Miles de cartoneros y cartoneras se movilizarán este jueves desde el Obelisco hasta el Congreso, en lo que anuncian como “la marcha cartonera más grande del mundo”, para acompañar la presentación formal del proyecto de Ley de Envases con Inclusión Social, que apunta a establecer una tasa ambiental que penalice a las compañías que coloquen en el mercado envases no recuperables y así recaudar fondos para promover la economía circular.
La Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), junto a organizaciones sociales, ambientales y cooperativas, esperan convocar a más de 10 mil personas. Máximo Kirchner, jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados, ya comprometió su respaldo a la normativa, en la que trabaja también el ministro de Ambiente, Juan Cabandié.
“Es sin duda la ley más importante que ha presentado nuestro sector y vamos a pelear hasta las últimas consecuencias para que salga. Va a ser un antes y un después en la vida de los cientos de miles de cartoneros y cartoneras de nuestro país", explica Natalia Zaracho, referenta del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), y que en diciembre se convertirá en la primera cartonera en asumir una banca como diputada nacional.
Zaracho agrega que "es una ley que busca que las empresas se hagan cargo del daño ambiental que producen a partir de un aporte en plata que se invierte directamente en los sistemas de reciclado con inclusión social”.
El presidente de la cooperativa Recicladores Unidos de Avellaneda, Jonathan Castillo, señala que “nuestros compañeros con muy poco hacen magia para poder vender el material y vivir un poco mejor”.
“Necesitamos que se reconozca al sector y darle dignidad a los compañeros que hacen esta tarea gratis, mucha gente que se inventó su trabajo y es momento de que se pueda vender el material a mejores precios, que su trabajo sea valorado y respetado”, agrega Castillo, referente nacional de FACCyR.
Desde la organización advierten que “muchas veces tuvimos que salir a plantarnos contra proyectos de ley redactados a medida de las multinacionales contaminantes”, sin embargo creen que “este año será distinto”. El anteproyecto había sido presentado en julio.
El texto genera dudas y resistencias en algún sector de los empresarios de la cadena alimenticia, en un momento de tensión entre el gobierno nacional y el sector, luego del congelamiento y controles de precios de productos de consumo masivo, y la aprobación de la Ley de Etiquetado Frontal.
El proyecto está basado en el principio de Responsabilidad Extendida al Productor (REP) que, según explicaron, servirá para crear y dignificar puestos de trabajo en los municipios y reducir la contaminación causada por los envases que las empresas colocan en el mercado. Otro de los objetivos sería evitar que los residuos terminen en basurales a cielo abierto o en rellenos sanitarios, "reemplazar la extracción de recursos naturales y ahorrar energía".
“Los tres ejes son la responsabilidad extendida al productor, beneficios para el medioambiente, e inclusión social de los recuperadores y recicladores. La pandemia dejó a muchos compañeros en la calle, muchas necesidades, y estamos tratando de garantizar trabajo digno y organizado”, dice Leonor, también referenta de la FACCyR, y presidenta de la Cooperativa 18 de abril, de Escobar.
Según los números presentados para respaldar el proyecto, con la creación y fortalecimiento de los Sistemas Locales de Gestión de Residuos, se podría garantizar la generación de trabajos calificados en la recolección, clasificación y acondicionamiento de los reciclables, y estiman que cada $1000 millones recaudados mediante los instrumentos de la ley, se garantizarían 1340 puestos de trabajo.
La ley crea el Sistema Nacional de Gestión de Envases (SINAGE), que estaría a cargo del Ministerio de Ambiente como autoridad de aplicación. Los otros tres actores involucrados son los productores de envases, municipios o consorcios de municipios que deberán constituir Sistemas de Gestión Local (SGL) y las organizaciones de Recuperadores/as Urbanos.
“Esta ley empezaría a reconocer a esas manos que vienen evitando un colapso sanitario desde hace mucho tiempo”, dice Matías Capoblanco, presidente de la cooperativa Construyendo desde Abajo, de La Matanza.
Agrega el contexto de una crisis social que acumula años de aumento de la pobreza y profundización de las injusticias. “Ya antes de la pandemia se agudizó la crisis del empleo en la Argentina y entonces los compañeros salen a inventarse su laburo. El de los cartoneros y cartoneras es un laburo de descarte de la sociedad, salir a cartonear se vuelve una competencia entre pobres para ver quién puede juntar un poco más para al menos llevar un plato de comida a la mesa”, agrega
En Avellaneda, Castillo destaca también la organización entre los propios cartoneros y cartoneras para obtener derechos y reconocimientos del Estado. “Cartoneando y revolviendo la basura somos muchos. La situación está difícil, pero notamos un cambio en los compañeros que están organizados, que pueden tener una vestimenta y un carro digno, un reconocimiento económico municipal y nacional, y más lo que produce, se genera un sueldo dentro de todo digno”, dice.
En Argentina se producen 50 mil toneladas de residuos por día. La mitad termina en alguno de los 5000 basurales, y apenas se recupera un 10% de los residuos generados. Alrededor del 20% de los residuos sólidos urbanos generados son envases post consumo.
La FACyR es una de las organizaciones que forman parte de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), y nuclea a más de 70 cooperativas de todo el país, en las que trabajan cada día unos 200.000 cartoneros y cartoneras. Miles de ellos lo hacen en los propios basurales y trabajan en pésimas condiciones, sin ningún tipo de seguridad.
La federación recibió el respaldo público de muchas personalidades de la cultura, que grabaron videos para difundir los aspectos centrales de la propuesta, como Ricardo Darín, Fito Páez, León Gieco y Julieta Díaz, entre otros.
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