Procesan al ex juez de Dolores Carlos Facio por encubrimiento en los “vuelos de la muerte”

El ex juez de Dolores, Carlos Facio, fue procesado sin prisión preventiva por su participación en el encubrimiento de los “vuelos de la muerte” ocurridos durante la última dictadura cívico-militar, y se le trabó un embargo por 5 millones de pesos. Facio fue considerado co-autor en 14 hechos de “encubrimiento, en concurso ideal con abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario”.

El juez federal de Dolores Martín Bava también procesó al médico de policía Miguel Cabral, el ex jefe de Catastro de la Municipalidad de General Lavalle, Juan Domingo Montenegro y los ex policías Mario Castronuovo, José Llorens, Francisco Aristegui, Domingo Oscar Martínez, Edgardo Luchetti y Juan Antonio Estrada, todos sin prisión preventiva. Por el contrario, fue sobreseído el ex policía Santiago Piñero.

A todos ellos se les imputó su participación en las maniobras de encubrimiento en los hallazgos de cadáveres -particularmente los de diciembre de 1978- ocurridos en la Costa Atlántica bonaerense durante la última dictadura militar, lo que impidió su identificación.

En un fallo de 160 páginas, el magistrado estimó que Facio “no llevó adelante ninguna acción para comprobar las circunstancias en que se cometieron los 14 asesinatos que tenía acreditado” y que “impidió el reconocimiento de tres Madres de Plaza de Mayo que se encontraban buscando a sus hijos desaparecidos por fuerzas militares tiempo atrás”.

Carlos Augusto Facio fue juez titular del Juzgado en lo Penal Nº 2 del Departamento Judicial de Dolores desde 10 de agosto de 1976 hasta mediados de 1984. Intervino en 14 expedientes vinculados a hallazgos de cadáveres sucedidos entre el 16 y el 20 de diciembre de 1978.  

El juez Bava le reprocha que “estos 14 expedientes fueron tramitados por separado. Como hechos aislados, el imputado en ningún momento los vinculó e inició una investigación que relacionara los hallazgos de todos esos cuerpos, la búsqueda de la causal de muerte y la identificación de los mismos. De esta forma, los expedientes fueron cerrados en plazos exiguos. Como máximo duraron 6 meses abiertos, algunos de ellos sólo dos. Es decir que, para junio de 1979, todas estas causas habían sido archivadas, sin que haya mediado ninguna medida probatoria conducente para intentar descubrir la verdad de lo acontecido”.

En ese sentido, Facio actuó simulando que llevaba adelante una investigación, pero su accionar se redujo al control de unas mínimas medidas de prueba, “muchas de ellas carente de sentido y hasta contradictorias entre sí”.

Muchos de los testigos de estos hallazgos -la mayoría bomberos voluntarios- indicaron que estos cadáveres se hallaban desnudos, con las manos atadas, con diferentes quebraduras y lesiones que daban cuenta que habían sido torturados. Algunos hasta tenían heridas de bala. Sin embargo, todo esto se ocultó en los expedientes judiciales.

A los policías se los acusa de omitir “llevar adelante una investigación que cruzara y conectara todos los expedientes, lo cual era una obviedad, si realmente se quisiera haber investigado la verdad de lo ocurrido”.

Al médico Cabral se le imputó haber realizado informes de autopsias falaces, que se compararon con los de otros forenses que intervinieron en otros de los casos y señalaron la violencia de la muerte de todos ellos.

Montenegro, por su parte, era responsable del cementerio de General Lavalle, donde fueron enterrados los cadáveres hallados en las costas bonaerenses, que fueron inhumados en una fosa común como NN, fuera de los procedimientos habituales para este caso.