Juan Carlos Valente, presidente de la Comisión de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, se mostró de acuerdo con la morigeración de las condiciones de detención en las cárceles de la provincia de Buenos Aires en el marco de la pandemia desatada por el coronavirus. “Si prosperase la enfermedad en una unidad penal sería un desastre para toda la comunidad”, explicó en una entrevista con ENTRELINEAS.info.
Señaló que no está a favor de una libertad indiscriminada, sino de que se analice cada expediente pero que, en el caso de los delitos de lesa humanidad, no debería concederse la prisión domiciliaria porque se trata de “condenas ejemplares”.
“En este momento de emergencia sanitaria, es obligación del Estado cuidar la salud de los detenidos. Y en la cárcel de Dolores no se puede mantener la distancia sanitaria”, dijo al ser consultado sobre la polémica desatada por las medidas adoptadas en los últimos días. “Lo bueno sería que se tomaran medidas sanitarias, pero al ser imposible, los jueces deben tomar en cuenta qué clases de delitos se cometieron y morigerar las penas”.
Valente se manifestó a favor de las penas alternativas para detenidos primarios y mujeres, resaltó el carácter excepcional de la situación mundial que se atraviesa, algo “que no se ve desde la gripe española hace más de 100 años”. También consideró necesario tener en cuenta que las cárceles de la Provincia no cumplen para nada la manda constitucional sobre condiciones de detención.
En otro sentido, destacó la necesidad de considerar, en estas circunstancias, las condiciones del personal que trabaja en las cárceles. “En algunos lugares son los presos los que se quejan de que los guardias podrían traer el virus a las cárceles, pero tampoco los guardias pueden mantener la distancia sanitaria con respecto de los presos y, en caso de que alguno de ellos esté infectado, podrían llevar el contagio a sus familias en la comunidad”.
Valente consideró como positivo que en la cárcel de Dolores, que a fines del año pasado se acercó peligrosamente a los 1.000 detenidos, se haya disminuido la población, pero no dejó de señalar que aun así su capacidad está superada en el doble de la cantidad estipulada. “A eso hay que sumarle los graves problemas edilicios que tiene”, dijo.
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