La Asociación Judicial Bonaerense Dolores (AJB) presentó una ampliación de la denuncia realizada en la Delegación del Ministerio de Trabajo en la que solicitan la inspección de los edificios del Poder Judicial en Departamento Judicial Dolores ante el incumplimiento de las medidas de prevención contra la pandemia.
Los empleados de los tribunales dolorenses manifestaron que no se cumplen las medidas sanitarias necesarias para proteger a quienes asisten a los juzgados contra el Covid. “Verificamos que es una excepción que los edificios alquilados, los juzgados de paz y las oficinas descentralizadas cuenten con el debido servicio de limpieza y desinfección o con lugares ventilados”, indicó la AJB en un comunicado difundido hoy.
“Es un común denominador en los inmuebles que albergan oficinas judiciales la inexistencia de condiciones edilicias que permitan cumplir con el distanciamiento preventivo de dos metros entre personas que debe primar si se pretendiera el regreso a la actividad habitual”, señalan.
También pusieron de relieve “la convocatoria innecesaria a trabajar en forma presencial de personas, tanto en el número como de aquellas exentas de prestar servicios por tener hijos/as en edad de lactancia o menores de edad bajo su cuidado o por su estado de salud; la ausencia de termómetros infrarrojos para el control de temperatura en los accesos a edificios o la asignación de dicha tarea a personal no especializado son ejemplos de que la Suprema Corte de Justicia y la Procuración General no observan el protocolo sanitario preventivo y no garantizan la indemnidad de empleados/as, funcionarios/s y peritos/as judiciales; faltando al cumplimiento de su deber”.
29 de abril. Fue en la mañana de este martes, durante una visita del jefe comunal a la Dirección de Juventud.
24 de abril. El intendente elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que permitiría abonar todas las deudas existentes al 30 de abril de 2025 –ya sean de tasas, derechos y/o contribuciones– en 18 cuotas, con quita de intereses de hasta un 80%.
22 de abril. Gustavo Barrera fundamentó la decisión por “la asfixia económica del Gobierno nacional a la Provincia y a los municipios” y “la caída de la recaudación por la menor actividad económica”.
16 de abril. Los vehículos fueron adquiridos con fondos municipales. Estarán destinados a patrullar los barrios y localidades.
09 de abril. También dijo que el Parque Termal se encuentra en estado de abandono porque la mayor parte de los turistas vienen de ese sector.
08 de abril. Denunció el posicionamiento “violento, expulsivo y discriminatorio” del gobierno de Guillermo Montenegro hacia personas en situaciones vulnerables y reclamó que la Justicia ponga “un límite a estas graves violaciones de derechos humanos”.