Mientras la Justicia investiga por “defraudación en perjuicio de la administración pública” a funcionarios del Municipio de Pinamar, señalados por transferirse el crédito de 250 plásticos por un total de 2 millones de pesos, el Banco Provincia intimó al intendente Martín Yeza a “reintegrarle inmediatamente” al Ministerio de Desarrollo de la Nación la totalidad del dinero desviado en dichas maniobras.
Lo hizo a través de una carta documento fechada el 20 de julio de 2021 y que lleva la firma de su presidente, Juan Cuattromo. “Me dirijo a Ud. en mi carácter del Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, atento a la situación generada con causa en el desvio de fondos en beneficio de dependientes de ese Municipio, asumida por esa Municipalidad de Pinamar en la Cláusula 7° del Convenio suscripto con el Banco que presido en fecha 26 de octubre de 2020”, comienza el escrito de Cuattromo que publicó el portal Data Diario.
El texto legal explica que debido al incumplimiento de la obligación asumida por el Municipio en relación a los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar, el banco “debería responder ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación reintegrando los fondos públicos involucrados”.
Es por eso que “se intima al Municipio a asumir la responsabilidad que le compete, procediendo al inmediato reintegro al Ministerio citado de la suma de fondos públicos involucrada que, según se denunciara en la causa penal, asciende al presente a $ 2.050.990”. Y aclara que será sin perjuicio de la cifra que pudiera resultar de la investigación en curso, con los costos e intereses a determinarse, “bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales pertinentes”, concluye el documento.
El origen del reclamo
La causa penal se inició en marzo pasado por la denuncia de Nora Ponce, ex concejal y ex titular de Desarrollo Social. Un beneficiario de la Tarjeta Alimentar fue hasta la oficina a retirar el plástico que le correspondía, pero la tarjeta no tenía saldo.
“Cuando detecto que hay un monto que no corresponde no hago la entrega, le pido a la titular que por favor me espere, hago las consultas pertinentes al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el cual me informa que no había habido movimientos y que los saldos habían sido utilizados”, aseguró Ponce púbicamente.
“No había manera de que esto sea así, porque la tarjeta no había sido entregada. Hago la consulta al banco para ver si el banco había hecho algún movimiento, que tampoco había sido así. A raíz de eso decido realizar la correspondiente denuncia en la fiscalía”, agregó la ex funcionaria.
La Policía Federal allanó las sedes de la Secretaría de Deportes y Desarrollo Social del municipio de Pinamar, y detuvo inicialmente a 6 personas, entre ellas dos funcionarias municipales, por irregularidades en la entrega de la Tarjeta Alimentar.
La marcha de la investigación
El pasado 22 de junio la Justicia dictó el procesamiento de una empleada municipal y 4 cómplices por la estafa al Estado Nacional con las tarjetas Alimentar en Pinamar. Una de las procesadas es Andrea Ríos, de 52 años, secretaria privada de la directora general de Gestión y Coordinación Territorial de la Municipalidad de Pinamar, Nora Ponce, quien inició la denuncia.
Además de Ríos, la Justicia imputó por estafa y asociación ilícita, al esposo, José Fons, y tres presuntos cómplices: Nicolás Ambao, de 47 años, Carlos Rosas, de 51 y Diego Borea, de 40.
La fiscalía especializada en delitos de corrupción del departamento judicial de Dolores, del fiscal Mario Pérez, solicitó las detenciones y desde el Juzgado de Garantías N° 6 de Villa Gesell, del magistrado Diego Olivera Zapiola, dispusieron los procesamientos de los 5 sospechosos.
Sobre Ríos, Fons y Ambao se dictó la prisión preventiva y se dispuso un embargo de 10 millones de pesos.
Según pudo constatar la Justicia, Andrea Ríos se apoderó de al menos 55 tarjetas del programa Alimentar, quien esquivó las imputaciones diciendo que en un momento dado “la caja con las tarjetas quedaron debajo de la escalera ‘a disposición de cualquiera’”.
Sin embargo, la acusación sostuvo que fue ella la que le dio esas tarjetas a su marido y éste a los otros tres cómplices que fueron claves a la hora de usar las tarjetas “falsamente” en comercios a “través de múltiples operaciones”. Vía “Naranja pos” registraron un gasto de $592.000 y en “Terminal Posnet” se apropiaron de de $1.500.000.
10 de junio. “La Zona Fría ya no es un privilegio", señaló Gustavo Barrera, jefe comunal de Villa Gesell, que advirtió que en su distrito “la situación ya es alarmante: la morosidad en el pago de la boleta de gas ronda el 60%”.
05 de junio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió la continuidad de la Verificación Técnica Vehicular en la Provincia, cuestionó la falta de inversión nacional en infraestructura vial y destacó que ya fueron dadas de baja más de 1.000 páginas ilegales que ofrecían obleas apócrifas.
04 de junio. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados declaró Patrimonio Gastronómico Cultural de la Nación al tradicional postre dolorense. El próximo paso es sumar apoyos de diputados para que la Torta Argentina sea reconocida como la torta oficial del país a través de una ley.
27 de mayo. El Municipio dio a conocer las cifras de la 12ª edición del ya tradicional evento en la Plaza Castelli, cuyo suceso llevó a que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacara por primera vez a Dolores y a la Fiesta en su informe nacional tras cada fin de semana largo.
27 de mayo. La protesta fue consensuada en una reunión que se llevó a cabo ayer en Villa Gesell. Emitieron un documento con duras críticas en el que advirtieron que es “una decisión profundamente injusta, insensible y centralista”.
26 de mayo. El gobierno de Javier Milei oficializó los pases a disponibilidad de los trabajadores y la Provincia volvió a reclamar el traspaso a la administración bonaerense: “No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio inmobiliarios de unos pocos”.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.