Los 15 intendentes de la Quinta Sección de Juntos por el Cambio firmaron el duro comunicado de la alianza opositora en el que denuncia al gobernador Axel Kicillof de discriminarlos a la hora del envío de fondos. La declaración surgió del foro que nuclea a los 58 jefes comunales cambiemitas del territorio bonaerense, que se reunió en La Plata. Afirman que lo hace por motivos electorales, pero que a la vez perjudica la vida de “seis millones de bonaerenses”.
El documento fue rubricado por los 15 intendentes de JxC: Emilio Cordonnier (Ayacucho), Esteban Reino (Balcarce), Camilo Etchevarren (Dolores), Osvaldo Dinapoli (General Belgrano), José Rodríguez Ponte (General Lavalle), Carlos Santoro (General Madariaga), Guillermo Montenegro (General Pueyrredon), Arnaldo Harispe (Lezama), Juan José Fioramonti (Lobería), Matías Rapallini (Maipú), José Castro (Monte), Martín Yeza (Pinamar), Roberto Suescún (Rauch), Miguel Ángel Gargaglione (San Cayetano) y Miguel Ángel Lunghi (Tandil).
“Los intendentes de Juntos por el Cambio estamos en estado de alerta por el desfinanciamiento que sufren en la actualidad nuestros municipios, manifestamos nuestra gran preocupación por una parte por la demora en el pago de diversos conceptos”, reclamaron en el documento titulado “Al señor Gobernador de la provincia Axel Kicillof”.
Tras un encuentro que se realizó en la casa de la Provincia, en calle 51 entre 8 y 9, los intendentes del PRO y la UCR decidieron dejar asentado por escrito sus objeciones a la administración Kicillof y entregarlas en un documento formal que llevará la firma de los 58, para darle un mayor peso formal, según informó la Agencia DIB.
Allí, los alcaldes sostuvieron que hay incumplimiento de temas acordados a la hora de sancionar el presupuesto provincial y que se encuentran con demoras significativas, entre ellas por “la falta de pago a muchos municipios de aportes del tesoro provincial para compensar la caída de CUD (coparticipación), cuya cancelación estaba prevista en desembolsos para marzo y junio”.
También se detalló “el financiamiento por parte de los municipios de un porcentaje significativo de los Torneos Bonaerenses, la falta de cumplimiento de convenios celebrados para el funcionamiento de las policías en los distritos por parte del Ministerio de Seguridad (Fondo Municipal de Seguridad), o los que tienen que ver con las acciones planteadas en los convenios celebrados con el Ministerio de las Mujeres, por ejemplo”.
A su vez, cuestionaron la “excesiva intencionada burocracia y duplicidad de controles (cuestiones que se acordó oportunamente simplificar y disminuir), sumada a la importante demora en el pago de los anticipos y/o certificados correspondientes, en un contexto de una altísima inflación que no para de crecer, que obliga en muchos casos a la paralización de obras comprometidas con la consecuente falta de respuestas a nuestros vecinos que esperan la ejecución y el cumplimiento de las mismas, a su vez que se ponen en riesgo miles de puestos de trabajo generados a partir de ellas”.
Por otra parte, el documentó planteó “la insuficiente actualización del valor de las prestaciones abonadas por el IOMA y la demora en la cancelación de las mismas, que dificultan seriamente el normal funcionamiento de nuestros efectores de salud”, afectando seriamente las prestaciones que reciben los afiliados.
En cuanto al pago del bono de $ 60.000 a los empleados municipales, se graficó que “se toman medidas de manera unilateral que afectan el normal desenvolvimiento de nuestros municipios y que al no ser acompañadas con los recursos suficientes para hacer frente a dichas obligaciones, también generan inconvenientes en los gobiernos locales, en un contexto de absoluta dificultad financiera”.
Los intendentes de Juntos por el Cambio apostaron a “la sana convivencia democrática, al diálogo y el consenso político, por lo que seguimos aguardando ser convocados a partir de nuestro pedido de audiencia del 7 del corriente mes”.
“Apostamos a poder construir una provincia mejor para cada unos de los bonaerenses”, remarcaron y concluyeron: “Somos 58 intendentes que gobernamos municipios donde habitan más de 6 millones de bonaerenses a lo largo y a lo ancho de más de 170.000 kilómetros cuadrados de nuestra querida provincia”.
02 de febrero. Juan Ibarguren anticipó que apelará la medida cautelar del Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Dolores que suspendió las actividades motorizadas en La Frontera. Afirmó que se trata de una práctica “cultural” de Pinamar, defendió su impacto económico y pidió más controles en lugar de prohibiciones.
02 de febrero. El intendente Juan Pablo García confirmó un nuevo incremento salarial que se cobrará con los haberes de febrero. El aumento impacta en el sueldo básico, alcanza a jubilados municipales y consolida una recomposición que quedó por encima de la inflación.
25 de enero. El avance del cuentapropismo, la informalidad y los trabajos fragmentados ya no es una excepción sino una regla. Casi la mitad de los ocupados trabaja fuera del empleo formal tradicional, en un mercado laboral que se reconfigura al ritmo de la crisis económica.
05 de enero. El intendente Juan Pablo García dispuso una reducción salarial que incluye a su propio cargo como parte de una política de austeridad y ordenamiento financiero. Desde este lunes se encuentra de licencia y será reemplazado por Guillermo Ibarra hasta el 15 de enero.
02 de enero. Cristian Popovich, que gobernó el distrito entre 2009 y 2015, recibió una condena excarcelable de 2 años y 6 meses, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
02 de enero. Nahuel Guardia solicitó una reunión con las autoridades de la empresa prestadora del servicio para evaluar una posible cooperación en la realización de obras que sean necesarias para evitar la falta de presión y la interrupción total del suministro.
29 de diciembre. A instancias de Juan Pablo García, el Concejo Deliberante tratará esta tarde una normativa que “incorpora nuevas herramientas para combatir la contaminación sonora y mejorar la seguridad vial”.
29 de diciembre. Un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP) evaluó la transparencia fiscal de los 135 municipios bonaerenses y determinó que 13 comunas de la Quinta Sección cumplen con la publicación completa de datos presupuestarios y de ejecución, mientras que otras presentan niveles medio, bajo o nulo de cumplimiento.