La discusión por la retención o aporte voluntario que las organizaciones sociales aplican a beneficiarios de planes sociales que militan en esos espacios impactó también en la provincia de Buenos Aires. El gobierno de Axel Kicillof decidió abrir una línea telefónica de reclamo para denunciar este tipo de prácticas. La decisión, impulsada por el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, también tiene como trasfondo la discusión con las organizaciones sociales que manejan planes.
“Si vivís en la provincia de Buenos Aires y sos destinatario de Programas sociales recordá que es tu derecho recibir la totalidad de la prestación. Nadie puede retenerte o quitarte una suma de dinero que te corresponde”, explican desde el gobierno a partir de un spot que dio a conocer Larroque en sus redes.
Ante la revelación de que algunas organizaciones sociales y políticas juntan aportes voluntarios de militantes que son beneficiarios de planes sociales para gastos de logística como alquileres de merenderos o de transporte de mercadería. Así lo reveló por ejemplo el legislador porteño por el Partido Obrero, Gabriel Solano.
El Polo Obrero reconoció de manera oficial que retiene el 2% de los 19.000 pesos que cada uno de sus 60.000 beneficiarios reciben del Programa Potenciar Trabajo. Esto sería unos 22.800.000 pesos mensuales si el aporte involucra a todos los que reciben el plan. La cifra anualizada asciende a 273.600.000 pesos. El Polo Obrero es hoy la organización piquetera de mayor poder de movilización y que mantiene un frente abierto de conflicto con el ministerio de Desarrollo Social de la Nación que conduce el albertista, Juan Zabaleta.
En medio de esta disputa, el ministerio provincial que conduce Larroque decidió intervenir con la puesta en marcha de una línea telefónica donde denunciar las retenciones no consentidas de fondos de planes sociales. “Estamos recabando la información y procesando las denuncias que nos hacen. Desde la semana pasada, los casos se multiplican”, explicaron a Infobae voceros del ministerio que conduce el camporista. A partir de las próximas semanas habrán acciones concretas e información pública de cuál es el cuadro de situación.
Eduardo Belliboni, el principal dirigente del Polo Obrero, asegura que esa quita en los haberes que reciben las personas más vulnerables a través del ministerio de Desarrollo Social “no es compulsivo” sino que es “un aporte voluntario de los ingresos votado en las asambleas”. A través de un comunicado que le hicieron llegar a este medio también se aclara que la Mesa Directiva del Polo Obrero afirma que en esas mismas asambleas “se rinde cuentas sistemáticamente sobre los ingresos y gastos y se aprueba colectivamente el destino de los recursos que son de todas y todos los compañeros”.
Desde el área que conduce Larroque admiten que el programa Potenciar Trabajo es el que mayor se distribuye en territorio bonaerense. Se trata de un programa regulado por la secretaría de Economía Social del ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Esa secretaría la conduce quien también es líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico. El dirigente social de mayor con el que cuenta el presidente Alberto Fernández. Este programa tiene un presupuesto asignado para 2022 de 243.126.690.730 pesos que es destinado a 1.271.215 titulares activos en todo el país. Su área es la única autorizada a dar altas y bajas del Potenciar Trabajo. El Frente de Lucha Piquetero viene reclamando por la universalización y apertura de dicho programa en las distintas movilizaciones de fuerte despliegue que suelen realizar hasta la sede ministerial en el centro porteño. El gobierno ya avisó que no concederá esa demanda.
La provincia de Buenos Aires está lejos del volumen de asistencia social con el que cuenta la Nación. El ministerio de Larroque administra entre planes, becas y convenios 39 tipos de asistencias diferentes con un alcance de menor impacto, cuyos montos fueron actualizados en un 60% semanas atrás.
Pero según adelantaron ya recibieron denuncias -a la línea telefónica 221223002- que no solo corresponden al Potenciar Trabajo. Una vez recibidos los testimonios, la cartera de Larroque hace una asesoramiento y seguimiento sobre cada denunciante en el que se le explica con asistentes sociales dónde y cómo hacer el reclamo pertinente. Luego de esa instancia la intervención y penalidad debiera pasar por el ministerio que administra Zabaleta, aunque en el ministerio bonaerense no descartan también iniciar acciones legales.
25 de enero. El avance del cuentapropismo, la informalidad y los trabajos fragmentados ya no es una excepción sino una regla. Casi la mitad de los ocupados trabaja fuera del empleo formal tradicional, en un mercado laboral que se reconfigura al ritmo de la crisis económica.
05 de enero. El intendente Juan Pablo García dispuso una reducción salarial que incluye a su propio cargo como parte de una política de austeridad y ordenamiento financiero. Desde este lunes se encuentra de licencia y será reemplazado por Guillermo Ibarra hasta el 15 de enero.
02 de enero. Cristian Popovich, que gobernó el distrito entre 2009 y 2015, recibió una condena excarcelable de 2 años y 6 meses, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
02 de enero. Nahuel Guardia solicitó una reunión con las autoridades de la empresa prestadora del servicio para evaluar una posible cooperación en la realización de obras que sean necesarias para evitar la falta de presión y la interrupción total del suministro.
29 de diciembre. A instancias de Juan Pablo García, el Concejo Deliberante tratará esta tarde una normativa que “incorpora nuevas herramientas para combatir la contaminación sonora y mejorar la seguridad vial”.
29 de diciembre. Un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP) evaluó la transparencia fiscal de los 135 municipios bonaerenses y determinó que 13 comunas de la Quinta Sección cumplen con la publicación completa de datos presupuestarios y de ejecución, mientras que otras presentan niveles medio, bajo o nulo de cumplimiento.
24 de diciembre. Un paro de empleados municipales por tres días expone un fuerte conflicto salarial con la gestión local, afecta servicios esenciales y vuelve a encender alertas en el mapa político bonaerense, en un escenario que no es aislado y se repite en distintos distritos.
18 de diciembre. La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general el proyecto de ley, pero en la votación en particular el capítulo XI fue impugnado. El proyecto ahora pasa al Senado.