A través de un informe titulado "La violencia estatal desplegada por el gobierno municipal de General Pueyrredon", la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) recopiló el accionar de la Patrulla Municipal durante el 2024 y el 2025 y expuso la violencia estatal desplegada por el municipio contra los sectores más vulnerables de la población: personas en situación de calle y personas que realizan tareas de subsistencia, especialmente cuida coches ("trapitos") o limpiavidrios.
La CPM, que viene siguiendo de cerca lo que sucede en Mar del Plata con los polémicos operativos callejeros del intendente de Guillermo Montenegro, a quien ya denunció penalmente en enero pasado, brindó detalles de un nuevo habeas corpus colectivo presentado ante la Justicia local, a quien instó a “poner un límite a estas graves violaciones de derechos humanos”.
El informe está centrado en la política policial desplegada por el gobierno de Montenegro contra personas en situación de calle y aquellas que realizan “tareas de subsistencia” como cuidacoches y limpiavidrios, y fue presentado este lunes en sede de la Asociación Judicial Bonaerense, con participación de referentes de la Comisión como Roberto Cipriano García, Guillermo Torremare y Sandra Raggio, según informó el portal Qué Digital.
“Esta política se asienta en discursos y acciones que estigmatizan a estos sectores y los asocian de manera automática a la comisión de delitos, lo que constituye un posicionamiento estatal violento, expulsivo y discriminatorio", introdujeron desde la CPM al tiempo que remarcan su postura respecto a las funciones que está cumpliendo Patrulla y que, consideran, exceden las facultades de una fuerza municipal como por ejemplo en cuanto a la portación de armas, aprehensiones, cacheos o secuestro de pertenencias.
También, más allá de ese debate sobre las facultades, también señalan acciones “abiertamente ilegales” que aseguran llevan adelante los agentes que la conforman, tales como violencia física, verbal o psicológica, agresiones e incluso robo de pertenencias. Al respecto, recordaron la postura adoptada por el intendente ante los golpes de un agente contra una persona ya reducida, lo que catalogaron como un delito que no solo no fue denunciado por el intendente sino que lo “promovió” con su ya elocuente estrategia comunicacional.
Y en cuanto al accionar de la Patrulla, aseguran que despliega prácticas “asimilables a grupos de tareas” -nombre con el que se suele llamar a grupos parapoliciales que actuaron antes y durante la última dictadura militar- por hacerlo, por ejemplo, de noche y encapuchados.
En ese sentido, desde la CPM remarcaron tanto la presentación de denuncias penales -que además de la propia, habría al menos otras cinco en curso– como también acciones colectivas de habeas corpus para que el Poder Judicial intervenga y frente a los operativos y las acciones a nivel político, donde buscó que el Concejo Deliberante investigue estos hechos, pero el oficialismo, con mayoría automática, archivó el pedido.
A lo largo del informe, desde el organismo repasan los distintos hechos protagonizados por la Patrulla, grabados en video, ocurridos al menos desde mediados de 2024 y con especial énfasis durante la temporada de verano y que el propio intendente publica a través de sus redes sociales con posteos que denotan el tono burlón, despreciativo, estigmatizante y violento que busca instalar el jefe comunal.
Así, más allá de generalizaciones y punitivismo, también se incluyen en esos mensajes oficiales hasta la celebración de expulsiones de ciudadanos en evidente estado de vulnerabilidad, tal como fue el caso de un hombre mayor que vivía en las inmediaciones de una cadena de restaurantes, a quien se jactó de subir a un colectivo “para que vuelva a su ciudad de origen” y, de esa forma, no permitir “que el restaurante de los mejores ñoquis verdes soufflé gratinados del mundo tuviera que lidiar con esta situación”.
“Sin dudas, la política desplegada por el municipio y sostenida públicamente por el intendente se asienta en discursos de odio que promueven e incitan a la hostilidad hacia determinados grupos especialmente vulnerables“, sintetizan desde la CPM.
LA RESPUESTA DE MONTENEGRO A LA CPM
AVISO IMPORTANTE A LOS HABITANTES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: sus impuestos se van en este organismo que no presenta ni un balance, ni una rendición, ni un presupuesto.
— Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) April 8, 2025
Y a la Comisión Provincial por la Memoria, que dice ser el mecanismo local de prevención de la tortura,… https://t.co/olx3In2Gwc
28 de octubre. En un mapa dominado por el avance libertario, once municipios de la Quinta Sección —entre ellos La Costa, Necochea y Mar del Plata— mostraron un leve repunte del voto peronista respecto de septiembre. El detalle distrito por distrito.
27 de octubre. Tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, La Libertad Avanza contará con las bancas necesarias para asegurar el sostenimiento de los eventuales vetos presidenciales.
26 de octubre. La Libertad Avanza se impuso en 23 de los 27 distritos en los comicios en los que se eligieron diputados nacionales, cuando en las elecciones provinciales de septiembre apenas había ganado en 8. Fuerza Patria ganó solamente en Castelli, Pila, General Guido y Rauch.
26 de octubre. El dato cobra más relevancia porque tan solo un mes y medio antes habían perdido por 14 puntos en el mismo territorio.
26 de octubre. Se revirtieron los resultados provinciales del pasado 7 de septiembre, cuando el peronismo se alzó con el 60% de los votos. En Castelli y General Guido triunfó Fuerza Patria, mientras que en Lezama, Tordillo y Maipú prevaleció LLA.
17 de octubre. El secretario de Energía, Daniel González, confirmó que en el Presupuesto 2026 la Zona Fría sólo se mantendrá para región original del año 2002, es decir, que quedarán al margen los 77 distritos de la provincia de Buenos Aires.
12 de octubre. El senador electo, Jorge Paredi y el intendente interino, Fabián Jacquet, recibieron en Mar Chiquita a Jorge Taiana, primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria.
23 de septiembre. La normativa establece que los comercios y prestadores de servicios tendrán la obligación de permitir que los clientes operen los posnets por sí mismos.