La Asociación Judicial Bonaerense Dolores (AJB) presentó una ampliación de la denuncia realizada en la Delegación del Ministerio de Trabajo en la que solicitan la inspección de los edificios del Poder Judicial en Departamento Judicial Dolores ante el incumplimiento de las medidas de prevención contra la pandemia.
Los empleados de los tribunales dolorenses manifestaron que no se cumplen las medidas sanitarias necesarias para proteger a quienes asisten a los juzgados contra el Covid. “Verificamos que es una excepción que los edificios alquilados, los juzgados de paz y las oficinas descentralizadas cuenten con el debido servicio de limpieza y desinfección o con lugares ventilados”, indicó la AJB en un comunicado difundido hoy.
“Es un común denominador en los inmuebles que albergan oficinas judiciales la inexistencia de condiciones edilicias que permitan cumplir con el distanciamiento preventivo de dos metros entre personas que debe primar si se pretendiera el regreso a la actividad habitual”, señalan.
También pusieron de relieve “la convocatoria innecesaria a trabajar en forma presencial de personas, tanto en el número como de aquellas exentas de prestar servicios por tener hijos/as en edad de lactancia o menores de edad bajo su cuidado o por su estado de salud; la ausencia de termómetros infrarrojos para el control de temperatura en los accesos a edificios o la asignación de dicha tarea a personal no especializado son ejemplos de que la Suprema Corte de Justicia y la Procuración General no observan el protocolo sanitario preventivo y no garantizan la indemnidad de empleados/as, funcionarios/s y peritos/as judiciales; faltando al cumplimiento de su deber”.
01 de abril. Es a raíz de la delicada situación financiera. Gustavo Barrera reveló que su distrito perdió cerca de $ 3.000 millones concepto de coparticipación durante el último año, a lo que se suman otros $ 700 millones del primer trimestre de 2026.
31 de marzo. Emitieron una declaración conjunta en la que expresan su preocupación por la situación económica que atraviesan sus distritos y le pidieron al gobierno nacional que “restablezca un esquema de distribución de recursos que permita a las provincias y municipios cumplir con sus responsabilidades”.
30 de marzo. El juez Raúl Ojeda dictó una medida cautelar a pedido de la CGT debido a que consideró que existen indicios serios de inconstitucionalidad y riesgo de daños irreparables. El fondo para pagar las indemnizaciones y el límite al derecho a huelga, entre los puntos suspendidos.
25 de marzo. La medida busca frenar el conflicto por la posible pérdida de 42 puestos de trabajo vinculados al servicio de recolección y barrido urbano. Duras críticas de Pablo Moyano al intendente Gustavo Barrera.
17 de marzo. El Partido Justicialista de Mar Chiquita presentó en Santa Clara del Mar a la nueva lista de conducción, en un acto encabezado por el senador Jorge Paredi, el intendente Walter Wischnivetzky y el presidente electo del PJ, Fabián Jacquet.
15 de marzo. El intendente Carlos Esteban Santoro firmó en La Plata un convenio con la ministra de Hábitat bonaerense, Silvina Batakis. La Provincia aportará más de $426 millones para completar servicios e infraestructura y avanzar hacia el sorteo y la entrega de las casas.
11 de marzo. Con Axel Kicillof encaminado a una candidatura presidencial, en el peronismo bonaerense ya se discute quién podría internar sucederlo. Entre los nombres que circulan aparecen Julio Alak, Gabriel Katopodis, Mayra Mendoza, Federico Achával y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín. El detalle.