El intendente de Pinamar, Martín Yeza, fue indagado en el marco de la causa en la que se investiga el robo de al menos 55 tarjetas del Programa Alimentar en la sede de la municipalidad de esa ciudad.
Por teleconferencia, Yeza negó haber tenido participación alguna en la comisión de un delito y respondió preguntas del juez federal interino de Dolores, Martín Bava, y de la fiscalía.
El intendente de Pinamar sostuvo que por el hecho se abrieron investigaciones administrativas y que hay denuncias penales en curso y adelantó que prevé presentar un escrito con más información.
Durante su descargo, el jefe municipal explicó que el organigrama del municipio incluye más de 50 áreas por debajo del intendente y explicó así lo inconveniente que resultaría para quien ostente el cargo ocuparse del control directo de cada una, publicó la agencia DIB.
En esta causa se investiga el supuesto desvío de unos dos millones de pesos que debieron haber sido utilizados por los verdaderos destinatarios de unas 55 tarjetas del programa promovido por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación pero que fueron utilizados por otras personas.
Entre los procesados de la causa está también el funcionario municipal en uso de licencia, Javier Tumas (Desarrollo Social), y otras 4 personas acusadas de haber sido quienes usaron las tarjetas.
29 de abril. Fue en la mañana de este martes, durante una visita del jefe comunal a la Dirección de Juventud.
24 de abril. El intendente elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que permitiría abonar todas las deudas existentes al 30 de abril de 2025 –ya sean de tasas, derechos y/o contribuciones– en 18 cuotas, con quita de intereses de hasta un 80%.
22 de abril. Gustavo Barrera fundamentó la decisión por “la asfixia económica del Gobierno nacional a la Provincia y a los municipios” y “la caída de la recaudación por la menor actividad económica”.
16 de abril. Los vehículos fueron adquiridos con fondos municipales. Estarán destinados a patrullar los barrios y localidades.
09 de abril. También dijo que el Parque Termal se encuentra en estado de abandono porque la mayor parte de los turistas vienen de ese sector.
08 de abril. Denunció el posicionamiento “violento, expulsivo y discriminatorio” del gobierno de Guillermo Montenegro hacia personas en situaciones vulnerables y reclamó que la Justicia ponga “un límite a estas graves violaciones de derechos humanos”.