El gobierno de Javier Milei modificó parte del régimen de las tarjetas de crédito, en busca de lograr una “fuerte desregulación y simplificación” de ese mercado. A través del decreto 361/2024, publicado este viernes en el Boletín Oficial, reglamentó dos artículos de la Ley Nº 25.065 de Tarjetas de Crédito, vinculados con el resumen de operaciones de los usuarios.
El texto oficial señala que se implementará un amplio plan de desregulación para eliminar los obstáculos introducidos por diversas leyes que interfieren en el funcionamiento libre de los mercados “debido a la intervención estatal indebida”.
En este sentido, el Poder Ejecutivo estableció que los usuarios de tarjetas de crédito no podrán oponerse al envío del resumen mensual si el banco decide realizarlo de forma electrónica, según informó la Agencia DIB.
También indicó que, en el caso de que el cliente no reciba el resumen, la entidad financiera podrá notificarlo sobre sus gastos a través de una comunicación telefónica, electrónica o similar, siempre y cuando se cumpla el cometido.
Una alternativa que, en el caso de llevarse a cabo por teléfono, atenta contra la posibilidad de realizar un control detallado de los gastos realizados y otros datos que ofrece, en cambio, el resumen, ya sea físico o digital.
El gobierno de Milei justificó esta decisión en el marco del DNU 70/2023, que estableció una serie de medidas para desregular la economía. Entre ellas, se modificó la Ley Nº 25.065 de Tarjetas de Crédito “con el fin de realizar una fuerte desregulación y simplificación en ese mercado, adecuándose a los cambios recientes en modalidades de relacionamiento y tecnologías de digitalización”.
Para la Casa Rosada, el DNU 70/2023 plantea que “se debe reconstruir la economía a través de la inmediata eliminación de barreras y restricciones estatales que impiden su normal desarrollo, promoviendo al mismo tiempo una mayor inserción en el comercio mundial”.
Entre otros puntos, ese decreto –que fue rechazado por el Senado de la Nación y aún no fue tratado por la Cámara de Diputados– estableció que cualquier entidad, dentro de su objeto social, puede emitir tarjetas de crédito o hacer efectivo el pago. También obligó a las entidades emisoras a dar a conocer públicamente la tasa de financiación aplicada.
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