07 AUG 2026 - 09:11 |
Política
Parlamentarias
Ley de inviolabilidad de la propiedad privada: qué fue lo que aprobó el Senado y que artículos fueron rechazados
Luego de casi 12 horas de sesión, el proyecto de ley fue aprobada en general con 37 votos a favor y 33 en contra. Durante su tratamiento se eliminaron los capítulos referidos a la compra de tierras por parte de extranjeros y a los cambios vinculados a la Ley de Manejo del Fuego.
La iniciativa aprobada por el Senado será girada ahora a la Cámara de Diputados para su tratamiento.
Con una mayoría debilitada, el gobierno nacional logró convertir en ley el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aunque debió volver a modificar el texto para reunir los apoyos necesarios. Después de haber eliminado el capítulo referido a la extranjerización de las tierras rurales, el oficialismo también tuvo que resignar la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, que no logró el respaldo de varios de los habituales aliados de La Libertad Avanza.
La iniciativa fue aprobada en general por 37 votos contra 33, con el apoyo de los 21 senadores de La Libertad Avanza, nueve de la UCR, tres del PRO y legisladores de bloques provinciales de Misiones, Chubut, Neuquén y Provincias Unidas. En contra se pronunciaron el interbloque justicialista, Convicción Federal y otros representantes provinciales.
El proyecto finalmente mantuvo las reformas destinadas a agilizar los procesos de desalojo por ocupaciones ilegales y a endurecer las condiciones para las expropiaciones, dos de los principales objetivos impulsados por Javier Milei en materia de protección del derecho de propiedad privada.
Sin embargo, el oficialismo sufrió un revés con la modificación de la Ley de Manejo del Fuego. La propuesta pretendía flexibilizar las restricciones que hoy impiden cambiar el uso de los terrenos afectados por incendios durante 60 años en el caso de bosques nativos y humedales y por 30 años para las tierras agropecuarias.
El gobierno argumentaba que el régimen vigente, aprobado en 2020, castigaba a los propietarios de inmuebles incendiados al impedirles desarrollar nuevos proyectos sobre esas tierras. No obstante, la iniciativa fue rechazada por un grupo de senadores dialoguistas que consideró inconveniente modificar esa normativa, según informó la Agencia DIB.
Entre quienes votaron en contra de ese capítulo estuvieron los radicales Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, la chubutense Edith Terenzi, Flavia Royón, Alejandra Vigo, los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, la tucumana Beatriz Oliva y los representantes misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.
En cambio, el capítulo referido a los desalojos prosperó con 36 votos afirmativos, ya que Terenzi optó por abstenerse. La nueva legislación establece que los desalojos por ocupaciones ilegales tramiten por la vía sumarísima, reemplazando el procedimiento ordinario vigente, con el objetivo de reducir significativamente los tiempos judiciales.
Durante el debate, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto (LLA), aseguró que se procura brindar mayor seguridad jurídica, dotar a la Justicia de herramientas con las que actualmente no cuenta y evitar así que quienes sufren ocupaciones ilegales deban atravesar largos procesos judiciales para recuperar sus inmuebles.
El senador oficialista afirmó que el proyecto expresa "la voluntad de desburocratizar, simplificar y hacer los trámites más veloces; que quien sea dueño de un bien no sea castigado por ello; que la propiedad privada, consagrada en nuestra Constitución, no sea vulnerada; y que el Estado entienda que su intervención debe estar orientada a tutelar y defender ese derecho, y no a intervenir ni avasallarlo".
Por el contrario, el jefe del bloque Justicialista, José Mayans, lanzó una de las críticas más duras contra el proyecto. Lo calificó como "un asco" y sostuvo que las modificaciones a la Ley de Expropiaciones resultan "inconstitucionales de cabo a rabo". Además, afirmó que la iniciativa busca impedir que el Estado pueda recuperar bienes estratégicos que eventualmente sean privatizados.
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