Lunes 18 de enero de 2021
21/10/2020 - 10:12 | Noticias | Sociedad
Judiciales

Caso D’Alessio: el juez federal de Dolores ordenó retener el pasaporte al fiscal Carlos Stornelli

El procesamiento alcanza también al periodista Daniel Santoro y a los otros miembros de la presunta red de espionaje ilegal conocida a partir de la detención del falso abogado.

El juez Alejo Ramos Padilla le impuso a Carlos Stornelli una caución real por 10 millones de pesos que deberá cumplimentar en el juzgado en los próximos tres días.

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, amplió el procesamiento del fiscal Carlos Stornelli, ordenó retenerle el pasaporte y le fijó una caución de 10 millones de pesos. De esta manera, la causa queda a un paso de ser elevada a juicio.

 La acusación alcanza también al periodista Daniel Santoro en el marco de la llamada causa D’Alessio que investiga la red de espionaje ilegal sobre funcionarios, políticos, empresarios y hasta a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan. El fallo de Ramos Padilla, que se conoció hoy, tiene 1.125 páginas e incluye en el procesamiento a Pablo Pinamonti, alto funcionario de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno anterior.

Para el magistrado “aquí se encuentra involucrada la actividad de una organización paraestatal con fuertes vínculos con los tres poderes del Estado e incidencia en las instituciones democráticas mediante mecanismos de espionaje ilegal y pseudo mafiosos”.  Y detalla más de 60 operaciones de inteligencia.

“La cantidad y el alcance de los planes delictivos que llevó adelante esta asociación ilícita paraestatal, sus vínculos con la Agencia Federal de Inteligencia, miembros del Poder Judicial y/o del Ministerio Público Fiscal de la Nación y provinciales, con miembros de las fuerzas de seguridad e incluso con los medios de prensa, las características del armamento hallado, la acción de la organización en varias jurisdicciones del país y en el exterior, la posible participación o vinculación con agentes o ex agentes de alto rango de las fuerzas de seguridad, el consecuente apoyo, ayuda o dirección de funcionarios públicos al accionar ilícito de la organización investigada, entre otras circunstancias que se constataron en el desarrollo de los planes ilícitos descriptos, permite concluir que el accionar de esta organización puso en riesgo principios básicos e instituciones de orden constitucional de nuestro sistema democrático”, agregó el juez.