23/03/2020 | Noticias | Política

Qué medidas evalúa el Gobierno para los monotributistas y trabajadores informales

Los que estén en las categorías más bajas del impuesto y los que no tienen un empleo formal podrían recibir un subsidio durante 3 meses. También se analiza suspender el pago de servicios.


El Ministerio de Trabajo prepara una resolución para garantizar un subsidio para 1,5 millones de personas, una parte de los 7 millones que viven en la informalidad. El bono sería de $5.000 mensuales por hasta 3 meses, dependiendo de la duración del aislamiento obligatorio.

Alberto Fernández definió las medidas en las últimas horas con su gabinete económico y social. "A partir de mañana (por este lunes) vamos a cómo resolvemos el problema de taxistas y montributistas, que no los estamos dejando desamparados", dijo el Presidente en declaraciones a la televisión en las que precisó que también se atenderá a los perceptores de la AUH y el pequeño comerciante. "Todos esos casos van a tener respuesta y vamos a gastar lo que sea necesario para que la gente este tranquila", aseguró el jefe de Estado.

La cartera laboral de Claudio Moroni recibió pedidos en los últimos días de parte del colectivo de Monotributistas Organizados. La agrupación surgida a partir del rechazo al aumento del 51% en ese impuesto en enero pasado reunió más de 96.000 firmas en cuatro días para exigir medidas urgentes, comenzando por la suspensión de las obligaciones fiscales durante el período de emergencia y un seguro de desempleo inmediato que garantice la vivienda y el alimento. Asimismo, solicitaron una cobertura de las obras sociales, un tema que incomoda a la CGT.

Por otra parte, el Gobierno evaluaba este fin de semana un decreto para suspender el pago de servicios, una situación que afecta sobre todo a quienes viven de changas y tienen que pagar el alquiler, junto con el agua y la luz. La idea –según publicó el portal iProfesional– es proteger a propietarios, inquilinos, cooperativas y pequeños comercios. Otra de las ideas que se baraja es la suspensión de desalojos y evitar la ejecución de las hipotecas sobre créditos para la vivienda UVA.


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