Discapacidad: advierten que la situación es “terminal” por el ajuste y las deudas de Incluir Salud

Pese a que la Ley de Emergencia en Discapacidad está vigente, el bucle temporal del ajuste y la precarización del sector se sigue profundizando. Uno de los problemas principales, desde hace meses, pasa por las deudas que está acumulando el programa Incluir Salud –la obra social pública de las personas con discapacidad, donde se descubrió la cueva de las coimas– con los prestadores, sobre todo del interior del país. 

“La situación es cada vez más crítica. Si antes pagaban poco, ahora directamente no pagan”, contó Pablo Molero, referente del Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad, a Página/12. Según Molero, que representa a la sociedad civil frente al Estado en este tema, hay instituciones que no cobran desde octubre del año pasado. Si se suma también al PAMI, hay más de 1.200 expedientes con deudas acumuladas en el Ministerio de Salud, un número inusualmente alto. 

“Todas las semanas cierra sus puertas alguna institución”, explicó Molero. Este martes, en ese marco, las organizaciones del colectivo convocan a marchar al Ministerio de Economía, de la mano de una movilización más amplia convocada por intendentes contra el plan motosierra del gobierno de Javier Milei.

Un fallo que amenaza con agravar la situación
Luego de largos meses de lucha de las familias y los profesionales que trabajan en el sector, la ley de Emergencia en Discapacidad entró en vigencia a principios de este año. El Gobierno la reglamentó obligado a partir de un fallo judicial. Los fondos inicialmente aparecieron, y las instituciones y sus profesionales pudieron actualizar el “nomenclador” (así se define técnicamente los valores que se cobran por los servicios de salud, educación y otros rubros) a partir del número de inflación del INDEC. 

Sin embargo, enseguida aparecieron nuevos problemas. Uno de los desacuerdos tuvo que ver con las deudas acumuladas con el sector desde 2023, que la ley también dice que se deben compensar. Los prestadores dicen estar facturando casi un 40% por debajo de lo que dicta la Emergencia. A lo que se sumaron las deudas que el propio Estado comenzó a acumular hacia adelante, a partir de la crisis del Incluir Salud.

“No hay voluntad política de aplicar la ley y sostener a nuestro sector”, aseguró Molero. En concreto, el ajuste tiene consecuencias dramáticas en Discapacidad. Esto sucede porque los profesionales que se dedican a atender a personas con discapacidad renuncian y buscan otros rumbos, por los bajos salarios y los atrasos en los pagos; las instituciones recorten servicios o los brindan con una menor calidad; se rechaza el ingreso de nuevas personas con discapacidad a los dispositivos de atención, por esa pérdida de profesionales y las instituciones abren menos días a la semana y algunas terminan cerrando definitivamente. 

Esta semana trascendió uno de los casos más graves, el de la institución Promover, del barrio porteño de Flores, que es el hogar de unos 18 chicos con distintas patologías y que brinda unos 35 puestos de trabajo. La deuda del Incluir Salud data de diciembre de 2025. “Si no entra dinero antes del fin de mes, tenemos que empezar a pensar en el cierre”, dijo su directora Marisa Agis a Página/12.

“Los centros de día y los transportistas son los que peor la están pasando”, agrega Valentina Bassi, actriz y activista del colectivo de Discapacidad. “Ellos abren todos los días, dan las cuatro comidas, pagan muchos sueldos. Y el problema es que aumentó el nomenclador respecto de la inflación de este año, pero no se actualiza el monto por lo perdido los últimos años, entonces así no hay cómo seguir, es desesperante”, agrega. “Ésa, que era una cuestión esencial de la ley, quizás la más importante, no se está cumpliendo”, remata.

Al combo se le suma que esta semana la Cámara de San Martín declaró “abstracto” el fallo que obligaba al Gobierno a aplicar la ley de Emergencia, lo que las organizaciones del colectivo consideran muy peligroso. “Abre la puerta a un retroceso y nuevos ajustes”, advierte Valentina.

“No hay que olvidarse de que este Gobierno reglamentó la ley a regañadientes, porque tenía una sentencia judicial encima, bajo apercibimiento de consecuencias. Entonces, con este fallo, podrían volver a soltarnos la mano, como ya lo hicieron. La Justicia tiene que estar encima, recontra encima del Estado para que nuestros derechos se cumplan, no al revés”, sostuvo.

Cierre para un nuevo ajuste
Al cierre intempestivo de la Andis el último día hábil del año pasado le siguió una subejecución de las partidas presupuestarias destinadas al sector. Los fondos ahora destinados a la flamante Secretaria de Discapacidad, que pasó a depender del Ministerio de Salud, retrocedieron un 31,3% en el primer trimestre 2026 respecto al mismo período 2023, según un relevamiento que realizó el Centro de Economía Política (CEPA) para Página/12.

Ese ajuste vía subejecución no es nuevo en la gestión libertaria y afecta principalmente a todas las funciones de integración social y laboral en materia de discapacidad, pero esta vez alcanza también al funcionamiento cotidiano del organismo: en la sede de la ex Andis en Nuñez tuvieron que cerrar la pileta climatizada porque no hay plata ni para arreglar las calderas.

En ese marco, además, trabajadores del organismo denunciaron que están cobrando el sueldo en cuotas. “De los 800 que somos hay 300 que no cobraron abril. Los 500 restantes vienen en conflicto desde enero, algunos no cobraron y otros se les depositó solo $ 190.000 de sueldo. También se están pagando con retraso los aportes sociales”, denunció una fuente gremial a Página/12.