La Municipalidad de Castelli informó que ex funcionarios municipales, identificados como Laura Olguín y Sebastián Prediger, se encuentran co-imputados en una investigación judicial iniciada a partir de una denuncia impulsada por el propio intendente Francisco Echarren, en la que se investigan graves irregularidades vinculadas con el manejo de recursos públicos.
En el marco de esta causa, ayer la Justicia ordenó el allanamiento de la propiedad de Olguín y Prediger, con intervención policial y peritos, para recolectar pruebas y determinar si materiales destinados a la construcción de viviendas públicas fueron utilizados en beneficio de una obra privada.
"No vamos a permitir que nadie se quede con los recursos ni con el sueño de una familia de Castelli de tener su casa propia", afirmaron desde el municipio.
La investigación, según sostuvieron desde la Comuna, busca confirmar, entre otros puntos:
- Si la obra privada de Olguín y Prediger, iniciada mientras Olguín tenía bajo su responsabilidad las 83 viviendas del barrio Curita, utilizó ladrillos, hierros y otros materiales correspondientes a esa obra pública.
- Las coincidencias evidentes entre el inicio, avance y paralización de la obra pública y la construcción privada.
- El destino de materiales y recursos adquiridos para las viviendas de las familias de Castelli.
- La responsabilidad por los 28 techos pagados por el Municipio y no entregados oportunamente, situación que motivó una denuncia penal y derivó posteriormente en la restitución de materiales valuados en aproximadamente $300 millones.
Además, Prediger es investigado por el destino del dinero proveniente de la venta de materiales reciclables de la planta municipal, cuyos fondos debían beneficiar a los trabajadores. Según los elementos aportados a la investigación, alrededor de 20 trabajadores pueden dar testimonio de que esos materiales fueron vendidos y que el bono correspondiente nunca fue percibido.
También se encuentra bajo investigación la compra de una pala cargadora municipal por un presunto sobreprecio cercano a los 12.000 dólares. El Municipio aportó a la Justicia la documentación correspondiente, incluyendo actuaciones y solicitudes de compra que fueron anuladas a último momento.
El municipio anuló esa licitación y compró la misma máquina por 12.000 dólares menos que lo propuesto por los imputados.
En este sentido, desde el Ejecutivo local sentenciaron: "No estamos hablando de rumores. Estamos hablando de denuncias formalizadas, personas imputadas, documentación aportada, testigos y medidas judiciales concretas como allanamientos y órdenes de secuestro".
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