En la última sesión ordinaria, el Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto impulsado por la legisladora del Frente de Todos, Gabriela Demaría, con el objetivo de modificar e incorporar artículos a la Ley 14.374 ampliando los derechos de las consumidoras y los consumidores vinculados a los cambios y devoluciones de bienes en el marco de las relaciones de consumo.
La iniciativa, que ahora fue girada a la Cámara de Diputados, establece por un lado que las personas consumidoras “contarán con un plazo mínimo de 30 días para realizar el cambio o la devolución de los bienes adquiridos” y que “al recibir el cambio o la devolución, el proveedor está obligado a reconocer el valor del producto al momento de realizada la compra”.
Además, en el mismo artículo incorpora que “si al efectuarse el cambio de producto existiere un saldo a favor de la persona consumidora, el proveedor deberá reembolsar la diferencia en dinero en efectivo o a través de una nota de crédito, a elección del consumidor. Del mismo modo deberá proceder en caso de que opte por devolver el producto”.
Por otro lado, el proyecto impulsado por la Dra. Demaría, presidenta de la Comisión de Usuarios y Consumidores del Senado bonaerense, propone incorporar a la norma un artículo para que la protección también alcance a los usuarios y las usuarias de servicios, quienes podrán efectuar la solicitud de baja sin que medien restricciones de días y horarios. De esta forma, la misma podrá efectuarse en forma presencial en sus locales comerciales o por cualquier medio de comunicación utilizado por la empresa para vincularse con las personas usuarias.
“La constante evolución del Derecho del Consumidor impone el desafío de sancionar normas y renovar las ya vigentes, con el objetivo de que reconozcan la realidad actual de distintas situaciones o problemáticas que son de la órbita de esa rama del derecho”, explicó la senadora provincial por la Quinta Sección en los fundamentos del proyecto.
"Tal es el caso de la Ley 14.374, que buscamos modificar para ampliar los derechos de las personas usuarias y consumidoras en la provincia de Buenos Aires, incorporando estos aspectos que actualmente no se contemplan”, concluyó Demaría.
02 de febrero. Juan Ibarguren anticipó que apelará la medida cautelar del Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Dolores que suspendió las actividades motorizadas en La Frontera. Afirmó que se trata de una práctica “cultural” de Pinamar, defendió su impacto económico y pidió más controles en lugar de prohibiciones.
02 de febrero. El intendente Juan Pablo García confirmó un nuevo incremento salarial que se cobrará con los haberes de febrero. El aumento impacta en el sueldo básico, alcanza a jubilados municipales y consolida una recomposición que quedó por encima de la inflación.
25 de enero. El avance del cuentapropismo, la informalidad y los trabajos fragmentados ya no es una excepción sino una regla. Casi la mitad de los ocupados trabaja fuera del empleo formal tradicional, en un mercado laboral que se reconfigura al ritmo de la crisis económica.
05 de enero. El intendente Juan Pablo García dispuso una reducción salarial que incluye a su propio cargo como parte de una política de austeridad y ordenamiento financiero. Desde este lunes se encuentra de licencia y será reemplazado por Guillermo Ibarra hasta el 15 de enero.
02 de enero. Cristian Popovich, que gobernó el distrito entre 2009 y 2015, recibió una condena excarcelable de 2 años y 6 meses, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
02 de enero. Nahuel Guardia solicitó una reunión con las autoridades de la empresa prestadora del servicio para evaluar una posible cooperación en la realización de obras que sean necesarias para evitar la falta de presión y la interrupción total del suministro.
29 de diciembre. A instancias de Juan Pablo García, el Concejo Deliberante tratará esta tarde una normativa que “incorpora nuevas herramientas para combatir la contaminación sonora y mejorar la seguridad vial”.
29 de diciembre. Un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP) evaluó la transparencia fiscal de los 135 municipios bonaerenses y determinó que 13 comunas de la Quinta Sección cumplen con la publicación completa de datos presupuestarios y de ejecución, mientras que otras presentan niveles medio, bajo o nulo de cumplimiento.