La administración de Axel Kicillof publicó una solicitada en los diarios en la que informó que buscará la aprobación de los tenedores del bono para postergar por algo más de 90 días el pago de unos 250 millones de dólares y 27 millones de intereses, que debe enfrentar el próximo 26 de enero con un plazo de gracia de 10 días hábiles.
Para lograr la postergación del pago, Kicillof necesita la aprobación de los tenedores de al menos el 75% del capital antes del 22 de enero de 2020, es decir, dentro de 8 días. Según explicó La Política Online, el bajo número de bonistas (el monto mínimo de suscripción del bono era de 100 mil dólares y el total emitido fue de 750 millones de dólares) era uno de los puntos que entusiasmaba al mercado para la reestructuración.
"Se ha iniciado un proceso de diálogo y consultas con los tenedores" del bono, informó el Ministerio de Hacienda bonaerense. "Tanto la Provincia como sus inversores coincidieron en la compleja situación de la deuda provincial y la importancia de buscar soluciones preventivas que minimicen pérdidas", agregó la cartera que conduce Pablo López. "El rechazo del mercado al diferimiento propuesto resultaría en mayores daños a la economía bonaerense y pérdidas para los inversores en general, que con este paso pueden evitarse", indicó López en un comunicado.
La confirmación de que la Provincia no podrá pagar el BP21 se daba por descontada el lunes, cuando los bonos se derrumbaron por la negativa del Gobierno nacional de otorgarle un "salvataje" a Kicillof. El jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, habló abiertamente de la posibilidad concreta del default.
En el mercado especulan con que dicha negativa se trata de una estrategia para que los acreedores acepten la renegociación. Los analistas coinciden en que para la Casa Rosada sería demasiado riesgoso dejar caer en default a la Provincia.
29 de abril. Fue en la mañana de este martes, durante una visita del jefe comunal a la Dirección de Juventud.
24 de abril. El intendente elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que permitiría abonar todas las deudas existentes al 30 de abril de 2025 –ya sean de tasas, derechos y/o contribuciones– en 18 cuotas, con quita de intereses de hasta un 80%.
22 de abril. Gustavo Barrera fundamentó la decisión por “la asfixia económica del Gobierno nacional a la Provincia y a los municipios” y “la caída de la recaudación por la menor actividad económica”.
16 de abril. Los vehículos fueron adquiridos con fondos municipales. Estarán destinados a patrullar los barrios y localidades.
09 de abril. También dijo que el Parque Termal se encuentra en estado de abandono porque la mayor parte de los turistas vienen de ese sector.
08 de abril. Denunció el posicionamiento “violento, expulsivo y discriminatorio” del gobierno de Guillermo Montenegro hacia personas en situaciones vulnerables y reclamó que la Justicia ponga “un límite a estas graves violaciones de derechos humanos”.