La Unidad Funcional de Instrucción Nº 1 Descentralizada de Mar del Tuyú, dependiente del Departamento Judicial de Dolores, elevó a juicio la causa contra el docente Leandro Damián Pinto por abuso sexual a una alumna de 15 años de la Escuela Técnica Nº 1 “Raúl Scalabrini Ortiz” de Santa Teresita y pidió una condena 3 años de prisión en suspenso, lo que motivó el enojo del padre de la víctima, Matías Porta.
“Parece un chiste que la Fiscalía pida 3 años de prisión en suspenso más el pago de los gastos ($ 1.000)”, señaló Porta en su cuenta de Facebook, donde publicó fotos de algunos tramos de la requisitoria del fiscal Gustavo Mascioli. “Es la justicia que tenemos…”, se lamentó el presidente del Consejo Escolar del Partido de La Costa.
La causa está caratulada como “abuso sexual simple -reiterado- agravado por ser el encargado de la guarda” y ocurrió entre los meses de septiembre y diciembre de 2021. Aunque el hecho salió a la luz en febrero de 2022, cuando la familia Porta decidió darlo a conocer porque tras 40 días de realizada la denuncia la inacción de la Justicia había sido total.
“La Justicia ha sido bastante lenta y ha tenido resoluciones poco tajantes, por decirlo de alguna forma. Uno espera medidas más determinantes y rápidas también de la Justicia, que deja bastante que desear. Yo ya lo doy como juzgado aunque falte que el juez en última instancia dicte la sentencia definitiva. De todos modos seguiremos insistiendo en una condena un poco más tajante porque no estamos conformes”, contó Porta en una entrevista con Radio Noticias (FM 105.7).
“Yo tengo la posibilidad de prestar conformidad o no a esta decisión, pero entiendo que no es vinculante lo que yo considere y que la condena no va estar muy lejos de lo que la Fiscalía solicitó. Yo después podré apelar, pero él seguirá caminando por las calles libremente…”, agregó el denunciante en alusión a Pinto.
La Fiscalía resolvió desestimar el pedido de sobreseimiento interpuesto por Julio Marengo, abogado defensor de Pinto, que había alegado la “orfandad de pruebas materiales existentes” y que la elevación a juicio se basaba “sólo en dichos de la presunta abusada”.
“Hay que ser un poco humano. Es gravísimo que un abogado diga que no alcanza solamente con los dichos de la presunta abusada para acusar a una persona o declarar culpable a una persona. Bueno, ¿con qué alcanza? Igual, hay material, pasa que el abogado (defensor) lo desconoce. Y en este caso la Justicia le creyó a mi hija, y por eso tomó las medidas que tomó”, manifestó Porta. “La Fiscalía encuentra que es culpable, por eso eleva la causa a juicio… Y ninguna de las pruebas que él presentó demuestra lo contrario”, añadió.
A Pinto, que además de trabajar en la Escuela Técnica Nº 1 de Santa Teresita se desempeñaba en Escuela Secundaria Nº 13 “René Favaloro” de Mar del Tuyú, se le inició un sumario y fue apartado de sus labores en ambos establecimientos, según informó el presidente del Consejo Escolar. “Está cumpliendo horario en una institución pública como el Centro de Formación Laboral Nº 401 de Lucila del Mar. Entendemos que no puede seguir en el ámbito educativo, así que tomaré cartas en el asunto por otra vía para ver qué pasa con su situación laboral”, concluyó Porta en Radio Noticias.
13 de mayo. Desde Consumidores Responsables lanzaron una serie de consejos para hacer compras seguras. Todos los detalles.
13 de mayo. La víctima fue un comerciante que realizó la denuncia en la Sub DDI. Tras el análisis de las llamadas de telefónicas demoraron a una mujer.
13 de mayo. Son pocos los municipios de la Provincia en los que predomina el comercio por sobre la industria y el agro y la mayoría son de la Región.
13 de mayo. Seguirá en libertad hasta tanto la sentencia quede firme. En diálogo con ENTRELINEAS.info, la madre de la víctima llamó a reconocer que un auto es un arma.
13 de mayo. Los dos delincuentes que lo raptaron habían pedido 50.000 dólares de rescate. La policía siguió el acuerdo para que la víctima fuera liberada y detuvo a ambos al cabo de 24 horas.
13 de mayo. El Ministerio de Justicia había anunciado su eliminación pero luego la Secretaría de Transporte salió a decir que seguía vigente. El gobierno nacional oficializó su derogación y también se dispuso que la cédula verde no tenga vencimiento.