Luego de que se registraran centenares de amenazas a escuelas de la provincia de Buenos Aires, los ministros de Justicia y Seguridad bonaerenses presentaron una denuncia para que se investigue a una supuesta organización detrás de los mensajes intimidatorios. Un camino similar tomaron los gobiernos de las provincias de Santa Fe y Córdoba.
Según publicó la Agencia DIB, desde la administración de Axel Kiciloff creen que las más de 600 amenazas registradas en escuelas de distintos puntos del territorio fueron organizadas por una “estructura delictiva”.
Por eso, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, y el subsecretario de Política Criminal, Lisandro Pellegrini, en articulación con el ministerio de Seguridad, a cargo de Javier Alonso, presentaron una denuncia ante la Procuración General bonaerense, en la que solicitaron la apertura de una investigación para identificar a los responsables de la organización, promoción e instigación de los mensajes.
Si bien la múltiples denuncias registradas en establecimiento educativos ya están siendo investigadas en los distintos Departamentos Judiciales, los funcionarios provinciales indicaron que su presentación apunta a “instar una pesquisa que trascienda esas expresiones y se encamine a la dilucidación de la estructura delictiva que, contando con un esquema de intervención organizado o apostando a una fragmentaria espontaneidad, dio sustento a los sucesos que vienen teniendo en vilo a las comunidades escolares de nuestra Provincia”.
Por su parte, el gobierno de Santa Fe comenzó a notificar y ejecutar demandas civiles contra los familiares de los niños o adolescentes responsables de realizar falsas amenazas en escuelas, una medida que busca el resarcimiento económico por los altos costos operativos de los despliegues de seguridad y emergencias. Ya hay 15 expedientes iniciados para instituciones educativas de Rosario, de la capital provincial y de otras localidades que se suman a la demanda millonaria difundida ayer dirigida a los padres de un alumno santafesino involucrado en un hecho de este tipo.
De la misma manera, el gobierno de Córdoba oficializó el cobro de los operativos que se realicen por las amenazas escolares. Los padres o tutores de quienes las hagan tendrán que pagar multas determinadas por las autoridades provinciales que podrían superar los cuatrocientos millones de pesos.
11 de septiembre. Hoy se llevó a cabo la segunda y última jornada destinada a la declaración de testigos y peritos ante el Tribunal en lo Criminal Nº 1. El 21 de septiembre se escucharán los alegatos de la Fiscalía y la Defensa. Cuándo se conocerá el fallo.
11 de septiembre. Se llevará a cabo este sábado 12 de septiembre en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó, con disertantes de La Costa, Villa Gesell, Mar Chiquita, General Lavalle, General Guido, General Madariaga y Dolores.
11 de septiembre. Cerca de la medianoche del jueves la pequeña ingresó inconsciente y sin signos vitales al Centro de Atención Primaria de la Salud acompañada por su madre. Por el momento no hay imputados ni detenidos.
11 de septiembre. La nueva prestación permite abordar casos como extracciones de muelas de juicio retenidas, frenectomías, biopsias, traumatismos y otras cirugías que requieren atención especializada.
11 de septiembre. El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h entre la tarde del viernes y la madrugada de mañana. El ingreso de una masa de aire frío consolidará un ambiente invernal con probabilidad de lluvias aisladas hacia el sábado.
10 de septiembre. La propuesta se desarrollará el viernes 11 y sábado 12 y contempla beneficios en alfajores y chocolates artesanales, cerámica de autor, cervezas artesanales, licores y destilados y pastas frescas y tapas.
10 de septiembre. En el primer día del proceso judicial que busca establecer su responsabilidad en los asesinatos de su padre, su hermano y su madrastra, declararon familiares de las víctimas del ex agente dolorense de La Policía Bonaerense.
10 de septiembre. Los disturbios fueron protagonizados por integrantes de una familia, reconocida por su actividad delictiva, según medios locales, a raíz de una supuesta demora en el traslado de una persona que estaba internada.