La Policía Federal allanó las sedes de la Secretaría de Deportes y Desarrollo Social del municipio de Pinamar, y detuvo a seis personas, entre ellas dos funcionarias municipales, por irregularidades en la entrega de la Tarjeta Alimentar.
La causa se inició luego de la denuncia de la ex concejal y ex titular de Desarrollo Social, Nora Ponce, y recayó en la fiscalía especializada en delitos de corrupción de Dolores, a cargo del fiscal Mario Rafael Pérez.
Según informaron fuentes judiciales a Infocielo, dos funcionarias de la secretaría de Desarrollo Social de Pinamar robaron lotes de la tarjeta alimentar que no habían sido entregadas por la pandemia de coronavirus, y se las dieron a la pareja de una de ellas.
A través de dos amigos comerciantes, simularon en los posnet compras con las tarjetas por un monto total de $2.092.000 que luego transfirieron a cuentas personales en el Banco Provincia. En total serían seis las personas implicadas.
Luego de los allanamientos, todos fueron detenidos bajo la acusación de “defraudación en perjuicio de la administración pública” y quedaron a disposición del juez de Garantías, David Mancinelli. Mañana deberán prestar declaración.
Desde la secretaría de Desarrollo Social de Pinamar, por su parte, señalaron que “se prestó colaboración con las autoridades requirentes a los fines del esclarecimiento de los hechos investigados”.
“El Municipio continuará con todas las medidas de colaboración solicitadas e instará los trámites correspondientes a los fines de investigar los hechos de los cuales puedan derivar responsabilidad administrativa y disciplinaria de los agentes involucrados”, finaliza el comunicado.
La tarjeta alimentar es una política del ministerio de Desarrollo Social de la Nación para asistir a los sectores más necesitados en el marco del Plan Argentina contra el Hambre. Sólo puede ser utilizada para la compra de alimentos de la canasta básica.
Cada tarjeta tiene un monto de $6.000 para las familias con un hijo y de $9.000 para quienes tienen dos o más hijos. Es importante recordar que las mismas no pueden ser utilizadas de manera telefónica ni virtual. Las compras deben realizarse de forma presencial y a través de un posnet.
07 de septiembre. Rocío Tedesco, abogada y militante de la UCR del Partido de La Costa desde muy joven, quedó al frente de la organización juvenil del radicalismo bonaerense. Cercana al senador nacional Maximiliano Abad y al diputado provincial Diego Garciarena, su designación representa además el regreso de Adelante Buenos Aires a la conducción de la Juventud Radical provincial después de más de 15 años.
04 de septiembre. El intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, adelantó los plazos previstos para las dos obras que transformarán la circulación por el corredor de la Costa Atlántica. El tramo de 72,4 kilómetros hacia Mar Chiquita atraviesa su etapa final, mientras que la nueva autovía de 48 kilómetros entre Mar de Ajó y Pinamar se licitará en octubre. “Viajar va a ser más ágil y más seguro, y eso nos beneficia a todos”, afirmó.
28 de agosto. Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, firmó un convenio con el intendente Juan Pablo García para la construcción del edificio y el dictado por parte de universidades nacionales de carreras referidas al área de nuevas tecnologías.
28 de agosto. La ciudad lanzó la campaña “Sin ir más lejos” para la próxima temporada de verano y confirmó que, desde noviembre, la Cámara Empresaria Hotelera y Gastronómica local se integrará a la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina.
24 de agosto. El jefe comunal peronista, que gobierna el distrito desde 2011, explicó que se trata de “una decisión familiar y personal” aunque aclaró: “No piensen que voy a dejar de hacer política”.
21 de agosto. La nueva casa para el deporte dolorense, una obra que permaneció inconclusa durante más de 16 años, está destinada a los clubes, las escuelas y los deportistas locales y tendrá una capacidad para albergar 1.400 espectadores.
18 de agosto. Fue luego de una reunión del gabinete municipal, encabezado por el intendente Juan de Jesús, con el gerente general de la empresa, que informó que avanza con la revisión de los casos particulares sobre los que ya fueron realizados reclamos.
12 de agosto. El jefe comunal en uso de licencia y la intendenta interina fueron procesados por haber retenido documentos de votantes en los comicios de 2019, que ganaron por 50 votos. La Justicia comprobó que 19 personas no pudieron votar por la retención de documentos, pero sospechan que el número sería mayor.