Aguas Bonaerenses SA, la empresa prestadora del servicio de agua potable de Dolores, presentó un plan de obras por 400 millones de pesos para mejorar las prestaciones en la ciudad. La presentación fue hecha a partir de un amparo colectivo que intimó a ABSA a realizar las obras necesarias para que el suministro de agua en la ciudad sea el adecuado.
El plan contempla la construcción de nuevos pozos de agua, recambio de cañerías, mejoras en la gestión por adquisición de equipamiento nuevo y recambio de micromedidores, entre otras medidas.
De todos modos, la respuesta de la empresa fue objetada por los impulsores del amparo, ya que no se adecua a los lineamientos que se impusieron en la sentencia dictada por la jueza Daniela Galdos. Además, señalaron que no contempla el desarrollo de la ciudad ni el impacto del parque termal. Por otra parte, consideraron que su presentación tiene deficiencias técnicas y rechazaron el largo plazo para llevar a cabo las obras, que podrían llegar a ser 25 años o más.
A partir de la histórica deficiencia del servicio de agua potable en la ciudad, el abogado Germán Pereyra y un grupo de vecinos iniciaron una presentación contra ABSA con la característica de un amparo colectivo. La jueza en lo Civil y Comercial Daniela Galdos ordenó a la empresa presentar un plan de obras que solucionara la cuestión, a lo que la empresa respondió con el documento que acaba de presentarse.
Sin embargo, a partir de las objeciones realizadas se deberán expedir tanto ABSA como la provincia de Buenos Aires y luego resolverá la jueza, quien tendrá que dictaminar si el plan es adecuado o no.
El sistema de abastecimiento de agua a Dolores se efectúa a través del acueducto que parte de Ayacucho y abastece, además, a Maipú, Labardén y General Guido. Durante años se complementó este abastecimiento con la explotación de pozos ubicados en la ciudad de Dolores y desde hace unos años con la extracción y potabilización del Canal 9, pero aun así no se ha logrado, especialmente en verano, satisfacer la demanda de la ciudad.
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01 de julio. Mauricio Damián Ríos, conocido como “El Gordo Maury”, había sido desalojado en 2020 de una vivienda que había usurpado en Cariló. Ahora, fue detenido e imputado por “encubrimiento agravado, falsificación y uso de documento falsificado y supresión de numeración registral”.
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