El Decreto 659/2019, firmado por el gobierno de Mauricio Macri en septiembre de 2019, instituyó que no se renovaría la concesión de 5 corredores viales, a partir de las fechas de vencimiento, y otorgó a Corredores Viales S.A., una empresa estatal cuyos accionistas son el Ministerio de Obras Públicas con el 51% y Vialidad Nacional con el 49%, la responsabilidad de administrar las rutas hasta que se evalúe una resolución sobre los incumplimientos. Entre ellos, se encuentran dos que pasan por la provincia de Buenos Aires: el Nº 2 y Nº 8.
En este sentido, el actual gobierno de Alberto Fernández, a través del Ministerio de Obras Públicas, resolvió que estos corredores no se volverán a licitar y pasarán a ser gestionados por esta empresa pública.
A pesar de recibir $ 18.000 millones en subsidios en los últimos 4 años, sin contar la recaudación propia por el cobro de peajes, las rutas que pasarán a manos del Estado presentan alta siniestralidad vial, mínima conservación de las calzadas, ahuellamientos en distintas trazas, marcado déficit en la demarcación horizontal, fallas en las luminarias, deficiencias en la señalización de pasarelas peatonales y refugios.
El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, anunció que el gobierno nacional gestionará progresivamente 5 corredores viales, cuyas concesiones no fueron renovadas por la situación de deterioro e incumplimientos en sus obligaciones contractuales.
El Corredor Vial N° 2, que va de General Villegas a Pergamino, era operado por el Corredor de Integración Pampeana SA y pasará a manos estatales a partir del 1° de marzo. Por su parte, el Corredor Vial N° 8, que recorre San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y en la provincia de Buenos Aires va de Colón a Pilar, desde el 1° de mayo dejará de ser administrada por Corredor Central SA para ser gestionado por el Estado.
25 de enero. El avance del cuentapropismo, la informalidad y los trabajos fragmentados ya no es una excepción sino una regla. Casi la mitad de los ocupados trabaja fuera del empleo formal tradicional, en un mercado laboral que se reconfigura al ritmo de la crisis económica.
05 de enero. El intendente Juan Pablo García dispuso una reducción salarial que incluye a su propio cargo como parte de una política de austeridad y ordenamiento financiero. Desde este lunes se encuentra de licencia y será reemplazado por Guillermo Ibarra hasta el 15 de enero.
02 de enero. Cristian Popovich, que gobernó el distrito entre 2009 y 2015, recibió una condena excarcelable de 2 años y 6 meses, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
02 de enero. Nahuel Guardia solicitó una reunión con las autoridades de la empresa prestadora del servicio para evaluar una posible cooperación en la realización de obras que sean necesarias para evitar la falta de presión y la interrupción total del suministro.
29 de diciembre. A instancias de Juan Pablo García, el Concejo Deliberante tratará esta tarde una normativa que “incorpora nuevas herramientas para combatir la contaminación sonora y mejorar la seguridad vial”.
29 de diciembre. Un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP) evaluó la transparencia fiscal de los 135 municipios bonaerenses y determinó que 13 comunas de la Quinta Sección cumplen con la publicación completa de datos presupuestarios y de ejecución, mientras que otras presentan niveles medio, bajo o nulo de cumplimiento.
24 de diciembre. Un paro de empleados municipales por tres días expone un fuerte conflicto salarial con la gestión local, afecta servicios esenciales y vuelve a encender alertas en el mapa político bonaerense, en un escenario que no es aislado y se repite en distintos distritos.
18 de diciembre. La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general el proyecto de ley, pero en la votación en particular el capítulo XI fue impugnado. El proyecto ahora pasa al Senado.