Después de una larga semana de negociaciones con las empresas que fabrican y distribuyen los productos de consumo masivo, el gobierno tratará de encaminar el cumplimiento de la resolución 1050 con la que fijó hasta el 7 de enero los precios de 1432 artículos.
La fiscalización es un déficit de la gestión, que hasta ahora no pudo evitar que las empresas aumentaran los precios a pesar de la vigencia de distintos acuerdos. En esta oportunidad hay una fuerte apuesta a que la ejerzan los municipios y las ONG de defensa del consumidor.
El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, prepara una reunión para hoy con sus pares de las provincias que participan del Consejo Federal de Ministros de Producción. También convocó, a las 14 horas, a las asociaciones de consumidores. Feletti buscará consensuar con ellas una estrategia conjunta de evaluación de la medida. “Una política pública debe ser controlada, en el sentido de evaluar su cumplimiento, y una política nacional requiere de un testeo institucional con los actores del territorio”, definió a Tiempo una fuente con conocimiento del tema que pidió el anonimato por no tener autorización para hablar del asunto en público. Agregó que la idea de Feletti es negociar un esquema de fiscalización “dentro de un paquete más amplio de articulación con las provincias que incluye todos los temas relacionados a la actividad de la Secretaría”.
La influencia de las grandes empresas del sector en los gobiernos provinciales, en particular por su peso en las economías regionales, deja planteada una dificultad en la previa de la reunión. En tanto, con el llamado a las entidades de consumidores, Comercio Interior intentará sumar a los controles a organizaciones muy informadas sobre el proceso de la formación de los precios que se exhiben en las góndolas.
Osvaldo Bassano, titular de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (Adduc), adelantó a este diario que llevarán a la cita una nota de apoyo al congelamiento y que las asociaciones que relevan precios se van a proponer para la realización del control. También indicó que le pedirán a Feletti que ponga en funcionamiento el Observatorio de Precios.
Sin judicialización
La decisión del gobierno de congelar los precios a través de la resolución 1050 disparó la reacción de los principales referentes del ámbito empresario con los que había negociado. El titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, presidente también de la federación alimenticia Copal, volvió a atribuir las subas de precios que realizan las fábricas a la presión tributaria y el aumento de los costos de producción, en particular a los energéticos, logísticos y a los insumos. También advirtió que las empresas estaban considerando llevar el asunto a la Justicia.
El titular de la Cámara de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, sumó el fantasma del desabastecimiento y disparó el debate generalizado. El viernes, con las aguas un poco más calmas, Grinman aclaró sus dichos y las alimenticias descartaron la judicialización, pero pidieron retomar las negociaciones con las autoridades. “En Comercio Interior están muy cerrados –opinaron desde una multinacional que aporta 30 productos a la lista de precios congelados por el gobierno–. El problema es que no podemos retrotraer los precios a julio porque los costos desde esa fecha nunca dejaron de aumentar. Nosotros planteamos retrotraer a octubre, pero todavía no se terminó de cerrar”.
El argumento de los costos es el habitual en el discurso de las alimenticias y otras fábricas de productos de consumo masivo. El viernes, las firmas acordaron ratificarlo como punto central de la agenda y salir a evangelizar por los medios de comunicación.
Pero hay otro argumento destacable. Las empresas están molestas porque consideran que el congelamiento arruinó uno de sus logros recientes: la eliminación del programa Precios Máximos, la lista ampliada de precios cuidados que se implementó por la irrupción del Covid-19. En el contexto de alta sensibilidad social por la pandemia, suscribieron ese acuerdo pero desde el minuto uno lucharon por su desactivación. El viejo oficio del lobby rindió frutos y en las cámaras privadas se brindó por la libertad de mercado. Pero el resultado de las PASO y el shock político posterior derivaron en el cambio de autoridades en Comercio Interior y en una nueva lista de precios administrados que las compañías tomaron como una afrenta de las autoridades al compromiso que asumieron cuando levantaron Precios Máximos.
Remarcaciones
“Estamos en el medio de la campaña electoral y para captar la atención de la gente lo más fácil es apuntar contra con los productores de alimentos”, protestaron desde el sector y aconsejaron mirar también los aumentos de la indumentaria o de los medicamentos.
El argumento del chivo expiatorio fluye entre las empresas pero coexiste con una reivindicación constante del diálogo: “Tenemos necesidad de seguir trabajando, así que estamos esperando minuto a minuto por un llamado nuevo”, cerró la fuente.
Sin embargo, muchas firmas mantienen la ambigüedad. Los panaderos de todo el país están en alerta porque los molinos les aumentaron el precio de la harina hasta $ 500 pesos por cada bolsa de 50 kilos, que en pocos días pasó de costar $ 1800 a $ 2300. En las provincias más alejadas el precio llega a $ 3000. Las panaderías también están pagando un aumento reciente del 30% en papel film que se utiliza como envoltorio. Esas subas se produjeron en los últimos días, en medio de las negociaciones entre el gobierno y las alimenticias y supermercados. Gastón Mora, titular del Centro de Panaderos de Avellaneda, consignó que se solicitó una reunión a Feletti con toda la cadena de valor. Las entidades les pidieron a sus representadas que no trasladen el precio del insumo al pan por diez días a la espera de esa reunión, pero advierten que crece la presión por un plan de lucha para darle visibilidad al reclamo.
Los supermercados también recibieron los aumentos de empresas como Molino Cañuelas, propietaria de 16 molinos y la preponderante en la formación del precio. Justamente, las cadenas de supermercados quedaron en el centro del plan de control del gobierno porque serán las que deberán garantizar los precios en exhibición. Por eso, tanto la cámara ASU, representante de las grandes cadenas, como CAS y FASA, que reúnen a las del interior del país, exhortaron públicamente a los proveedores a entregar los productos con los precios decretados. Estas declaraciones permiten prever futuros choques entre ambos sectores.
05 de diciembre. El peronismo tendrá mayoría en el Concejo Deliberante. Guillermo Ibarra fue confirmado al frente de la presidencia del cuerpo deliberativo.
03 de diciembre. Tenía 87 años y había gobernado Castelli entre 1987 y 1989, antes de asumir como diputado nacional. El actual intendente, Francisco Echarren, decretó tres días de duelo y la bandera a media asta.
02 de diciembre. El peronismo será mayoría en el Concejo Deliberante y La Libertad Avanza contará por primera vez con un edil.
28 de noviembre. Fue firmado en junio del año 2022 y se homologó ayer, con la presencia del ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, el intendente Esteban Santoro y representantes gremiales locales y regionales.
28 de noviembre. El presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados bonaerense indicó que “es absoluta prioridad” lograr su aprobación, tal como sucedió el miércoles pasado con el Presupuesto 2026 y la Ley Impositiva.
22 de noviembre. Un llamado alertó a la policía pero el hombre, oriundo de la localidad de Capital Federal, ya se encontraba sin vida
19 de noviembre. Hija del hombre que oficiaba de “mano derecha” de Diego Spagnuolo, dejó su cargo como Directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial de la cartera de Luis Caputo luego de que estallara un nuevo escándalo que sacude al gobierno nacional.