La denuncia que Cristian Ritondo enfrenta en la Justicia por supuestos delitos de enriquecimiento ilícito, encubrimiento, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público fue ampliada con más propiedades que pertenecerían al diputado nacional. Se trata de 14 desarrollos inmobiliarios con 373 unidades funcionales, la mayoría en la Ciudad de Buenos Aires y otras en Pinamar que, según el escrito, ascenderían a un valor de venta de más de US$ 55 millones de dólares.
El jefe de bloque Pro desestimó las acusaciones en su primera aparición pública desde que se conoció la investigación periodística de ElDiarioAR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), donde se lo involucra a través de su esposa, Romina Aldana Diago, con sociedades implicadas en la compra de propiedades en Miami valuadas en 2,6 millones de dólares y que no están declaradas.
En diálogo con La Nación, Ritondo explicó que “cuando falleció mi padre, en 2008, me hice cargo de la empresa que él tenía. Una desarrolladora inmobiliaria que se dedica a construir y comercializar edificios. Como es lógico, la empresa cuenta con unidades funcionales de los edificios que construye, destinadas a su comercialización. Esto no es irregular, sino una práctica estándar en el rubro. Está todo correctamente declarado, que investiguen todo lo que tengan que investigar porque no van a encontrar ni una sola irregularidad”.
Los emprendimientos inmobiliarios en el país fueron incorporados como datos al expediente en curso por el abogado Jeremías Rodríguez, la misma persona que denunció a Ritondo e inició la causa que tramita en el Juzgado Correccional y Criminal Federal Nº 2 de Comodoro Py, a cargo del juez Sebastián Ramos y el fiscal Eduardo Taiano.
“Es realmente obsceno que un diputado nacional, que fue funcionario público toda su vida adulta, tenga semejante cantidad de inmuebles y vehículos”, consideró Rodríguez en diálogo con LA NACION. “No pueden tapar el sol con un dedo, de solo caminar por Pinamar y hablar con los vecinos te das cuenta que el nivel de vida de Ritondo no se condice con el de un servidor público”, sumó. Rodríguez basa la ampliación de su denuncia en una investigación periodística de El Disenso.
Además, la denuncia consigna que la sociedad Emprendimientos Rivadavia SA “podría no ser el único desarrollo inmobiliario” de Ritondo. Para dar cuenta de ello, cita la investigación periodística y señala que “de acuerdo a sus DDJJ, posee desde 2018 crédito y deudas con Ardax SA, una empresa radicada en Uruguay, responsable de emprendimientos inmobiliarios súper VIP como el caso de Reserva Montoya, un barrio privado con lotes de 1000 metros cuadrados a cuatro cuadras del mar, entre La Barra y Manantiales, Punta del Este, con 400 metros de costa sobre Laguna Blanca, club house, wellness center, parador para residentes y seguridad 24 horas”. Y sentencia: “En 2019, Ritondo declaró la adquisición de un lote en Uruguay, con fecha abril de 2018, por $3.383.325,69. La compra fue realizada a Ardax SA”.
A pesar de que la fiscalía ya acusó recibo de la ampliación de la denuncia, fuentes del despacho del fiscal Taiano confirmaron a este medio que no habrá novedades de la causa hasta después de fin de año.
La denuncia original contra Cristian Ritondo
La acusación inicial se desprendió de una investigación de ElDiarioAR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), donde se involucra al jefe del bloque Pro en Diputados a través de su esposa, Romina Aldana Diago, con sociedades implicadas en la compra de propiedades en Miami valuadas en 2,6 millones de dólares.
Según se consigna en la presentación judicial, Diago aparece como gestora y beneficiaria de empresas registradas en Florida, Islas Vírgenes Británicas y Delaware. Entre las propiedades adquiridas figura un departamento en Miami Beach, comprado en 2013 mediante Goformore LLC, una sociedad dirigida por Diago en ese entonces. Estas operaciones, ocurridas mientras Ritondo ocupaba cargos públicos, son las razones por las que se lo investiga por los delitos de enriquecimiento ilícito, encubrimiento y abuso de autoridad.
La denuncia presentada por Rodríguez subraya que la responsabilidad de estas actividades recae en ambos cónyuges debido a su vínculo matrimonial. Rodríguez también acusó al dirigente de realizar acuerdos cuestionables con políticos oficialistas, perjudicando a Pro. Las propiedades vinculadas a Diago incluyen otras adquisiciones por medio de sociedades como Sunstar Point y Bonita Holdings, con activos valuados en cientos de miles de dólares.
“Claramente se trata de una operación en mi contra, y la información publicada es inexacta”, indicó Ritondo a La Nación sobre esta primera acusación. “Haré las aclaraciones correspondientes, dónde y cuándo corresponda”, resumió.
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18 de agosto. Fue luego de una reunión del gabinete municipal, encabezado por el intendente Juan de Jesús, con el gerente general de la empresa, que informó que avanza con la revisión de los casos particulares sobre los que ya fueron realizados reclamos.
12 de agosto. El jefe comunal en uso de licencia y la intendenta interina fueron procesados por haber retenido documentos de votantes en los comicios de 2019, que ganaron por 50 votos. La Justicia comprobó que 19 personas no pudieron votar por la retención de documentos, pero sospechan que el número sería mayor.
11 de agosto. Desde diciembre de 2023, las tarifas eléctricas de EDEA acumulan aumentos que van del 480% al 620%, según la categoría de usuario. Un incremento que tiene su raíz en la profunda transformación de la política energética definida por el gobierno nacional: reducción de subsidios, recomposición del precio mayorista y mayor traslado del costo de la energía a los usuarios. Por qué no todos tuvieron el mismo aumento y cuánto se encareció la electricidad frente al resto de los precios.
07 de agosto. Luego de casi 12 horas de sesión, el proyecto de ley fue aprobada en general con 37 votos a favor y 33 en contra. Durante su tratamiento se eliminaron los capítulos referidos a la compra de tierras por parte de extranjeros y a los cambios vinculados a la Ley de Manejo del Fuego.
06 de agosto. El gobierno municipal del peronista de Juan Pablo García decidió denominarlo “Estadio Ciudad de Dolores”. “La iniciativa afecta principios básicos de convivencia democrática y respeto por las decisiones institucionales de la ciudad”, argumentaron los radicales dolorenses en un documento.
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