agosto.
Bornoroni explicó que si se termina el congelamiento podría mejorar el abastecimiento dado que por la medida electoral que había dispuesto el Gobierno las petroleras empezaron a aplicar cupos, lo que generó escasez.
Si bien las estaciones de servicio de bandera (con sello de las petroleras) tenían nafta y gasoil para comercializar, las denominadas "bandera blanca" sufrieron el desabastecimiento "e incluso algunas cerraron" en estos noventa días, señaló el empresario cordobés.
En declaraciones a radio La Red, dijo que el sector venía con una caída en las ventas del 5% mensual, por lo que si este aumento viene a liberar el mercado con pleno abastecimiento, la comercialización podría incrementarse.
"El congelamiento con desabastecimiento y cupo generó una crisis importante en nuestro sector. Algunas estaciones de servicio cerraron", aseguró Bornoroni.
El dirigente indicó además que el 1 de diciembre coincide con el incremento al impuesto a los combustibles, que se sumará a una actualización de precios, por lo que habrá un alza que ejercerá una mayor presión en el bolsillo de los consumidores.
"A partir del 10 de diciembre viene un nuevo Gobierno que seguramente va a tener una política energética clara, tal como lo viene diciendo. A partir de ahí, las petroleras van a esperar cuáles son los nuevos lineamientos para la política energética", dijo.
Bornoroni dijo que por las marchas y contra marchas del gobierno de Mauricio Macri, las empresas que están extrayendo petróleo crudo en Vaca Muerta están trabajando al 50% de su capacidad, por lo que se necesita una "política clara" que dé previsibilidad al sector.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.
18 de mayo. El jefe comunal de Chascomús destacó la importancia de esta agrupación, que está integrado por distritos de hasta 60.000 habitantes, en el desarrollo regional.
15 de mayo. La medida se tomó “ante la falta de respuestas concretas el del Ejecutivo municipal”. El Sindicato señaló que, luego de la audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo, continúa a la espera de la conciliación obligatoria solicitada.
14 de mayo. Tras un tratamiento exprés en las comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, lograron el dictamen de mayoría del proyecto que modifica el régimen de subsidios al gas. Ahora buscan que se debata en el recinto el próximo miércoles.
12 de mayo. El gobierno bonaerense confirmó el inicio de un proceso que culminará con el pase del complejo a la órbita municipal tras la finalización de las obras. Desde el Municipio reclamaron que la devolución sea “completa, de inmediato y sin vueltas”.
06 de mayo. El gobernador de la provincia de Buenos Aires participó este miércoles en varios actos junto a miembros de su gabinete. “Aquí no hay lugar para la motosierra”, aseveró.
05 de mayo. Algunos ediles se retiraron custodiados por las fuerzas de seguridad en un clima caldeado por los reclamos de trabajadores municipales y camioneros, que hoy están de paro. En tanto, el intendente Gustavo Barrera firmó el decreto para prorrogar por un año la emergencia pública.
03 de mayo. Un informe periodístico que publica este domingo el diario Clarín expone detalles de un viaje del actual jefe de Gabinete en 2024, con costos superiores a los $9 millones y cancelaciones realizadas meses después. El caso vuelve a tensionar al Gobierno nacional.