La Fiscalía de Bolivia notificó el pedido de una condena de 10 años de prisión en el juicio oral contra Jeanine Áñez por haberse autoproclamado presidenta tras el golpe de Estado al entonces mandatario Evo Morales en 2019. Desde la fiscalía precisaron que Áñez está acusada por incumplimiento de deberes y por llevar adelante resoluciones contrarias a la Constitución boliviana.
Caso Golpe de Estado II
El fiscal Lupe Zabala anunció que la exsenadora y exmandataria de facto, Jeanine Áñez está acusada en el marco del caso Golpe de Estado II, la ampliación del caso Golpe de Estado I. Áñez está detenida desde marzo de 2021.
“En este caso han sido acusados por los delitos de carácter ordinario, delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, debido a los hechos suscitados en noviembre de 2019. El Ministerio Público ha solicitado la pena máxima que son 10 años”, informó Zabala.
En la investigación, la fiscalía detalla que la expresidenta de facto tomó el mando del Senado en una sesión que no tenía quórum y dentro de una fuerza minoritaria, contrario a lo que determina el reglamento de debates. Áñez tampoco contaba con la renuncia formal de la entonces presidenta de la cámara de senadores. “En el caso de Adriana Salvatierra no se tiene renuncia escrita, mucho menos formalizada ante el pleno de la Cámara de Senadores”, indicaron en la imputación. En el expediente además señalan que Áñez luego se autoproclamó presidenta de Bolivia en una sesión donde no hubo acuerdo.
La presentación de la acusación contra Áñez se realizó a través de un proceso ordinario "Una de las consultas y curiosidades que ha hecho eco en la población es el hecho de que (la acusación) no se haya sujetado a un procedimiento de privilegio y sí a un procedimiento ordinario, toda vez que para algunos se trataría de una exmandataria", afirmó el secretario de la Fiscalía, Edwin Quispe.
En este sentido, Quispe explicó que "los casos Golpe I y Golpe II tienen que ver con las acciones atribuidas a la señora Jeanine Áñez antes de que se autoproclame Presidenta". Sobre la acusación, Quispe agregó que el documento recopila "todos los elementos fácticos" para demostrar la responsabilidad de Áñez, quien fue señalada en "más de 79 pruebas debidamente codificadas, más casi una veintena de declaraciones testificales".
Denuncia formal
La denuncia de esta semana fue presentada por la Procuraduría General del Estado y el ministerio de Justicia como una continuación del caso Golpe de Estado I, en el que Áñez está imputada por presuntos delitos de sedición, terrorismo y conspiración.
En la lista de acusados está el excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y de la Policía Yuri Calderón, ambos prófugos de la justicia. Según precisa el matutino La Razón, en la acusación formal también figuran Flavio Arce, excomandante de la Armada y exjefe de Estado Mayor; Carlos Orellana, excomandante de las Fuerzas Armadas; Jorge Fernández, exinspector de las Fuerzas Armadas; Jorge Gonzalo Terceros, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB); Jorge Pastor Mendieta, excomandante del Ejército; y Palmiro Jarjury, excomandante de la Armada.
"Con esta acusación se concluye lo que es la parte de la etapa preliminar del proceso de investigación para ya atender lo que va a ser la instancia del juicio oral correspondiente”, explicó Quispe.
En su cuenta de Twitter, Áñez se refirió a la acusación y afirmó que el objetivo es condenarla “a cualquier precio”. "No les importa la independencia del Órgano Judicial, el derecho del pueblo a protestar por el fraude que cometió el MAS, comprobado por la OEA; no les importa haber instigado a la violencia ni destruir el país", alegó la expresidenta de facto que se considera “el chivo expiatorio de un proyecto totalitario en contra de Bolivia”. Según Alaín de Canedo del equipo de abogados de Áñez,"quien debe decidir si alguien asumió el poder de forma constitucional o inconstitucional es el Tribunal Constitucional que hasta el momento no ha emitido ninguna resolución", dijo citado por el diario cruceño El Deber.
23 de octubre. El legislador Jorge Paredi está en San Pablo, Brasil, de cara al ballotage entre Lula y Flavio Bolsonaro del próximo domingo.
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