El ex juez de Dolores, Carlos Facio, debía hoy prestar declaración indagatoria por encubrir los vuelos de la muerte durante la última dictadura cívico-militar, pero la diligencia fue postergada para la semana próxima a pedido de la defensa.
El juez federal subrogante Martín Bava reprogramó la audiencia para el 28 a las 11.00, en el marco de la causa “Colegio de Abogados de Mar del Plata y otros s/Denuncia sobre desaparición forzada”, de trámite ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, en el marco de los procesos conocidos como “Juicios por la Verdad”, a partir de una serie de hallazgos de cadáveres ocurridos en la Costa Atlántica.
Carlos Augusto Facio, quien fue titular Juzgado Penal número 2 del Departamento Judicial de Dolores fue imputado por “haber contribuido a la ejecución del plan criminal clandestino e ilegal implementado durante los años 1976/1983 por las fuerzas armadas, con la colaboración de las de seguridad a ella subordinadas”.
De acuerdo con el magistrado, Facio es responsable de un “aporte materializado en la cobertura judicial-policial asignada a las apariciones de los cadáveres en la costa atlántica durante el período de la dictadura militar, consistente en impedir el avance de las pesquisas judiciales y obstaculizar la correcta identificación de los cuerpos hallados durante los años 1978 y 1979, haciendo incierto el estado civil de las víctimas y evitando que los asesinatos se investigaran como tales”.
En los casos en los que le tocó actuar, “el imputado omitió producir cualquier tipo de medida de investigación que permitiera conocer la identidad de los cuerpos, así como los perpetradores del hecho”, impidiendo que tres Madres de Plaza de Mayo fueran autorizadas a reconocer los cuerpos que se encontraron en el mes de diciembre del año 1978 en la Costa Atlántica.
En la misma causa están imputados los policías Santiago Piñero, Mario Castronuovo, Ednio José Llorens, Francisco Aristegui, Domingo Oscar Martínez, Alberto Martínez, Edgardo Emilio Luchetti, Juan Antonio Estrada y el médico de policía Miguel Cabral.
Además, fue citado Juan Domingo Montenegro, ex jefe de Catastro de General Lavalle, por haber simulado, destruido y falsificado documentos públicos a fin de esconder las irregularidades en las inhumaciones en el cementerio de dicha localidad.
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