A través del decreto 501/2020, el Poder Ejecutivo Nacional designó como interventor en la Administración General de Puertos (AGP S.E.) a José Beni y como subinterventora a la lavallense Marcela Fabiana Passo, quien fuera intendenta de General Lavalle entre 2011 y 2015 y diputada nacional entre 2015 y 2019.
“Con mucho amor y responsabilidad asumo como subinterventora de la Administración General de Puerto. Agradezco profundamente a Alberto Fernández, Sergio Massa y Mario Meoni por semejante gesto confianza. ¡Feliz de acompañar a José Beni en este nuevo desafío”, declaró Passo, de 43 años.
Passo, que es contadora pública y pertenece al espacio político de Sergio Massa, fue vicepresidenta de la comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios del Congreso de la Nación, desde donde impulsó las leyes 27.419 (de la Marina Mercante) y 27.418 (de fomento a la industria naval), ambas promulgadas en 2018.
Por su parte, Beni, técnico de carrera y abogado especializado en materia portuaria, ya representaba desde marzo pasado la máxima autoridad de la terminal, en la que ocupaba el cargo de gerente general. Desde allí gestionó en las últimas semanas el proceso de prórroga de las concesiones de las terminales de Buenos Aires, consignó un comunicado de la AGP reproducido por Télam.
“El gran desafío a corto plazo es acordar una nueva configuración del puerto y su operatoria, que tenga el consenso de toda la comunidad portuaria y sea beneficiosa para los intereses nacionales, en una gestión que tenga como ejes al trabajo, la producción y el comercio exterior", aseveró el flamante interventor.
Con mucho amor y responsabilidad, asumo como Subinterventora del @PuertoBsAs .
— Marcela Passo (@passomarcela) June 1, 2020
Agradezco profundamente a @alferdez , @SergioMassa y @mariomeoni por semejante gesto confianza.
Feliz de acompañar a @JosBeni2 en este nuevo desafío! https://t.co/HHsQXqqCFf
07 de septiembre. Rocío Tedesco, abogada y militante de la UCR del Partido de La Costa desde muy joven, quedó al frente de la organización juvenil del radicalismo bonaerense. Cercana al senador nacional Maximiliano Abad y al diputado provincial Diego Garciarena, su designación representa además el regreso de Adelante Buenos Aires a la conducción de la Juventud Radical provincial después de más de 15 años.
04 de septiembre. El intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, adelantó los plazos previstos para las dos obras que transformarán la circulación por el corredor de la Costa Atlántica. El tramo de 72,4 kilómetros hacia Mar Chiquita atraviesa su etapa final, mientras que la nueva autovía de 48 kilómetros entre Mar de Ajó y Pinamar se licitará en octubre. “Viajar va a ser más ágil y más seguro, y eso nos beneficia a todos”, afirmó.
28 de agosto. Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, firmó un convenio con el intendente Juan Pablo García para la construcción del edificio y el dictado por parte de universidades nacionales de carreras referidas al área de nuevas tecnologías.
28 de agosto. La ciudad lanzó la campaña “Sin ir más lejos” para la próxima temporada de verano y confirmó que, desde noviembre, la Cámara Empresaria Hotelera y Gastronómica local se integrará a la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina.
24 de agosto. El jefe comunal peronista, que gobierna el distrito desde 2011, explicó que se trata de “una decisión familiar y personal” aunque aclaró: “No piensen que voy a dejar de hacer política”.
21 de agosto. La nueva casa para el deporte dolorense, una obra que permaneció inconclusa durante más de 16 años, está destinada a los clubes, las escuelas y los deportistas locales y tendrá una capacidad para albergar 1.400 espectadores.
18 de agosto. Fue luego de una reunión del gabinete municipal, encabezado por el intendente Juan de Jesús, con el gerente general de la empresa, que informó que avanza con la revisión de los casos particulares sobre los que ya fueron realizados reclamos.
12 de agosto. El jefe comunal en uso de licencia y la intendenta interina fueron procesados por haber retenido documentos de votantes en los comicios de 2019, que ganaron por 50 votos. La Justicia comprobó que 19 personas no pudieron votar por la retención de documentos, pero sospechan que el número sería mayor.