La jueza en lo Comercial, Marta Cirulli decretó este lunes la quiebra del Correo Argentino S.A., empresa del Grupo Macri, tras dar por fracasado el proceso de salvataje, y le otorgó cinco días para poner a disposición de la Justicia todos los bienes de la compañía postal.
“Hágase saber la quiebra decretada, a cuyo fin ofíciese a la Inspección General de Justicia, y al Banco Central de la República Argentina. Requiérasele asimismo a este último, que comunique el estado de falencia a todas las instituciones de crédito del país, las que deberán trabar embargo sobre todas las sumas de dinero y otros valores que se encuentren depositados a la orden de la fallida, y procedan a transferirlos al Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a la cuenta de autos y a la orden de la suscripta”, sostuvo la jueza.
Además, intimó al Correo, “sus apoderados y terceros para que, dentro del quinto día, entreguen o pongan a disposición del síndico la totalidad de los bienes de la deudora. Intímesela asimismo para que -dentro de las 24 horas- entregue al síndico los libros de comercio y demás documentación relacionada con la contabilidad”.
En el fallo, Cirulli describe la situación actual de la empresa como “ruinosa”, dice que “no tiene actividad comercial” y que no puede “afrontar mínimamente sus ahora reducidos gastos ordinarios -que se satisfacen mediante donaciones societarias- y con un desmesurado pasivo concursal y postconcursal”.
Cabe recordar que el Correo Argentino S.A. ofreció pagarle al Estado, de una sola vez y como toda deuda, 1.011 millones de pesos, en su última oferta. La cifra representa bastante más que los 296 millones (a pagar en cuotas) que estuvo dispuesto a aceptar el Gobierno del propio Macri pero mucho menos de los más de 5.000 millones que reclama la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN).
Sin embargo, la PNT rechazó la propuesta de salvataje que incluía pagarle a los demás acreedores en 10 cuotas anuales; pero también el Banco de la Nación Argentina y un grupo de acreedores con créditos laborales legitimados tampoco prestaron conformidad.
El Grupo Macri obtuvo la concesión del Correo Argentino en 1997 durante el Gobierno del fallecido expresidente Carlos Menem y esa concesión fue rescindida en 2003, cuando la administración de Néstor Kirchner detectó que la empresa solo había pagado uno de los cánones semestrales que le correspondía abonar por cifras superiores a los 50 millones de pesos/dólares.
El concurso de acreedores del Correo Argentino S.A. comenzó en el 2001 y el caso cobró mayor exposición pública en 2016, durante el Gobierno de Macri, porque el Poder Ejecutivo se mostró dispuesto a aceptar una oferta que consideraba que la deuda era la misma que en 2001 y proponía pagarla en 15 cuotas, algo que la fiscal de la causa Gabriela Boquin se opuso por considerar que era “abusivo”.
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