Tal como advertían los trabajadores, el gobierno de Javier Milei formalizó este martes los pases a disponibilidad de los trabajadores de los hoteles de Chapadmalal (Mar del Plata) y Embalse (Córdoba). El gobierno de Axel Kicillof cuestionó el vaciamiento del turismo social: “La lucha se da en los frentes judicial, legislativo y territorial”, afirmaron.
La semana pasada, los trabajadores se encontraron con la filtración de una resolución de la Jefatura de Gabinete que finalmente se cristalizó este martes en el Boletín Oficial: los pases a disponibilidad por 6 meses de más de 70 trabajadores de planta permanente de las Unidades Turísticas de Chapadmalal y Embalse, situación que derivará en despidos formales y también de aquellos que ejercían como “contratados”.
Solo en Chapadmalal, según advertían trabajadores en diálogo con Qué Digital, permanecían 58 personas empleadas, las cuales ante el cierre total de las instalaciones en 2025 permanecían en un limbo. Y ahora, además, se suman las posibilidades de desalojo de aquellas familias a las que se les cedieron viviendas como parte de su trabajo en la Unidad Turística.
“Todavía no sabemos nada de los desalojos. Tuvimos la intimación, la respondimos y no obtuvimos respuesta. Creemos que después de los despidos van a venir por la vivienda, porque si nos despiden ya tienen de dónde agarrarse para sacarnos los departamentos”, señalaba Florencia, una de las trabajadoras, en diálogo con Qué Digital.
La respuesta de la Provincia
Conocida la resolución 129/2026 de la Jefatura de Gabinete en la que se formalizaron los pases a disponibilidad, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia, Augusto Costa, se expresó a través de las redes sociales y calificó el vaciamiento de las unidades turísticas como la “destrucción de un derecho”.
En ese sentido, el funcionario bonaerense cuestionó el decreto 216/2025 a través del cual se fundamentó el cierre de las unidades mediante la eliminación del turismo social como una política de Estado y marcó la pérdida de afluencia turística que esa decisión implicó para ambas localidades.
También cuestionó la resolución de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) en torno a la desafectación de Embalse y la declaración de innecesaridad a excepción de la residencia presidencial que permanece bajo la gestión de la Secretaría General de la Presidencia a cago de Karina Milei. “Privilegios para arriba, exclusión para abajo”, soltó.
Frente a esta situación, el ministro afirmó que la Provincia está accionando: “La defensa de Chapadmalal no es nostalgia; es una postura política activa por el derecho al descanso de nuestros pibes de escuelas públicas, jubilados y familias trabajadoras”.
En ese sentido, recordó que el gobierno provincial impulsó ejecutiva y legislativamente el pase de jurisdicción de los hoteles y de los bienes del Museo Eva Perón, más allá de que el gobierno ya anticipó que su decisión es concesionar a un privado por 30 años: “Si la Nación abandona sus responsabilidades, la Provincia defiende el patrimonio de los argentinos”, sostuvo Costa.
“No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio inmobiliarios de unos pocos. La lucha se da en los frentes judicial, legislativo y territorial. Ante el abandono de la Nación, defendemos la soberanía popular. Chapadmalal y Embalse son de los argentinos", concluyó.
En ese sentido, Fernanda Raverta, senadora provincial por Fuerza Patria, presentó un proyecto para impulsar desde la Legislatura la defensa del carácter histórico de la Unidad Turística Chapadmalal. La iniciativa fue presentada el fin de semana pasado frente al busto de Eva Perón, a la altura del Hotel 5 de la UT.
Frente a dirigentes políticos, organizaciones sociales, trabajadores y vecinos, la dirigente del peronismo marplatense afirmó: “Hay quienes miran Chapadmalal y ven tierra para hacer negocios. Nosotros vemos familias, oportunidades y chicos conociendo el mar por primera vez”.
A través del proyecto, cabe recordar, Raverta busca principalmente que la Provincia “recupere la titularidad y administración de los hoteles, estableciendo además que todos los predios y edificios queden afectados exclusivamente al turismo social”.
24 de agosto. El jefe comunal peronista, que gobierna el distrito desde 2011, explicó que se trata de “una decisión familiar y personal” aunque aclaró: “No piensen que voy a dejar de hacer política”.
21 de agosto. La nueva casa para el deporte dolorense, una obra que permaneció inconclusa durante más de 16 años, está destinada a los clubes, las escuelas y los deportistas locales y tendrá una capacidad para albergar 1.400 espectadores.
18 de agosto. Fue luego de una reunión del gabinete municipal, encabezado por el intendente Juan de Jesús, con el gerente general de la empresa, que informó que avanza con la revisión de los casos particulares sobre los que ya fueron realizados reclamos.
12 de agosto. El jefe comunal en uso de licencia y la intendenta interina fueron procesados por haber retenido documentos de votantes en los comicios de 2019, que ganaron por 50 votos. La Justicia comprobó que 19 personas no pudieron votar por la retención de documentos, pero sospechan que el número sería mayor.
11 de agosto. Desde diciembre de 2023, las tarifas eléctricas de EDEA acumulan aumentos que van del 480% al 620%, según la categoría de usuario. Un incremento que tiene su raíz en la profunda transformación de la política energética definida por el gobierno nacional: reducción de subsidios, recomposición del precio mayorista y mayor traslado del costo de la energía a los usuarios. Por qué no todos tuvieron el mismo aumento y cuánto se encareció la electricidad frente al resto de los precios.
07 de agosto. Luego de casi 12 horas de sesión, el proyecto de ley fue aprobada en general con 37 votos a favor y 33 en contra. Durante su tratamiento se eliminaron los capítulos referidos a la compra de tierras por parte de extranjeros y a los cambios vinculados a la Ley de Manejo del Fuego.
06 de agosto. El gobierno municipal del peronista de Juan Pablo García decidió denominarlo “Estadio Ciudad de Dolores”. “La iniciativa afecta principios básicos de convivencia democrática y respeto por las decisiones institucionales de la ciudad”, argumentaron los radicales dolorenses en un documento.