El presidente Alberto Fernández firmó ayer el Decreto 711/2021 para convertir los planes sociales en empleo genuino y registrado en el sector privado, transformando las prestaciones en "incentivos para la contratación" en forma de "parte integrante del salario", informaron fuentes oficiales a Télam.
En su artículo 1, la norma dispone que las carteras de Desarrollo Social y Trabajo "efectuarán las modificaciones necesarias en sus programas de formación, empleo e intermediación laboral, con el objetivo de convertir las diferentes prestaciones de asistencia a personas desempleadas o con trabajos precarizados en incentivos para la contratación de sus beneficiarios y beneficiarias bajo la forma de empleo asalariado registrado en el sector privado".
Según se especifica, la aplicación del programa estará sujeta al cumplimiento de uno o ambos de los siguientes requisitos: "Incremento neto de la nómina del personal de la empleadora o del empleador que adhiera, de acuerdo al modo de medición que se establezca en cada sector y límites máximos de trabajadoras y trabajadores alcanzadas y alcanzados".
En el artículo 2, se indica que "la prestación se considerará parte integrante del salario respectivo en forma total o parcial, en la forma, plazo y condiciones que se determinen para cada sector de actividad".
Se establece asimismo que "en casos particulares, en función de los montos efectivos de salario y plazos de contratación vigentes, podrá establecerse la compatibilidad entre la prestación y la remuneración abonada".
"El valor de dicha prestación y su duración, las modalidades y plazos de contratación y el número máximo de trabajadoras y de trabajadores que puedan ser incorporadas e incorporados bajo estos programas serán fijados en forma conjunta por ambos Ministerios", dice además.
En los casos de pluriempleo, se establece que "deberán fijarse las reglas de distribución del incentivo entre los distintos empleadores y las distintas empleadoras".
En el artículo 3 del decreto, se afirma que los ministerios de Desarrollo Social y Trabajo deberán elaborar un "cronograma para que, en función de las posibilidades y los requerimientos que se determinen respecto de los distintos sectores económicos, todo beneficiario y toda beneficiaria de una prestación asistencial se incorpore a una trayectoria formativa ocupacional, tanto a través de cursos específicos como de prácticas calificantes en ambientes de trabajo".
En estos casos, el beneficiario mantendrá "el derecho al cobro de la prestación asistencial durante la vigencia del período de instrucción o se aplicará lo previsto en el artículo anterior cuando la práctica implique la incorporación a la planta de personal del empleador y/o de la empleadora".
Se especifica luego que "producida la discontinuidad del contrato de trabajo, las personas beneficiarias tendrán la posibilidad de volver a percibir la asistencia que establece el Programa, si el número de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social no supera los 12 meses, dentro de los 2 años anteriores al cese del contrato laboral".
En el caso de que el período de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social se encuentre entre los 8 y los 12 meses dentro de los 2 años anteriores al cese del contrato laboral, los trabajadores podrán optar entre la posibilidad de reingresar al programa de origen o acceder a la prestación por desempleo.
El Presidente había anticipado la medida el viernes pasado en el 57° Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), en el Centro Costa Salguero de la Ciudad de Buenos Aires, donde dijo que "si algo caracterizó al espacio político que hoy gobierna Argentina es la promoción de la inversión empresaria y la creación de empleo".
"Con ese mismo espíritu actuamos hoy, y por eso estamos disponiendo a través de un decreto marco un sistema que posibilite que los que hoy son beneficiarios de planes puedan ser empleados en la actividad privada sin perder ese derecho", enfatizó aquella vez, porque se necesita "impulsar el empleo registrado".
"Cambiar planes por empleo debe ser nuestro primer objetivo. De ese modo estaremos combatiendo frontalmente a la pobreza que hoy ha sumido a millones de familias argentinas", remarcó el mandatario en esa oportunidad.
07 de septiembre. Rocío Tedesco, abogada y militante de la UCR del Partido de La Costa desde muy joven, quedó al frente de la organización juvenil del radicalismo bonaerense. Cercana al senador nacional Maximiliano Abad y al diputado provincial Diego Garciarena, su designación representa además el regreso de Adelante Buenos Aires a la conducción de la Juventud Radical provincial después de más de 15 años.
04 de septiembre. El intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, adelantó los plazos previstos para las dos obras que transformarán la circulación por el corredor de la Costa Atlántica. El tramo de 72,4 kilómetros hacia Mar Chiquita atraviesa su etapa final, mientras que la nueva autovía de 48 kilómetros entre Mar de Ajó y Pinamar se licitará en octubre. “Viajar va a ser más ágil y más seguro, y eso nos beneficia a todos”, afirmó.
28 de agosto. Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, firmó un convenio con el intendente Juan Pablo García para la construcción del edificio y el dictado por parte de universidades nacionales de carreras referidas al área de nuevas tecnologías.
28 de agosto. La ciudad lanzó la campaña “Sin ir más lejos” para la próxima temporada de verano y confirmó que, desde noviembre, la Cámara Empresaria Hotelera y Gastronómica local se integrará a la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina.
24 de agosto. El jefe comunal peronista, que gobierna el distrito desde 2011, explicó que se trata de “una decisión familiar y personal” aunque aclaró: “No piensen que voy a dejar de hacer política”.
21 de agosto. La nueva casa para el deporte dolorense, una obra que permaneció inconclusa durante más de 16 años, está destinada a los clubes, las escuelas y los deportistas locales y tendrá una capacidad para albergar 1.400 espectadores.
18 de agosto. Fue luego de una reunión del gabinete municipal, encabezado por el intendente Juan de Jesús, con el gerente general de la empresa, que informó que avanza con la revisión de los casos particulares sobre los que ya fueron realizados reclamos.
12 de agosto. El jefe comunal en uso de licencia y la intendenta interina fueron procesados por haber retenido documentos de votantes en los comicios de 2019, que ganaron por 50 votos. La Justicia comprobó que 19 personas no pudieron votar por la retención de documentos, pero sospechan que el número sería mayor.