En una sesión encabezada por su presidente, Alejandro Dichiara, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó el proyecto de ley de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género.
Además, avanzaron la creación del Observatorio Estatal de Violencia y Acoso Laboral, un proyecto que establece la formación económico financiera integral en el ámbito educativo y hubo repudios a la visita a genocidas, al desmantelamiento de la CONADI y al accionar de la justicia federal en la investigación por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, otros de los temas en debate.
El proyecto integral contra la violencia fue presentada por el gobernador Axel Kicillof en la apertura de sesiones del año pasado, y elaborado a través del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual junto con legisladores, legisladoras, representantes del Poder Judicial y de la sociedad civil.
La iniciativa tiene por objetivo “garantizar y promover una vida libre de violencias por razones de género” y busca actualizar el marco normativo vigente -la ley 12.569 de violencia familiar- e incorporar los lineamientos de la Convención de Belém do Pará y de la Ley nacional 26.485.
29 de abril. Fue en la mañana de este martes, durante una visita del jefe comunal a la Dirección de Juventud.
24 de abril. El intendente elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que permitiría abonar todas las deudas existentes al 30 de abril de 2025 –ya sean de tasas, derechos y/o contribuciones– en 18 cuotas, con quita de intereses de hasta un 80%.
22 de abril. Gustavo Barrera fundamentó la decisión por “la asfixia económica del Gobierno nacional a la Provincia y a los municipios” y “la caída de la recaudación por la menor actividad económica”.
16 de abril. Los vehículos fueron adquiridos con fondos municipales. Estarán destinados a patrullar los barrios y localidades.
09 de abril. También dijo que el Parque Termal se encuentra en estado de abandono porque la mayor parte de los turistas vienen de ese sector.
08 de abril. Denunció el posicionamiento “violento, expulsivo y discriminatorio” del gobierno de Guillermo Montenegro hacia personas en situaciones vulnerables y reclamó que la Justicia ponga “un límite a estas graves violaciones de derechos humanos”.