Tal como advertían los trabajadores, el gobierno de Javier Milei formalizó este martes los pases a disponibilidad de los trabajadores de los hoteles de Chapadmalal (Mar del Plata) y Embalse (Córdoba). El gobierno de Axel Kicillof cuestionó el vaciamiento del turismo social: “La lucha se da en los frentes judicial, legislativo y territorial”, afirmaron.
La semana pasada, los trabajadores se encontraron con la filtración de una resolución de la Jefatura de Gabinete que finalmente se cristalizó este martes en el Boletín Oficial: los pases a disponibilidad por 6 meses de más de 70 trabajadores de planta permanente de las Unidades Turísticas de Chapadmalal y Embalse, situación que derivará en despidos formales y también de aquellos que ejercían como “contratados”.
Solo en Chapadmalal, según advertían trabajadores en diálogo con Qué Digital, permanecían 58 personas empleadas, las cuales ante el cierre total de las instalaciones en 2025 permanecían en un limbo. Y ahora, además, se suman las posibilidades de desalojo de aquellas familias a las que se les cedieron viviendas como parte de su trabajo en la Unidad Turística.
“Todavía no sabemos nada de los desalojos. Tuvimos la intimación, la respondimos y no obtuvimos respuesta. Creemos que después de los despidos van a venir por la vivienda, porque si nos despiden ya tienen de dónde agarrarse para sacarnos los departamentos”, señalaba Florencia, una de las trabajadoras, en diálogo con Qué Digital.
La respuesta de la Provincia
Conocida la resolución 129/2026 de la Jefatura de Gabinete en la que se formalizaron los pases a disponibilidad, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia, Augusto Costa, se expresó a través de las redes sociales y calificó el vaciamiento de las unidades turísticas como la “destrucción de un derecho”.
En ese sentido, el funcionario bonaerense cuestionó el decreto 216/2025 a través del cual se fundamentó el cierre de las unidades mediante la eliminación del turismo social como una política de Estado y marcó la pérdida de afluencia turística que esa decisión implicó para ambas localidades.
También cuestionó la resolución de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) en torno a la desafectación de Embalse y la declaración de innecesaridad a excepción de la residencia presidencial que permanece bajo la gestión de la Secretaría General de la Presidencia a cago de Karina Milei. “Privilegios para arriba, exclusión para abajo”, soltó.
Frente a esta situación, el ministro afirmó que la Provincia está accionando: “La defensa de Chapadmalal no es nostalgia; es una postura política activa por el derecho al descanso de nuestros pibes de escuelas públicas, jubilados y familias trabajadoras”.
En ese sentido, recordó que el gobierno provincial impulsó ejecutiva y legislativamente el pase de jurisdicción de los hoteles y de los bienes del Museo Eva Perón, más allá de que el gobierno ya anticipó que su decisión es concesionar a un privado por 30 años: “Si la Nación abandona sus responsabilidades, la Provincia defiende el patrimonio de los argentinos”, sostuvo Costa.
“No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio inmobiliarios de unos pocos. La lucha se da en los frentes judicial, legislativo y territorial. Ante el abandono de la Nación, defendemos la soberanía popular. Chapadmalal y Embalse son de los argentinos", concluyó.
En ese sentido, Fernanda Raverta, senadora provincial por Fuerza Patria, presentó un proyecto para impulsar desde la Legislatura la defensa del carácter histórico de la Unidad Turística Chapadmalal. La iniciativa fue presentada el fin de semana pasado frente al busto de Eva Perón, a la altura del Hotel 5 de la UT.
Frente a dirigentes políticos, organizaciones sociales, trabajadores y vecinos, la dirigente del peronismo marplatense afirmó: “Hay quienes miran Chapadmalal y ven tierra para hacer negocios. Nosotros vemos familias, oportunidades y chicos conociendo el mar por primera vez”.
A través del proyecto, cabe recordar, Raverta busca principalmente que la Provincia “recupere la titularidad y administración de los hoteles, estableciendo además que todos los predios y edificios queden afectados exclusivamente al turismo social”.
19 de mayo. La empresa ARR-CA SRL abandonó los trabajos tras varios meses de deuda y falta de respuestas. Aunque presenta un avance del 83% del total, su paralización impide que los vecinos puedan conectarse a la red. Ante esta situación, el intendente Carlos Esteban Santoro solicitará una audiencia con el ministro Gabriel Katopodis.
18 de mayo. El jefe comunal de Chascomús destacó la importancia de esta agrupación, que está integrado por distritos de hasta 60.000 habitantes, en el desarrollo regional.
15 de mayo. La medida se tomó “ante la falta de respuestas concretas el del Ejecutivo municipal”. El Sindicato señaló que, luego de la audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo, continúa a la espera de la conciliación obligatoria solicitada.
14 de mayo. Tras un tratamiento exprés en las comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, lograron el dictamen de mayoría del proyecto que modifica el régimen de subsidios al gas. Ahora buscan que se debata en el recinto el próximo miércoles.
12 de mayo. El gobierno bonaerense confirmó el inicio de un proceso que culminará con el pase del complejo a la órbita municipal tras la finalización de las obras. Desde el Municipio reclamaron que la devolución sea “completa, de inmediato y sin vueltas”.
06 de mayo. El gobernador de la provincia de Buenos Aires participó este miércoles en varios actos junto a miembros de su gabinete. “Aquí no hay lugar para la motosierra”, aseveró.
05 de mayo. Algunos ediles se retiraron custodiados por las fuerzas de seguridad en un clima caldeado por los reclamos de trabajadores municipales y camioneros, que hoy están de paro. En tanto, el intendente Gustavo Barrera firmó el decreto para prorrogar por un año la emergencia pública.
03 de mayo. Un informe periodístico que publica este domingo el diario Clarín expone detalles de un viaje del actual jefe de Gabinete en 2024, con costos superiores a los $9 millones y cancelaciones realizadas meses después. El caso vuelve a tensionar al Gobierno nacional.