La Cámara Nacional Electoral confirmó la resolución del juez federal Alejo Ramos Padilla, que había desaprobado los informes finales de recursos y gastos de la campaña electoral que Cambiemos desarrolló en territorio bonaerense para las PASO de 2017, cuando María Eugenia Vidal era gobernadora.
En el fallo -al que tuvo acceso la agencia Télam- el máximo tribunal electoral confirmó la sentencia del magistrado, que había sido apelada por Juntos por el Cambio y dispuso que se tramiten “las actuaciones pertinentes, a fin de determinar las eventuales responsabilidades personales que pudieran corresponder de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 146 y concordantes del Código Electoral Nacional”.
Además, la Cámara Nacional Electoral ratificó que se debía “sancionar con la pérdida de aportes públicos extraordinarios para la campaña que hubieran correspondido a los partidos como integrantes de la alianza” y dispuso que se investigara a los eventuales responsables de las “numerosas irregularidades” detectadas.
EL FALLO DE RAMOS PADILLA
En febrero de 2022, Ramos Padilla desaprobó los gastos de campaña electoral de Vidal y sancionó con multas a los espacios que conformaron la alianza Cambemos como el PRO, con $3.246.965; la UCR y la Coalición Cívica, con $990.599 cada uno; y los partidos Demócrata Progresista, Conservador Popular, Demócrata, Unión del Centro Democrático, Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, Fe, del Diálogo y Movimiento Social por la República, que recibieron todos sanciones pecuniarias por $34.395.
En esa causa, la Justicia investigó si el entonces gobierno de Vidal inscribió a cientos de beneficiarios de subsidios sociales como supuestos aportantes a la campaña electoral que Cambiemos realizó en la provincia de Buenos Aires para las listas de candidatos diputados nacionales, que encabezaba Graciela Ocaña, y el binomio de postulantes a Senadores que integraban Esteban Bullrich y Gladys González.
El caso se conoció por una nota periodística difunda en 2018, en la que se reveló que unas 205 personas de bajos ingresos y que recibían planes sociales figuraban como donantes de fondos de la campaña para la entonces coalición gobernante.
Esas personas -llegaron a detectarse a miles- figuraban como afiliados al PRO que habían realizado aportes millonarios mediante pequeñas donaciones de entre $350 y $1.500.
En el fallo, Ramos Padilla afirmó que el cuerpo de auditores contadores de la Cámara Nacional Electoral (CNE) determinó que la información suministrada por Cambiemos sobre los ingresos públicos para aquella campaña “no coincidía” con la aportada por la Dirección Nacional Electoral.
A la vez, el magistrado remarcó que, de acuerdo a los peritajes, el 95% de los aportes privados fueron en efectivo y detalló que cuando los peritos cruzaron datos de los supuestos donantes con el Registro Nacional de Electores, “los DNI no se correspondían”.
“Además, el magistrado consignó que la auditoría realizó un entrecruzamiento de datos con la base de monotributistas de AFIP, en el cual se expuso un listado de 179 aportantes cuyas contribuciones superaban el 30% de sus facturaciones mensuales”, añadió.
También se detectó que 40 aportantes “podrían estar encuadrados en alguna de las prohibiciones establecidas por la normativa vigente por existir elementos que los vinculan con empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas o proveedores de la Nación o la provincia; o bien por superar los topes establecidos”.
Paralelamente, se detectaron 209 personas “que pese a haber realizado considerables donaciones de dinero, percibían algún plan o beneficio de Anses” y en el expediente se graficó que había aportantes que presuntamente donaron 20 mil pesos, pero percibían el Programa Hogar (para la compra de garrafas sociales), o aportaron 17 mil pesos y cobraban la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Así, el magistrado rechazó la rendición de gastos porque Cambiemos “no pudo acreditar el origen y destino de los fondos de la campaña electoral”, y pidió que se extraigan testimonios para que se investigue penalmente el caso.
27 de octubre. Tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, La Libertad Avanza contará con las bancas necesarias para asegurar el sostenimiento de los eventuales vetos presidenciales.
26 de octubre. La Libertad Avanza se impuso en 23 de los 27 distritos en los comicios en los que se eligieron diputados nacionales, cuando en las elecciones provinciales de septiembre apenas había ganado en 8. Fuerza Patria ganó solamente en Castelli, Pila, General Guido y Rauch.
26 de octubre. El dato cobra más relevancia porque tan solo un mes y medio antes habían perdido por 14 puntos en el mismo territorio.
26 de octubre. Se revirtieron los resultados provinciales del pasado 7 de septiembre, cuando el peronismo se alzó con el 60% de los votos. En Castelli y General Guido triunfó Fuerza Patria, mientras que en Lezama, Tordillo y Maipú prevaleció LLA.
17 de octubre. El secretario de Energía, Daniel González, confirmó que en el Presupuesto 2026 la Zona Fría sólo se mantendrá para región original del año 2002, es decir, que quedarán al margen los 77 distritos de la provincia de Buenos Aires.
12 de octubre. El senador electo, Jorge Paredi y el intendente interino, Fabián Jacquet, recibieron en Mar Chiquita a Jorge Taiana, primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria.
23 de septiembre. La normativa establece que los comercios y prestadores de servicios tendrán la obligación de permitir que los clientes operen los posnets por sí mismos.