Habla el abogado del adolescente abusado en Dolores por dos docentes y un tercer adulto: “Nunca vi un caso tan tremendo”

Como todos los que tomaron contacto con la causa y sus detalles, dice que “nunca vi un caso tan tremendo”. Pero también, como abogado, rescata el trabajo de quienes debieron actuar y lo hicieron con celeridad y eficacia. Federico Fourquet representa a la familia del adolescente de 14 años que, en Dolores, fue abusado por tres hombres, dos de ellos docentes, que en ese hecho lo contagiaron de HIV y sífilis. 

En un discurso que va a contramano del indignismo y el punitivismo exacerbado que se puede ver en redes sociales, Fourquet sostiene que “más allá de la realización de la justicia y el sentido de sanción para los responsables, estamos pensando en algo que sea positivo a partir del caso”. Algo que resulta difícil de pensar pero que, insiste, es el sentir de los padres del niño que fue víctima del atroz accionar de los tres involucrados. 

La noticia se conoció hace un mes cuando se detuvo a un profesor de secundaria, un inspector de educación primaria y un modisto por haber abusado sexualmente de un joven de 14 años, con el agravante de que lo hicieron sin tomar precauciones a sabiendas de que eran portadores del virus del HIV. 

Cristian Guevara, de 37 años, Pablo Chiavola, de 52 años, y Jorge Santander, de 35, contactaron al adolescente a través de la aplicación Grindr (similar a Tinder) y tuvieron sexo con él en sus respectivos domicilios. Ahora están a la espera de que el juez Mariano Cazeaux decida sobre el pedido de prisión preventiva elevado por la fiscal del caso, Mónica Ferre. 

La valentía de la familia  
Para el abogado, la valentía de la familia ante la tremenda situación que les tocó vivir “es confiar en la justicia, no pedir justicia por mano propia. No tienen un discurso cargado de punitivismo, no están pidiendo pena de muerte, no están pidiendo perpetua, ni siquiera estamos alentando ni diciendo ‘esto no va a ocurrir más a partir de este caso’”.

“Lo que sí están buscando es que se haga justicia y que pensemos dispositivos para que el derecho sea protagonista de realización en mejores normas para la convivencia social. Que el derecho transforme, el derecho legisle”, dice.

El rol de las aplicaciones 
Pensando en “una idea de litigio estratégico”, Fourquet considera que este es un caso que debería permitir “pensar normas que impongan mayores barreras y controles en el uso de aplicaciones” de citas como la que usaron los tres detenidos para captar al adolescente. 

“Según datos de UNICEF, casi el 47% de los usuarios de Grindr son menores. Y la política del desarrollador de la aplicación es la falta de responsabilidad absoluta tanto en el control de la edad biológica como en el estado de salud de las personas que concurren. Entonces basta con mentir y decir que uno es mayor de edad siendo menor y no hay ningún tipo de control de biométrico, biológico, escaneos de rostro, todo lo que tenemos en otro tipo de aplicaciones que ni siquiera están pensadas con esta finalidad”, explica. 

“Lo que queremos lograr es tratar de trabajar en el desarrollo y propuesta de normas que legislen y que eviten que esto ocurra”. Para ello, se ha puesto en contacto con otros estudios de Estados Unidos, España y Gran Bretaña desde los que se han iniciado demandas contra las aplicaciones de citas.

El agravante de ser maestro
Para Fourquet, “las primeras circunstancias que a uno le llaman la atención es lo desaprensivo y lo canallesco de los sujetos adultos mayores. Uno espera que un docente estudie, se capacite y se desarrolle en la educación y el cuidado de los niños, no en la captación de niños para explotarlos sexualmente”.

“Uno de ellos tuvo una causa por grooming, estuvo sancionado; sin embargo, se mantuvieron en educación hasta el momento de su detención. Este hecho, además, es un llamado a la reflexión por parte de las autoridades educativas”, agrega Fourquet analizando la complejidad del caso.

Pero también considera que nos permite repensar la trascendencia y la relevancia de la educación sexual: “Es importante que los niños puedan hablar en su casa, que lo puedan hablar en sus espacios de confianza y que esas familias puedan llegar a un abogado de confianza o a la fiscalía para radicar una denuncia”. 

“Y también hemos sido cuidadosos y pretendemos que no se estigmaticen los colectivos, porque esto no es propiedad de alguien con determinada orientación sexual”,  insiste. 

El papel de las instituciones del Estado
El estudio que llevó adelante la denuncia trabajó durante casi dos meses con un docente y su equipo de Práctica Procesal Penal de la Universidad Nacional de Mar del Plata bajo un marco de confidencialidad expreso. 

También intervino el Hospital de Niños “Sor María Ludovica” de La Plata, “que trabajó con el niño que permitió determinar el diagnóstico de una manera pronta, salvarle la vida, atender a las patologías y hasta brindarle los medicamentos con el compromiso de la restitución, retrovirales costosos y difíciles de conseguir”. Además destacó la eficiencia del trabajo del Ministerio Público Fiscal y de la Jefatura Departamental de Policía. 

“Es decir que lo público -educación, salud, justicia y seguridad- estuvieron muy presentes.
Mientras tanto, el tema ha escalado en la atención pública de medios de todo el país. Algo que toma un cariz muy distinto en una población pequeña,  en la que la exposición social es radicalmente diferente a la del anonimato de una gran ciudad, por lo que la protección de la víctima, su identidad y su contención adquieren carácter de suma urgencia”, concluyó.