Una serie de más de diez robos y hurtos registrados en un lapso de apenas tres días generó alarma en el partido de Pinamar, en pleno desarrollo de la temporada de verano 2026. Los episodios se concentraron entre el jueves y el sábado y afectaron a viviendas particulares, complejos turísticos, vehículos estacionados y espacios públicos.
Los hechos se distribuyeron en Pinamar, Ostende, Valeria del Mar y Cariló, con modalidades diversas pero un patrón común: muchos de los delitos ocurrieron cuando las viviendas se encontraban sin ocupantes o en horarios nocturnos.
ROBOS CON INGRESO FORZADO A VIVIENDAS
Entre los casos más graves se registraron robos con forzamiento de accesos. En una vivienda ubicada en calle Del Espartillo al 500, una turista oriunda de Tigre denunció que delincuentes ingresaron por una ventana trasera y sustrajeron dinero, documentación, equipos electrónicos y otros objetos personales.
En Valeria del Mar, se denunciaron al menos dos robos domiciliarios con daños en cerraduras, con el faltante de electrodomésticos, dinero y tecnología. Un hecho similar ocurrió en una casa de De las Artes al 300, donde los propietarios constataron el robo de dinero en pesos y dólares, anteojos y accesorios electrónicos.
En Cariló, en tanto, se reportó un robo bajo la modalidad “rompevidrios”: delincuentes dañaron una camioneta estacionada en las inmediaciones de un balneario y se llevaron documentación y auriculares.
HURTOS SIN VIOLENCIA NI DAÑOS VISIBLES
La mayoría de los episodios denunciados correspondió a hurtos, es decir, delitos cometidos sin violencia ni roturas. Entre ellos se cuentan:
• El robo de una motocicleta durante la madrugada.
• Hurtos en viviendas mientras los ocupantes se encontraban ausentes, algunos de ellos registrados por cámaras de seguridad.
• Robos de bicicletas en Ostende y en comercios o lugares de trabajo.
• Sustracción de una rueda de auxilio de una camioneta y de una caldera exterior en propiedades cuyos dueños no se encontraban en el lugar.
• El robo de dinero, documentación y herramientas del interior de vehículos estacionados en zonas de playa, sin signos de forzamiento.
INVESTIGACIÓN EN CURSO Y PREOCUPACIÓN CRECIENTE
Las denuncias fueron radicadas en las dependencias policiales correspondientes y las fiscalías descentralizadas de Pinamar ya trabajan en la investigación de los hechos. Se analizan imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas para determinar si existe un modus operandi común o la participación de los mismos autores en varios episodios.
Hasta el momento no se informaron detenciones vinculadas a esta seguidilla de delitos, aunque las actuaciones judiciales continúan en curso.
Mientras tanto, la sucesión de robos y hurtos volvió a poner en agenda la seguridad en zonas residenciales y turísticas, en un contexto de alta ocupación y fuerte circulación de visitantes, generando inquietud tanto entre vecinos permanentes como entre quienes eligieron Pinamar y la región para pasar sus vacaciones.
29 de abril. Serán distribuidas en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) para alcanzar una integración total entre los CAPS y el Hospital “San Roque”, y avanzar en la implementación de la historia clínica digital en todo el sistema de salud local.
29 de abril. Problemas de distribución, caída de ventas y el avance de lo digital dejaron a la ciudad sin oferta de revistas impresas. Kiosqueros advierten que la situación se repite en el interior y que el papel pasó de hábito cotidiano a consumo excepcional.
29 de abril. Sus dueños tomaron la decisión ante la imposibilidad judicial de avanzar con la construcción de un hotel. Cada uno de las residencias tendrá entre 2000 y 3000 metros cuadrados. La iniciativa también contempla rediseñar el campo de juego, que quedará reducido a la mitad (9 hoyos).
29 de abril. El expediente judicial contempla que el procedimiento se lleve a cabo el próximo 4 de mayo. Mientras tanto, se busca vender a algunos de los pingüinos que siguen en el oceanario, que quebró y cerró sus puertas en abril de 2025.
28 de abril. Tras más de 600 mensajes intimidatorios en establecimientos de la Provincia, el gobierno bonaerense presentó una denuncia para investigar una presunta estructura organizada detrás de los hechos. En paralelo, Santa Fe y Córdoba endurecen medidas: impulsan demandas civiles y multas a padres de menores responsables por los altos costos de los operativos de seguridad.
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