Masivo reclamo de intendentes de todo el país frente al Ministerio de Economía por el “escandalosos” estado de rutas nacionales

Un grupo 200 de intendentes de todo el país, con mayoría de representantes de la provincia de Buenos Aires y nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM), se movilizaron ayer hasta el Ministerio de Economía, frente a la Casa Rosada, para entregarle un petitorio al ministro Luis Caputo para pedir por fondos retenidos, una baja en el precio de las naftas y obras de mantenimiento en las deterioradas rutas nacionales.

Se trató de jefes comunales alineados al gobernador Axel Kicillof y otros que responden a Máximo Kirchner, quienes esta vez se unieron para presionar al gobierno de Javier Milei y dejar expuestas las necesidades de los municipios para el envío recursos, la reactivación de obras y la retracción del precio de los combustibles al 1 de marzo, tras el salto en torno al 23% que tuvo desde el inicio del conflicto en Medio Oriente.

La movida organizada por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, contó con la presencia de un centenar de intendentes, según informó la Agencia DIB. Y culminó con la entrega de un petitorio para Caputo, aunque el funcionario nacional no estaba en el lugar, ya que por entonces disertaba en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham).

"El reclamo es federal, incluye a más de 150 intendentes de todo el país, no es una provincia, es todo el país. Vinimos a exigirle al Ministro de Economía que retrotraiga el precio de la nafta al 1º de marzo, haga las obras que están obligados por ley y frene el recorte de fondos nacionales”, explicó Katopodis.

“Es un fraude, un robo, es un delito que se queden con la plata de todos los que cuando cargan el tanque de nafta, una parte de ese valor va a una cuenta para hacer obras", agregó el ministro de Kicillof, que estuvo acompañado por otros integrantes del gabinete provincial como Carlos Bianco, Cristina Álvarez Rodríguez y Silvina Batakis.

De acuerdo a un informe del Instituto Argentina Grande, en el acumulado de dos años y cuatro meses de gestión, el actual Gobierno de Javier Milei lleva recaudados, $6,1 billones a través de impuestos que no fueron ejecutados para obras de infraestructura como establece la ley. Este monto se compone de $3,1 billones del ex impuesto PAIS y de $3 billones derivados del Impuesto a los Combustibles Líquidos.

“El estado de las rutas nacionales es escandaloso y este gobierno se quedó con 6,1 billones de pesos del impuesto a los combustibles y del ex impuesto PAIS, que debía invertirse en el arreglo de rutas y caminos. Te cobran y se quedan con la plata”, aseguró Katopodis. 

Según informaron desde el entorno del gobierno de Kicillof, en más de dos años de gestión libertaria “no se construyó ni un solo kilómetro de ruta”, tampoco realizaron “mantenimiento y mucho menos proyectaron invertir para la transformación de autopistas o autovías de las vías estratégicas del país”. 

De la misma manera, no destinaron recursos para “obras hídricas, hidráulicas, sanitarias, educativas e infraestructura social que permitirían a la Argentina no estancarse y avanzar hacia el desarrollo productivo de su población”.

Entre el centenar de intendentes que participaron del reclamo hubo varios represenantes de la Quinta Sección Electoral de la Provincia, como Francisco Echarren (Castelli), Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita) y Sebastián Walker (Pila).

“Te cobran un impuesto en cada litro de nafta para arreglar las rutas. No arreglan una sola. Y se quedan con la plata. Por eso, intendentes de todo el país vinimos a reclamarles a Milei y a Caputo que dejen de estafar a los argentinos. Recaudan miles de millones mientras el país…”, expresó Echarren,

Wischnivetzky puntualizó que "reclamamos retrotraer el precio de los combustibles, frenar el recorte de fondos y reactivar la obra pública. Como nos advirtió el gobernador Axel Kicillof, el modelo del presidente Javier Milei arruina la vida de la gente”.

Por su parte, Walker reclamó que “el dinero tiene que volver al pueblo en obras, en rutas, en infraestructura y en calidad de vida. No vamos a dejar de reclamar lo que le corresponde a nuestra gente".

Todos los alcaldes coincidieron en que son los gobiernos locales la primera línea de contención social. Sin asistencia, señalaron, se vuelve cada vez más difícil sostener servicios básicos en los territorios. En ese contexto, muchos insistieron en la necesidad de judicializar los reclamos ante la falta de respuestas.