Villa Gesell: investigan tumbas NN que podrían estar vinculadas a víctimas de los vuelos de la muerte

El juez federal de Dolores Martín Bava dispuso una medida de no innovar en el cementerio de Villa Gesell, donde se presume que podrían estar enterradas víctimas de los “vuelos de la muerte”, con los que la última dictadura cívico-militar trató de hacer desaparecer para siempre los cuerpos de quienes habían estado secuestrados en los centros clandestinos de detención. 

La decisión se tomó después de la declaración de Marcela González, una vecina de Villa Gesell, que habló de la existencia de tumbas sin identificar. “Mi mamá trabajó en la Municipalidad desde 1975. A principios de los ‘80, la mandan a hacer un relevamiento en el cementerio local porque había muchas tumbas que no estaban anotadas en el libro”, relató el pasado 2 de marzo ante el juez Bava.

“Cuando mi mamá va a hacer el relevamiento se encuentra con que había un montón de tumbas que no tenían nombre, ni registro ni nada. Habla con este señor (en referencia a Juan Carlos Dorrego, encargado del cementerio) y él le dice que son personas que han llevado de noche”, añadió.

Según su recuerdo, el encargado mencionó a un efectivo de la policía de Villa Gesell como la persona que trasladaba los cuerpos. En ese momento, Dorrego también habría dicho que en una de las tumbas se habían enterrado los restos de dos personas. González agregó que ella tuvo un careo con el policía y que él le confirmó que era quien realizaba los traslados.

Durante su testimonio, González relató que su madre habría relevado la existencia de 18 tumbas NN (de personas sin identificar) en el cementerio de Villa Gesell. Como en una de ellas habría dos personas enterradas, estimó que podría tratarse de 19 víctimas de la dictadura, según informó Página/12.

En su declaración, la mujer también señaló que se había enterado de que se estaban realizando tareas de exhumación en la “parte vieja” del cementerio de Gesell. A partir de sus dichos, los abogados querellantes Pablo Llonto y Gloria León pidieron que se preservara el lugar. La fiscalía confirmó que existía un decreto de limpieza del año pasado que disponía exhumaciones en sepulturas en tierra y nichos vencidos por falta de regularización.

En ese contexto, el juez Bava consideró “razonable, útil, pertinente, necesario y proporcional” dictar la medida de no innovar en la sección L del cementerio municipal de Villa Gesell y en toda otra sepultura que hubiera ingresado entre 1976 y 1983. El magistrado, además, requirió los libros, ordenó relevar las tumbas NN y solicitó que se informen todos los cambios realizados en el cementerio desde su creación hasta la actualidad.

El sábado pasado, González dio una conferencia de prensa en Villa Gesell junto con integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Tuyú Sur. Allí contó que su madre volvía con mucho miedo de las tareas de relevamiento y que ella respetó su decisión de no hablar del tema. Sin embargo, tras su muerte, creyó que debía hacer su aporte a la verdad. “Es una cuestión de empatía, de que alguien pueda saber dónde están sus familiares desaparecidos”, señaló.

Los vuelos de la muerte fueron uno de los mecanismos utilizados por la dictadura para desaparecer los cuerpos de sus víctimas y, con ello, la evidencia de sus crímenes. Según le confesó Adolfo Scilingo al periodista Horacio Verbitsky, las autoridades de la Armada sostenían que se trataba de una “forma cristiana” de muerte tras haber consultado con la Iglesia.

“Los denominados ‘vuelos de la muerte’, implementados como una práctica sistemática y generalizada de exterminio, han sido debidamente probados en sede judicial, sin margen de dudas, y sus sentencias han sido confirmadas por instancias superiores. En ese contexto, los intentos de negacionismo carecen de sustento frente al avance consolidado de estos procesos”, afirma, por su parte, la auxiliar fiscal Mercedes Soiza Reilly, que logró las condenas en la causa ESMA y en el expediente de Campo de Mayo.

Una investigación con antecedentes en La Costa y General Lavalle
En 2022, el juez federal de Dolores, Martín Bava, procesó por encubrimiento al ex magistrado de Dolores, Carlos Facio, al médico de la Policía bonaerense, Miguel Cabral, al Director de Rentas y Catastro de la municipalidad de General Lavalle, Juan Domingo Montenegro, y a siete policías que prestaban servicios en La Costa, y los acusó de haber hecho todo lo posible para camuflar la aparición de cadáveres en las playas del Partido de la Costa, particularmente después del hallazgo de catorce cuerpos entre el 16 y el 20 de diciembre de 1978.

En ese momento, la aparición de los cuerpos fue publicada en los diarios, lo que motivó que un grupo de Madres de Plaza de Mayo —integrado por Nora Cortiñas, Josefa “Pepa” Noia y Hebe Pavello— viajara a Dolores para pedirle al juez que les permitiera ver los restos, ya que podrían pertenecer a sus hijos desaparecidos. Las Madres nunca fueron convocadas.

La causa, que fue elevada en marzo de 2024 al Tribunal Oral de Mar del Plata, aún espera que se realice el juicio correspondiente para llegar a determinar definitivamente las responsabilidades en estos casos. La situación, además, se complica por el hecho de que falta nombrar dos jueces para completar la integración del cuerpo.

En los juicios de lesa humanidad se logró probar que algunos de los cuerpos encontrados en diciembre de 1978 en la Costa Atlántica correspondían a personas que habían estado secuestradas en el Olimpo, el centro clandestino que funcionó en el barrio porteño de Floresta.

Según un relevamiento de las investigadoras Natalia Federman y Ximena Tordini en la web vuelosdelamuerte.org, entre abril de 1976 y abril de 1979 aparecieron al menos 76 cuerpos en las costas bonaerenses y uruguayas. Hasta el momento, 43 de ellos pudieron ser identificados.

Entre los identificados se encuentran los de las Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor de De Vincenti, María Eugenia Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de Careaga, junto con los de la monja francesa Leonie Duquet y la militante Ángela Auad. Todas fueron secuestradas en diciembre de 1977 y llevadas a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Por estos hechos fueron condenados los pilotos de la Prefectura que comandaron el Skyvan PA-51, hallado en Estados Unidos por Miriam Lewin y Giancarlo Ceraudo.

En 2022, la justicia federal de San Martín también condenó a la plana mayor del Batallón de Aviación 601, responsable de los vuelos de la muerte que partían desde Campo de Mayo. Esa sentencia fue confirmada la semana pasada por la Cámara Federal de Casación Penal. “Los cuerpos hallados en las costas resultan ser los que interpelan, los que rompen el pacto de silencio, los que convierten la sospecha en certeza y el horror en evidencia incontrastable de las prácticas genocidas de los ‘vuelos de la muerte’ llevados adelante por la última dictadura”, señaló entonces el camarista Alejandro Slokar.