La primera cartonera en llegar al Congreso buscará marcar agenda en el recinto

A Natalia Zaracho le llevó mucho tiempo pensarse a sí misma como una trabajadora. Pasaron dos décadas de aquel 2001 que la empujaron a dejar la escuela para salir a recorrer las calles de Buenos Aires en búsqueda de algo para comer. Hoy, a sus 32 años, será la primera cartonera en ocupar una banca en el Congreso: pese a no haber sido candidata en las últimas elecciones, Zaracho asumirá como diputada nacional a partir de un corrimiento que se producirá este mes en el bloque oficialista.

Sucede que en 2019 ocupó el 26° casillero de la lista bonaerense del Frente de Todos en nombre de su espacio político, el Frente Patria Grande. En abril de este año ingresó a la Cámara de Diputados Lisandro Bormioli, el 25° de esa lista, quien reemplazó al camporista Andrés “Cuervo” Larroque, que asumió como ministro de Axel Kicillof. Zaracho debería reemplazar a Daniela Vilar, otra diputada de La Cámpora que fue convocada al gabinete bonaerense.

Patria Grande es la fuerza que lidera el dirigente social Juan Grabois y cuyos representantes en la Cámara baja son los diputados Itai Hagman y Federico Fagioli. Ambos forman parte de la bancada que preside Máximo Kirchner, a la que se sumará a partir de ahora la referente barrial.

Promotora ambiental y de salud, Zaracho nació y vive en Villa Fiorito, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. Durante gran parte de su vida trabajó limpiando casas, hasta que a los 24 años se organizó y comenzó a militar en un comedor comunitario. Su madre fue una de las impulsoras de la primera cooperativa cartonera que organizó el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), denominada “El Amanecer de los Cartoneros” y que hoy, con 4000 afiliados, es la más grande del país. “A mí me daba mucha vergüenza cuando empecé a cartonear. Tener que encontrar en el descarte de otro, en la basura de otro, algo para meter adentro de la olla”, comentó

Aunque reconoce que no basta con una banca para lograr cambios profundos, Zaracho lee su aterrizaje en el recinto de la Cámara de Diputados como un momento trascendental en la historia del sector que representa: “Es una conquista que hoy, 20 años después del 2001, se dé que alguien de un barrio pueda estar en el Congreso y ser parte de las discusiones, ocupando un lugar de decisión y colaborando para que dejen de hacerlo por nosotros”.

“Hoy tenemos una representación política que en ese momento no teníamos, y tenemos la experiencia de la organización popular”, agrega la dirigente social, al tiempo que alerta acerca de que “las consecuencias de lo que se decide en el Congreso las terminamos sufriendo los sectores populares”. “Al nosotros no tener representación, las discusiones las terminaron ganando siempre las minorías que defienden intereses muy claros”, denuncia.

"Empecé a militar territorialmente en 2015, en un comedor comunitario. Un grupo de pibes de la universidad iban a dar apoyo escolar y se armó un espacio de discusión política. Desde ese momento me empecé a involucrar y a sentirme identificada. A mí me costó mucho reconocerme como militante. Siempre pensaba que el militante venía de afuera. También me costó mucho reconocerme como trabajadora de la economía popular. Hoy digo orgullosamente que soy cartonera, porque es lo que me hizo salir adelante, lo que me hizo entender que la organización colectiva es posible y que tengo que defenderla". manifestó

Zaracho recalca la importancia de impulsar la agenda de los movimientos sociales plasmada en la consigna Tierra, Techo y Trabajo. Sin ir más lejos, la semana pasada, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) protagonizó una marcha del Obelisco a las puertas del Congreso en reclamo de la sanción de una batería de leyes en ese sentido, entre las que sobresalía una: la ley de envases.

Según indica la letra del proyecto, que ya cuenta con dictamen de mayoría en Diputados, la medida propone gravar con una tasa de hasta el 3% todos los productos envasados. El objetivo es destinar su recaudación a la gestión integral y reciclaje de los envases para amortiguar su impacto ambiental. Sin embargo, desde la oposición y distintos sectores empresariales denuncian que la ley representa un “impuestazo” que, de sancionarse, repercutiría en el precio final que pagan los consumidores. Un sector del oficialismo tampoco la respalda.