La Justicia dictó el procesamiento de una empleada municipal y cuatro cómplices por la estafa al Estado Nacional con las tarjetas Alimentar en Pinamar.
Una de las procesadas es Andrea Ríos, de 52 años, secretaria privada de la directora general de Gestión y Coordinación Territorial de la Municipalidad de Pinamar, Nora Ponce, quien inició la denuncia.
Además de Ríos, la justicia imputó por estafa y asociación ilícita, al esposo, José Fons, y tres presuntos cómplices: Nicolás Ambao, de 47 años, Carlos Rosas, de 51 y Diego Borea, de 40.
La fiscalía especializada en delitos de corrupción del departamento judicial de Dolores, del fiscal Mario Pérez, solicitó las detenciones y desde el Juzgado de Garantías N° 6 de Villa Gesell, del magistrado Diego Olivera Zapiola, dispusieron los procesamientos de los cinco sospechosos.
Sobre Ríos, Fons y Ambao se dictó la prisión preventiva y se dispuso un embargo de 10 mil millones de pesos.
La causa penal se inició por la denuncia de Nora Ponce cuando un beneficiario de la tarjeta alimentar fue hasta la oficina a retirar el plástico que le correspondía, pero la tarjeta no tenía saldo.
“Cuando detecto que hay un monto que no corresponde no hago la entrega, le pido a la titular que por favor me espere, hago las consultas pertinentes al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el cual me informa que no había habido movimientos y que los saldos habían sido utilizados”, aseguró Ponce púbicamente.
“No había manera de que esto sea así, porque la tarjeta no había sido entregada. Hago la consulta al banco para ver si el banco había hecho algún movimiento, que tampoco había sido así. A raíz de eso decido realizar la correspondiente denuncia en la fiscalía”, agregó la funcionaria.
En marzo se concretaron una serie de allanamientos que terminaron con el arresto de un grupo de personas.
Según pudo constatar la Justicia Andrea Ríos se apoderó de al menos 55 tarjetas del programa Alimentar, quien esquivó las imputaciones diciendo que en un momento dado “la caja con las tarjetas quedaron debajo de la escalera ‘a disposición de cualquiera’”.
Sin embargo, la acusación sostuvo que fue ella la que le dio esas tarjetas a su marido y éste a los otros tres cómplices que fueron claves a la hora de usar las tarjetas “falsamente” en comercios a “través de múltiples operaciones”. Vía “Naranja pos” registraron un gasto de $592.000 y en “Terminal Posnet” se apropiaron de de $1.500.000.
Con el secuestro del material y las detenciones, el juzgado se declaró incompetente y le pasó la causa a la justicia federal de Dolores: es que los fondos afectados pertenecían al Estado Nacional. El fiscal federal de Dolores Juan Pablo Curi los acusó ante el juez subrogante Martín Bava por defraudación en perjuicio de la administración pública y asociación ilícita.
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